MÉXICO – Luego de correr en horario vespertino en el campus universitario de la noroccidental ciudad mexicana de Mexicali, Alberto Mexia pasó a sufrir inflamación de nariz y sangrado. ¿La causa? Los elementos contaminantes presentes en el aire de la urbe, de 1,2 millones de habitantes y a unos 2200 kilómetros al norte de Ciudad de México.
“Me daban alergias. Puse purificadores de aire en casa y tomo medicamento contra la alergia. Ahora corro en la mañana”, relató a IPS la crisis de salud que comenzó a sufrir en 2017 desde esa ciudad, en el estado de Baja California.
Por sus achaques, este ingeniero de computación fundó la no gubernamental Red Colaborativa de Monitoreo Ambiental (Redspira) en 2018 y empezó a analizar la calidad del aire. Sus hallazgos no son muy halagüeños: monitoreo e información incompletas, normas inadecuadas y contaminación.
“Tenemos una normatividad e interés de los gobiernos entre no existente y difusa. Son pocos los gobiernos estaduales y municipales que trabajan por monitorear y aplicar políticas eficaces para controlar fuentes de emisión”, señaló.
La ley mexicana estipula que las ciudades mayores de 500 000 habitantes deben monitorear ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre (SO2) y nitroso (NO2), así como material particulado (PM2.5 y PM10).
Mexicali y Tijuana, fronterizas con Estados Unidos, son las únicas que miden esos contaminantes en Baja California, pero solo divulgan el nivel de PM, lo que dificulta el seguimiento. La primera solo opera sensores en la parte central de la ciudad, pero la mayoría de la polución brota en la periferia, la sede de las fábricas.
País sucio
El caso de Mexicali no es exclusivo en México, un país de más de 129 millones de habitantes en que se acelera la urbanización y en el que el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire tiene instaladas 176 estaciones de seguimiento en 97 municipios.
A pesar de los avances registrados en este siglo, la contaminación del aire aún desafía a las autoridades y deja costos económicos, sociales, ambientales, sanitarios y laborales.
El gubernamental Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) cataloga la contaminación atmosférica como el principal factor de riesgo ambiental para la salud en México. La Organización Mundial de la Salud (OMS) achaca el deceso de unas 44 000 personas por cada 100 000 personas en esta nación latinoamericana.
En Ciudad de México, la urbe con el mayor progreso en la materia y habitada por más de ocho millones de personas, la población respira aire de aceptable a malo la mayor parte del año, extensible a otras localidades que conforman su área metropolitana y con la que alcanza los 23 millones de habitantes.
En 2024, entre el 1 de enero al 15 d abril, la metrópoli solo registra 24 días limpios, definidos a partir del límite de concentración de material contaminante. En 2023, esa estadística se situó en 97 durante todo el año, menor que los 123 de 2022.
En la llamada Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por la capital azteca, 59 municipios del estado de México y uno de Hidalgo (contiguos ambos a la megalópolis), la principal fuente de polución es el transporte, que aporta micropartículas, NO2 y compuestos orgánicos volátiles, por la quema de combustibles. Le sigue la industria. Pero la capital mexicana contribuye con un tercio de la contaminación.
Especial atención merece la planta termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, propiedad de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y situada en el municipio de Tula, en Hidalgo, a unos 85 kilómetros al noroeste de Ciudad de México.
El problema de esa central estriba en su consumo de combustóleo, un residuo muy sucio de la refinación de petróleo, generado por la también estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y que, al no tener mercado internacional, las generadoras queman en el país, para aportar electricidad y no desaprovechar recursos, aunque sus efectos en la población no sean tomados en cuenta dentro de la ecuación.
La instalación exhala SO2, que deriva en partículas que pueden desatar asma y empeorar males cardíacos y pulmonares, según la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Además, la gubernamental Comisión de la Megalópolis, órgano de coordinación ambiental entre seis estados del centro del país, ya ha declarado este año cuatro contingencias ambientales por altos niveles de ozono, derivado de una reacción química entre NO2, compuestos volátiles orgánicos y la radiación solar. En 2023, esa emisión sumó tres y seis en el año previo.
Esas declaratorias estipulan restricciones a la circulación del transporte privado para reducir los contaminantes, pero no otras acciones.
Infografía: INSP
Revoltijo legal
Al respecto, Stefan Brodziak, coordinador de la campaña de Seguridad Vehicular de la no gubernamental El Poder del Consumidor, subrayó el estancamiento de las políticas de aire limpio desde la década pasada, a su juicio por falta de voluntad política para asumir el costo de más mejoras.
“Hicimos lo que era más lógico y viable, quitar plomo a gasolinas, incorporar catalizadores modernos en autos, pero estamos en un punto que los pasos siguientes son más exigentes y costosos” que el gobierno no quiere asumir, dijo a IPS.
A pesar de la contaminación persistente, las normas relacionadas con la calidad del aire están desactualizadas.
La regla sobre límites máximos de contaminantes para vehículos pesados cobrará vigencia en enero próximo, cuando debió hacerlo en ese mismo mes de 2022. Su cumplimiento está atado a que Pemex produzca diésel ultrabajo en azufre en todo el país.
Mientras, la norma para vehículos ligeros, vigente desde 2005, está en proceso de actualización.
Otras incumplen los estándares de la OMS, como la regulación sobre la concentración límite de SO2, y mucho más débil que la regla internacional.
Los lineamientos para la obtención y difusión del índice de calidad del aire y riesgos a la salud representan otro caso de disposiciones debilitadas por el gobierno mexicano, para no perjudicar a las seis refinerías de Pemex y las centrales eléctricas de CFE, fuertes generadoras de contaminación.
Las medidas sobre polución del aire también exhiben otros descalabros. Desde 2020, el gubernamental Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático no publica el Informe Nacional de Calidad de Aire.
Existe la Estrategia Nacional de Aire 2017-2030, cuyos ejes son la gestión integral de la calidad del aire, instituciones eficientes y orientadas a resultados, empresas comprometidas, políticas basadas en ciencia y una sociedad involucrada. Pero su cumplimiento es escaso.
De ese instrumento, que busca el mejoramiento de la calidad del aire para prevenir problemas de salud en la población y conservar los ecosistemas, no se ha cumplido con la elaboración de un programa especial de calidad de aire, la creación de un mecanismo de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la estrategia y de participación ciudadana en esos esquemas.
Sacando la máscara
El INSP estima que la aplicación del estándar de la OMS para partículas PM10 salvaría más de 15 000 vidas anuales.
Por ello, los especialistas entrevistados por IPS plantean la revisión de las leyes que incluya un régimen de sanciones por incumplimiento.
El ingeniero Mexia propuso “contar con un esquema más real sobre los gobiernos no cumplan con las normas. Pero la realidad es que no se redondean consecuencias económicas del no cumplimiento. No hay sanciones por incumplimiento. Y uno no decide si respira o no. La participación ciudadana es fundamental”.
Por su parte, Brodziak consideró desafiantes la reestructuración del transporte, para reducir el uso del auto, y la descentralización de economías locales, para satisfacer necesidades laborales, de ocio y económicas, en circuitos cortos.
“Hay mucho trabajo qué hacer en refinación (de combustibles), ordenamiento urbano, transiciones tecnológicas. No ha habido fuerza en gobiernos locales para empujar esas medidas. Es necesario también que la gente vea los beneficios de las alternativas”, consignó.
ED: EG
