WASHINGTON – Nuevos estudios de organismos internacionales muestran que los venezolanos u otros migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe cubren lagunas en los mercados laborales locales en los países de destino e impulsan la demanda de bienes y servicios, a pesar de que a menudo se encuentran en situaciones muy vulnerables.
Los movimientos de población “pueden beneficiar a comunidades y países de acogida si se aplican las políticas adecuadas”, destacó la economista Carolina Mejía Mantilla, autora principal del estudio “Venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú: una oportunidad para el desarrollo”.
Ese estudio del Banco Mundial y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) asentó que “el éxodo venezolano parece haber tenido un efecto positivo en el crecimiento económico de la región, gracias a la oferta adicional de mano de obra y al impulso de la demanda”.
Los venezolanos constituyen el mayor movimiento migratorio observado en la región, pues de los 7 723 000 que han dejado su país, 6 539 000 están en naciones de América Latina y el Caribe, según R4V, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, de las Naciones Unidas.
El estudio presenta un perfil socioeconómico detallado de las personas venezolanas en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y utiliza datos de las encuestas nacionales de hogares con el fin de comparar los perfiles de los venezolanos con los locales de cada país de acogida, para contribuir al debate público.
Según el informe, en esos países los venezolanos tienen un mayor nivel educativo y, con la excepción de Colombia, tienen más probabilidades de encontrar empleo que la población local.
En promedio, los venezolanos tienen estudios secundarios completos (al menos 12 años de educación), es decir, dos años más, en promedio, que la población local. La proporción de venezolanos con estudios superiores es de 65 % en Chile y se acerca a 50 % en Ecuador.
El documento también detalla que existe demanda por mano de obra venezolana en los mercados laborales locales: en Ecuador, Perú y Chile más de 80 % están empleados, y en Colombia cerca de 63 %.
Sin embargo, a menudo desempeñan trabajos de menor calificación que los que tenían en Venezuela, y los autores estiman que se debe a que sus títulos académicos no son reconocidos en los países receptores.
“La contribución de los venezolanos a la economía podría ser mayor si se pudiera aprovechar por completo las competencias y calificaciones en los países de destino”, señala el informe.
El segundo informe, “Integración socioeconómica de las poblaciones desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe”, analiza a ese sector de la población en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.
El estudio, realizado por Acnur, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), sostiene que los jóvenes desplazados por la fuerza tienen más dificultades que sus homólogos nacidos en el país para seguir estudiando y encontrar trabajo
Los niños desplazados asisten menos a la escuela y la abandonan con más frecuencia que los nacionales, lo que repercute en la integración generacional, y las tasas de empleo de las mujeres son inferiores a las de los hombres, tanto nativos como desplazados, según ese estudio.
Ambos documentos ponen de relieve cómo la xenofobia y la discriminación pueden repercutir negativamente en la inclusión socioeconómica de refugiados y migrantes, y mermar su capacidad de participar en las comunidades de acogida.
El primer informe reveló que la mayoría de los venezolanos deseaban permanecer en su país de acogida. Sin embargo, su participación en la comunidad se limitaba principalmente a la actividad religiosa, a pesar de compartir idioma y lazos culturales.
En los cuatro países de acogida, entre 26 y 40 % de los venezolanos denunciaron casos de discriminación, especialmente las mujeres y los jóvenes.
Se recomienda a las autoridades crear políticas que promuevan la cohesión social, eviten la exclusión y minimicen los efectos adversos sobre las poblaciones locales.
Los documentos indican que se debe facilitar el acceso de las personas refugiadas y migrantes al mercado laboral formal y a servicios básicos -como educación y salud- para que puedan contribuir de manera más significativa a los países de acogida.
“Para que estos beneficios se materialicen, son esenciales políticas específicas que promuevan la inclusión económica de las personas en situación de movilidad humana en los mercados laborales, que les proporcionen acceso a los servicios básicos y que fomenten su inclusión social”, indicó Mejía Mantilla.
Acnur ha expuesto que cada vez más personas -22,1 millones a mediados de 2023- se están desplazando en América debido a que persisten situaciones de violencia, inseguridad, desigualdad y violaciones de los derechos humanos.
A-E/HM
