MAE SOT, Tailandia – La familia Maung está reconstruyendo sus vidas en una tierra extranjera. Un letrero recién pintado con un juego de palabras con el vocablo Revolución declara que su pequeño restaurante está abierto y el desayuno incluye fideos de arroz mohinga con sopa de pescado, un plato tradicional de Myanmar,
Hace tres años, esta familia de cuatro miembros prosperaba en la ciudad de Mandalay, en el centro de Myanmar, pero de repente todo cambió. Los militares recuperaron el poder tras el derrocamiento del gobierno recién elegido y miles de personas salieron a las calles a protestar, incluidos los Maung. Se produjo una brutal represión en todo el país, el padre fue arrestado y sus dos restaurantes confiscados.
Desde el golpe de febrero de 2021, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que unos 2,4 millones de personas más han sido desplazadas por el conflicto en todo Myanmar, mientras que el ejército ha quemado o destruido 78 000 propiedades civiles, incluidos hogares, hospitales, escuelas y lugares de culto.
La familia Maung siente que hizo bien en abandonar Myanmar cuando pudo y tuvo la suerte de sobrevivir al peligroso viaje camino al este, hacia la frontera con Tailandia.
Después de pasar un año en un campo fronterizo para desplazados internos, gestionado por el ala militar de la Unión Nacional Karen (KNU) en el este del estado birmano de Kayin, la familia logró cruzar a la ciudad fronteriza tailandesa de Mae Sot para empezar de nuevo, incluso si sobreviven en una zona de gris legalidad junto a decenas de miles de otras en parecida situación.
Nuevas oleadas de refugiados están siguiendo sus pasos desde Birmania, el antiguo nombre de Myanmar, una denominación impuesta por los militares en los años 90.
«Tenemos 750 000 desplazados internos en nuestro territorio», dijo un alto funcionario de la KNU, que ha estado librando la guerra civil más larga del mundo contra sucesivos regímenes de Myanmar desde 1949. La KNU es una organización política con un brazo armado: el Ejército de Liberación Nacional Karen.
«Hace un año, había entre 500 000 y 600 000. Las cifras están aumentando porque el ejército ataca deliberadamente a civiles», dijo a IPS en Mae Sot este alto representante de la KNU que pidió no ser identificado.
En este contexto y con el deseo de prevenir una afluencia, el nuevo gobierno de coalición de Tailandia anunció el mes pasado su intención de abrir un corredor humanitario hacia Myanmar para canalizar la ayuda a los desplazados internos y mantenerlos bien alejados de la frontera.
El ejército de Tailandia, verdadero árbitro del poder en estas regiones fronterizas y que ejerce dominio sobre dos partidos de la coalición, está atormentado por el espectro de ejemplos pasados y presentes de caos a través de conflictos de sus vecinos.
En la década de los años 80, Tailandia acogió a regañadientes en sus fronteras orientales a varios cientos de miles de refugiados camboyanos, incluidos restos del régimen genocida de los Jemeres Rojos.
Ahora le toca mirar hacia el oeste y ve a Bangladesh luchando por contener en campos de refugiados a alrededor de un millón de refugiados rohinyás expulsados de Myanmar, en lo que el relator especial de la ONU sobre derechos humanos llamó una campaña genocida por parte del ejército de myanma.
Pero más allá del aspecto humanitario, lo que ha causado enojo dentro de los diversos grupos que luchan contra el ejército de Myanmar, así como entre los activistas de derechos humanos, es la propia admisión de Tailandia de que su propuesta de corredor humanitario tiene como objetivo atraer al Consejo de Administración Estatal (SAC, en inglés) del régimen myanma a un diálogo.
Eso conduciría a un acuerdo negociado con las diversas fuerzas de resistencia de Myanmar para pacificar el país.
Ni la KNU ni el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, en inglés) paralelo y en el exilio creado por los legisladores derrocados en 2021 en Myanmar fueron consultados por Tailandia, que recibió luz verde de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), claramente orientada a la estabilidad en el área y no a la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Según la iniciativa de Tailandia, la ayuda sería entregada inicialmente a 20 000 desplazados internos por la Cruz Roja Tailandesa y la Cruz Roja de Myanmar (cuyos administradores superiores son exoficiales militares) y supervisada por el Centro Coordinador de Asistencia Humanitaria para la Gestión de Desastres de la Asean. En est Asociación la la junta militar de Myanmar es miembro oficial.
«La ayuda se utiliza en todo el mundo como punto de acceso político» para el régimen militar myanma, comentó el funcionario de la KNU. «Esta no es una cuestión puramente humanitaria. Quieren sacar al SAC de su aislamiento. Esto es muy problemático para nosotros», dictaminó.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Un alto funcionario del NUG en el exilio se mostró igualmente preocupado por las intenciones políticas detrás de la propuesta. «Es una medida desesperada de la Asean que busca una apariencia de paz negociada y diálogo», dijo a IPS en esta ciudad fronteriza tailandesa.
El funcionario del gobierno paralelo dudaba que pudiera despegar en su forma actual sin el apoyo de las fuerzas Karen que controlan grandes áreas del estado birmano de Kayin, ni sin el respaldo total de Estados Unidos.
Estados Unidos valora sus vínculos estratégicos de larga data con Tailandia y su ejército, y el ministro de Asuntos Exteriores tailandés, Parnpree Bahiddha-Nukara, regresó de una visita a Washington en febrero y aseguró que había conseguido el apoyo total de Estados Unidos a la iniciativa, aunque la declaración pública de Estados Unidos pareció más cautelosa.
Los activistas de derechos humanos y los trabajadores humanitarios en la frontera entre Tailandia y Myanmar siguen siendo muy escépticos ante la iniciativa y la denuncian como un uso militar de la ayuda.
Tailandia, señalan, nunca ha reconocido oficialmente el estatus de refugiados de casi 100 000 personas que viven en nueve campos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), instalados a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar desde los años 90.
«No se trata de proporcionar ayuda humanitaria al pueblo de Myanmar. Se trata de dar un nuevo salvavidas a la junta para que vuelva a comprometerse con la Asean y con todos los demás», comentó Paul Greening, ex alto funcionario de la ONU, que ahora opera como consultor independiente en Mae Sot.
«Los países vecinos en el área y otros actores internacionales, incluidos Estados Unidos y China, no quieren que caiga la junta. No quieren que la junta gane pero tampoco quieren que caiga. Por eso todos quieren un acuerdo negociado», afirmó.
Igor Blazevic, asesor principal del Centro de la Sociedad Civil de Praga que anteriormente trabajó en Myanmar, dijo que se estaba ofreciendo «una zanahoria» al régimen de Myanmar en un momento en que está gravemente debilitado y sacudido después de perder grandes áreas de territorio ante las fuerzas de resistencia.
Un objetivo político detrás de la iniciativa humanitaria es la intención de tratar a los usurpadores del poder genocidas uniformados como el factor clave inevitable e ineludible de la estabilidad de Myanmar y, con una combinación de presión suave e incentivos humanitarios, tratar de obligar a todos los demás a rendirse, de manera suave, escribió en un comentario sobre la situación myanma.
Mientras la ONU advierte que casi dos millones de personas en Myanmar se espera que caigan en la categoría más alta de necesidades (catastróficas) este año, la resistencia es consciente de que se verá sometida a una intensa presión internacional para no rechazar la iniciativa tailandesa.
Sin embargo, los acontecimientos recientes indican que Tailandia podría reconsiderar su propuesta.
Ha abierto canales con la KNU y el NUG para discutir su participación en la facilitación de la entrega de ayuda a través de organizaciones de la sociedad civil de Myanmar independientes del régimen.
Se dice que la Cruz Roja de Myanmar no está muy dispuesta a participar directamente, sabiendo que está demasiado cerca del régimen para poder entregar ayuda de manera segura a quienes han sufrido atrocidades en sus manos.
Para la familia Maung y su pequeño restaurante en Mae Sot, un sueño sería regresar en paz a Mandalay, su ciudad en Myanmar. Pero tienen pocas esperanzas de que se produzca ese resultado, y tampoco quieren realmente permanecer en Tailandia, junto con más de dos millones de trabajadores de Myanmar, clasificados como inmigrantes, no como refugiados.
Por el momento, la vida gira en torno a navegar por el complejo y a menudo corrupto sistema de Tailandia para conseguir documentos que les den cierto grado de legitimidad y les permitan ir más allá de Mae Sot y la provincia circundante de Tak. Un posible salvavidas es una rama étnica china de su familia con miembros en Taiwán.
«Taiwán podría ser nuestro futuro, dice la mayor de dos hijas, que todavía sueña con ir a la universidad. Puedo aprender chino», dice el jefe de la familia Maung, en un inglés excelente.
T: MF / ED: EG
