LA HABANA – La reciente exclusión de Cuba de una de las listas que elabora Estados Unidos en relación con el terrorismo, tributa a una ligera distensión de las relaciones marcadas por divergencias, aunque con espacios para diálogos mutuamente beneficiosos.
El 15 de mayo, la administración del presidente Joe Biden sacó a esta isla del listado de países que, a juicio de Washington, “no cooperan plenamente” con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
La certificación enviada al Congreso por el secretario de Estado, Antony Blinken, se refirió a un cambio en las circunstancias para mantener tal clasificación, vigente desde mayo de 2020, durante el gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021).
Washington justificó entonces su decisión en la negativa de Cuba a acceder a la solicitud de extradición de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, quienes se encontraban en La Habana para los Diálogos de Paz.
El gobierno cubano argumentó que, como país garante y sede de estos diálogos, estaba comprometido a garantizar el regreso seguro de la Delegación del ELN, según lo establecido en el Protocolo y con apego al derecho internacional.
En agosto de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de arresto dispuestas durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) contra 17 integrantes del ELN, incluidos aquellos que había solicitado a Cuba extraditar.
Al respecto, el ejecutivo de Petro valoró “el apoyo y los ingentes esfuerzos de Cuba por contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia”.
Funcionarios estadounidenses destacaron además que Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial, incluso en la lucha contra el terrorismo.
A fines de abril de 2023, ambos gobiernos mantuvieron un intercambio técnico en La Habana sobre cooperación para enfrentar al terrorismo. Trataron acerca del secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas, así como del empleo de redes digitales con fines violentos.
Persisten sanciones
No obstante, el gobierno de La Habana deploró que el departamento de Estado mantenga la designación de Cuba como estado “patrocinador” del terrorismo, una de las últimas decisiones del gobierno de Trump, casi al término de su mandato, en enero de 2021.
“Se trata de una lista absolutamente unilateral e infundada, cuyo único fin es calumniar y servir de pretexto para la adopción de medidas económicas coercitivas contra Estados soberanos, como las que despiadadamente se aplican contra Cuba”, subrayó una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores el propio día 15.
El departamento de Estado aclaró que la designación de estados patrocinadores del terrorismo, “está totalmente separada” del proceso de certificación de países que no cooperan lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
Añadió que cualquier revisión del estatus de Cuba en esa lista “se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”.
Tal designación incluye restricciones a la ayuda exterior estadounidense, prohibición de las exportaciones y ventas de defensa, restricciones financieras y de otro tipo, así como una amplia gama de sanciones que penalizan a personas y bancos que realicen determinados intercambios comerciales con los incluidos en la lista.
Asimismo, crea obstáculos adicionales para la entrega de asistencia humanitaria en momentos cuando la isla padece una grave crisis económica, marcada por la escasez de alimentos, productos básicos y suministros médicos.
Al respecto, el gobierno cubano explica que la permanencia en la lista de patrocinadores del terrorismo acrecienta los problemas financieros y bancarios derivados del propio embargo estadounidense, vigente desde 1962, y aumenta el riesgo-país para operaciones comerciales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que “no basta con reconocer que Cuba coopera plenamente con Estados Unidos. Lo hace también con la comunidad internacional en su conjunto”, mientras subrayó que el presidente de Estados Unidos “cuenta con todas las prerrogativas para actuar con honestidad y hacer lo correcto”.
El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel reconoce que la administración Biden ha adoptado decisiones “positivas, pero de alcance muy limitado” en materia de visados, migración regular, vuelos y remesas, a la vez que mantiene las medidas de “máxima presión” dispuestas por Trump.
A juicio de analistas son poco probables cambios sustanciales de la política hacia Cuba previo a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, cuando volverán a contender Biden y Trump.
El embargo se mantiene como principal punto de fricción del contencioso entre los dos países. Aunque es potestad del bicameral Congreso estadounidense su levantamiento, la parte cubana ha señalado que el poder Ejecutivo dispone de amplias facultades para su debilitamiento.
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La Habana insiste en que el entramado de sanciones constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos y que las carencias que provoca buscan inducir un estallido social y un cambio del sistema político de orientación socialista.
En una reciente entrevista, el presidente Díaz-Canel se mostró dispuesto a dialogar con la administración Biden “en igualdad de condiciones, sin imposiciones y sin condicionamientos”.
Diálogos y proyectos de cooperación
Pese al diferendo, funcionarios cubanos han significado el “avance” en los ámbitos migratorio y aplicación de la ley, salud, ciencia y tecnología.
En abril, durante la más reciente reunión sobre los acuerdos migratorios, efectuada en Washington, funcionarios cubanos destacaron que la cooperación de la isla “ha sido seria y efectiva”, a fin de favorecer “una migración regular, segura y ordenada”.
La parte cubana destacó que durante 2023 y lo que va de 2024, el gobierno estadounidense ha otorgado más de 20 000 visas a migrantes de la isla, ha devuelto a la mayoría de los interceptados en el mar y se reanudaron los vuelos de devolución de migrantes irregulares.
En medio del deterioro de la situación económica, el fortalecimiento del embargo desde 2019, así como demoras y errores en la implementación de políticas internas, se calcula que marcharon más de medio millón de cubanas y cubanos solo a Estados Unidos desde finales de 2022.
Cuba ha reiterado la preocupación por las que considera medidas de estímulo a la migración ilegal, y además del reforzamiento de las sanciones menciona “el trato preferencial que aún reciben los cubanos que entran de manera ilegal en el territorio estadounidense y la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano”.
En el ámbito económico empresarios, agricultores y funcionarios estadounidenses de diferentes estados, así como campesinos, cooperativistas y representantes de pequeñas empresas privadas de la isla participaron del 13 al 15 de mayo, en La Habana, en la V Conferencia Agrícola entre Cuba y Estados Unidos, centrada en la búsqueda de oportunidades de negocios.
Una banderita cubana y otra estadounidense decoran el puesto de la empresa Maracuba Cargo SRL durante la II Feria Internacional de Transporte y Logística en el recinto expositivo Pabexpo, en La Habana. Pese al diferendo entre ambos países, funcionarios cubanos han significado el “avance” en temas como acuerdos migratorios y aplicación de la ley, salud, ciencia y tecnología. Imagen: Jorge Luis Baños / IPSAmbas partes coincidieron en que las sanciones de Washington resultan un obstáculo fundamental para expandir el comercio agrícola entre los dos países, un asunto de primer orden para la nación caribeña urgida de importar la mayor parte de los alimentos que consume.
El activismo del sector agrícola resultó decisivo para que el Congreso estadounidense aprobara en 2000 la Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones.
La legislación introdujo exenciones que permiten a Cuba comprar a su vecino del Norte, separados por apenas 90 millas náuticas, productos agrícolas, fundamentalmente carne de pollo, trigo y soja, pero el pago debe hacerse en efectivo, por adelantado y sin financiamiento de Estados Unidos.
El 17 de mayo trascendió que el Heberprot-P, uno de los medicamentos estrella de la industria biotecnológica cubana, fue aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos para comenzar la fase tres de estudios clínicos.
Lee Weingart, presidente de la compañía biotecnológica Discovery Therapeutics Caribe (DTC), con sede en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio, declaró a la agencia cubana Prensa Latina que en el estudio participarán 180 pacientes en unos 25 centros estadounidenses y que el medicamento podría estar en el mercado aprobado por la FDA a mediados de 2028.
Weingart puntualizó que 38,4 millones de estadounidenses padecen diabetes, de los cuales “1,6 millones cada año desarrollarán una úlcera de pie diabético”.
El Heberprot-P es un fármaco único de su tipo en el mundo, que reduce en más de 70 % el índice de amputaciones en pacientes con úlceras del pie diabético en estados avanzados, un significativo aporte a la calidad de vida, muestran estudios clínicos.
Como parte de exoneraciones al embargo, ambas naciones desarrollan proyectos conjuntos de investigación médica.
Desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular (CIM), en La Habana, la vacuna terapéutica CIMAvax-EGF para el tratamiento del cáncer de pulmón es utilizada en ensayos clínicos en Estados Unidos, a partir de la colaboración entre científicos de la isla y del Instituto del Cáncer Roswell Park, en Buffalo, Nueva York.
En enero de 2023, las autoridades del país norteño renovaron hasta noviembre de 2027 la licencia de colaboración entre ambos centros, mientras se mantiene activa la empresa biotecnológica cubana-estadounidense Innovative Immunotherapy Alliance, fundada en septiembre de 2018, con sede en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 45 kilómetros al oeste de La Habana.
