LONDRES – Los récords de calor siguen cayendo: 2023 fue el año más caluroso de la historia. Los fenómenos meteorológicos extremos se multiplican. Y, sin embargo, las voces que con más fuerza reclaman medidas para evitar la catástrofe climática son cada vez más silenciadas.
Es triste constatar que los defensores del clima en el Sur global -en muchos países de África, Asia y América Latina- se enfrentan desde hace tiempo a la represión. Por resistirse a los proyectos extractivos que dañan el clima y a la destrucción del medio ambiente, han sido encarcelados y han sufrido actos de violencia que han llegado hasta el asesinato.
En comparación, los activistas climáticos de los países del Norte global -incluidos Europa y Norteamérica- gozaron durante mucho tiempo de una relativa libertad, que utilizaron para protestar contra sus gobiernos y las empresas con sede en sus países, que son las principales responsables del calentamiento global.
Pero ya no tienen la plena libertad para hacerlo. Como muestra el último Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la alianza mundial de la sociedad civil Civicus, varios gobiernos del Norte están dificultando cada vez más la participación de la gente en las protestas contra el cambio climático.
Para ello, recurren a leyes antiprotesta, redadas, detenciones, penas de cárcel y violencia para intentar acallar las voces que reclaman medidas urgentes.
Cuando se trata del clima, el retraso es igual a negación, porque si no se actúa rápido, puede ser demasiado tarde. Esto significa que la represión de los activistas que exigen una acción inmediata debe considerarse una forma de negación del clima.
Los ejemplos se acumulan. En Alemania, el año pasado, las autoridades utilizaron leyes destinadas a combatir la delincuencia organizada para allanar los domicilios de jóvenes activistas del movimiento climático Última Generación, confiscar sus ordenadores portátiles y congelar sus cuentas bancarias.
La policía alemana también empleó la violencia contra activistas que intentaban bloquear la ampliación de una mina de carbón. La imposición de restricciones al activismo climático es una de las principales razones por las que Civicus Monitor rebajó recientemente la calificación del espacio cívico alemán.
También en Italia, el gobierno ha acusado a los defensores del clima de conspiración criminal, utilizada históricamente contra la mafia, y ha introducido una ley para criminalizar la acción no violenta en lugares clave.
Las autoridades neerlandesas han respondido con detenciones masivas a las protestas en las calles que exigían el cumplimiento de su promesa de poner fin a las subsidios a los combustibles fósiles, que ascienden a unos 39 900 millones de dólares al año.
Miles de personas han sido detenidas y la policía ha utilizado cañones de agua contra los manifestantes.
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El gobierno británico ha aprobado un paquete de leyes que penalizan las protestas ruidosas y perturbadoras, claramente dirigidas contra la acción directa no violenta utilizada por los defensores del clima.
En enero, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los defensores del medio ambiente, Michel Forst, condenó estas nuevas leyes.
Numerosos activistas climáticos han sido encarcelados por acciones de protesta pacíficas que hasta hace poco nunca habrían recibido una pena de prisión.
Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido proyecta conceder más de 100 nuevas licencias de petróleo y gas.
En tanto, varios estados australianos también han aprobado leyes antiprotesta que se han utilizado para encarcelar a activistas climáticos.
Cabe esperar que los Estados del Norte global, aparentemente deseosos de cumplir las órdenes de los gigantes de los combustibles fósiles, intensifiquen esta represión a medida que se haga cada vez más evidente la brecha entre las medidas necesarias y la falta de esfuerzos.
Silencian a la sociedad civil porque los activistas sacan a la luz la hipocresía que se esconde tras el maquillaje ecológico. A medida que los populistas y nacionalistas de derechas que se oponen a la acción climática -y a menudo difunden desinformación sobre el clima- ganan influencia en todo el Norte global, los activistas climáticos pueden esperar una ola de vilipendio aún mayor.
Los efectos de la represión son personales. Aumentan los costes y los peligros del activismo en un intento de disuadir a la gente de implicarse y minar las energías colectivas. Sin embargo, los activistas están dando muestras de resistencia.
En Alemania, los fondos congelados se sustituyeron rápidamente por donaciones colectivas. En los Países Bajos, los intentos de reprimir los cortes de carretera motivaron a más personas a acudir a las protestas.
Pero el coste de oportunidad es elevado. La energía que debería invertirse en soluciones climáticas creativas se gasta en eludir las restricciones.
A largo plazo, existe el peligro de que se produzca un desgaste que merme las filas de los activistas climáticos. Y sin la sociedad civil, ¿quién presionará para que la crisis climática siga ocupando un lugar destacado en la agenda política?
La sociedad civil ha demostrado que puede marcar la diferencia. Aunque la última cumbre mundial sobre el clima, la 28 Conferencia de las Partes (COP28) sobre cambio climático de la ONU, dejó muchos motivos de descontento.
El hecho de que en la COP28, celebrada en diciembre en Dubái, por primera vez los Estados reconocieran la necesidad de abandonar el uso de combustibles fósiles fue el resultado directo de décadas de defensa de la sociedad civil.
Cada vez son más las instituciones que se comprometen a desinvertir en combustibles fósiles gracias a la presión de las campañas: 72 % de las universidades británicas ya lo han hecho, porque así lo exigieron los activistas estudiantiles.
Y el creciente campo de los litigios climáticos sigue dando sus frutos. Un grupo de mujeres suizas acaba de ganar una sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que su gobierno ha violado sus derechos humanos al no hacer lo suficiente para hacer frente al cambio climático, un veredicto que sienta un fuerte precedente.
El año pasado, los tribunales de Bélgica y Alemania insistieron en la adopción de medidas más contundentes para reducir las emisiones a raíz de las demandas presentadas por activistas. Seguro que seguirán más.
La sociedad civil se esforzará por seguir trabajando en todos los frentes posibles, a través de la protesta, la defensa y el litigio, porque la magnitud de la crisis climática exige un espectro completo de respuestas.
Los Estados deben dejar de intentar contener la marea y ponerse en el lado correcto de la historia. Deben respetar el derecho de todos a protestar y poner fin a la negación que practican mediante la represión.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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