LONDRES – Las elecciones del 8 de febrero en Pakistán han resultado en un compromiso incómodo que pocos querían o esperaban. Hay pocos indicios de que el resultado vaya a revertir la reciente regresión de las libertades cívicas en el país.
El ejército manda
En Pakistán podían votar unos 128 millones de personas, pero es el ejército, el sexto más grande del mundo, el que siempre ha tenido la sartén por el mango. En las últimas décadas, ha preferido ejercer su poder con una fuerte influencia sobre el gobierno civil en lugar de un gobierno militar directo.
Los primeros ministros se han aliado con los militares para hacerse con el poder y se han visto obligados a abandonarlo cuando han surgido desacuerdos. Ningún primer ministro ha cumplido un mandato completo.
En abril de 2022, el primer ministro Imran Khan fue destituido mediante una moción de censura parlamentaria. Pero todo el mundo sabía que era la voluntad de los militares. Khan, que se había arrimado a los generales para llegar al poder en 2018, se había enemistado con ellos públicamente y a gritos sobre la política económica y exterior. Tenía que irse.
La caída en desgracia de Khan fue rápida. Sobrevivió a un intento de asesinato en noviembre de 2022. En diciembre de 2023, se le prohibió presentarse a las elecciones. Justo antes de la votación fue declarado culpable en tres juicios distintos, siendo la condena más larga de 14 años. Bushara Bibi, la esposa de Khan, también fue encarcelada.
El ejército recurrió a un antiguo enemigo, Nawaz Sharif, tres veces ex primer ministro. Tras caer en desgracia por última vez en 2017, fue obligado a abandonar el cargo y declarado culpable de corrupción. Sin embargo, para estas elecciones evidentemente había arreglado las cosas lo suficiente como para convertirse en el candidato antiKhan favorito del ejército.
Un catálogo de restricciones
Pero los votantes no aceptaron la elección del ejército. Los candidatos que se presentaban como independientes pero afiliados al partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Movimiento por la Justicia de Pakistán), el de Khan, obtuvieron el mayor número de escaños, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.
La Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), el de Sharif, quedó en segundo lugar, y el Partido Popular de Pakistán (PPP), su socio en la coalición de conveniencia de 2022 que sustituyó a Khan, en tercero.
Fue un resultado sorprendente, dados los obstáculos puestos en el camino del PTI. El gobierno aplazó las elecciones de noviembre a febrero para, según dijo, poder celebrar un censo. Se sospechaba que la medida era para dar más tiempo a perseguir a Khan e incitar a los políticos de su partido a cambiar sus lealtades.
En efecto, a algunos representantes del PTI se les prohibió presentarse y otros sufrieron acoso y violencia para que se distanciaran de Khan.
El golpe más duro fue la prohibición a los candidatos del PTI de utilizar el símbolo del bate de críquet de Khan en las papeletas electorales. Los símbolos son cruciales para movilizar el apoyo del partido, ya que más de 40 % de la población no sabe leer. Los candidatos del PTI se vieron obligados a presentarse como independientes.
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Nunca hubo perspectivas de igualdad de espacio para hacer campaña. El año pasado, el regulador de los medios de comunicación prohibió de facto mencionar el nombre de Khan en televisión.
En agosto de 2023, ordenó a los canales de televisión que no concedieran tiempo de emisión a once personas, entre ellas Khan y periodistas considerados simpatizantes suyos.
A medida que se acercaban las elecciones, los militares interferían a diario en los medios de comunicación, indicándoles qué noticias debían publicar.
Dadas estas limitaciones, y la casi imposibilidad de celebrar mítines presenciales, el PTI aprovechó las oportunidades en línea. Khan mantuvo una presencia virtual a través de vídeos generados por inteligencia artificial. WhatsApp se utilizó para informar a los seguidores del PTI de a qué candidatos independientes votar.
Pero aquí también hubo limitaciones. Cuando el PTI organizó un mitin en línea en diciembre, las autoridades bloquearon el acceso a las principales plataformas de redes sociales y ralentizaron internet.
El día de las elecciones, impusieron un cierre total de Internet y de los datos móviles por primera vez en la historia electoral de Pakistán.
Las autoridades alegaron que lo habían hecho por motivos de seguridad -el grupo terrorista Estado Islámico perpetró dos atentados mortales el día anterior-, pero ello dificultó enormemente la supervisión independiente de la votación y el recuento. Tras conocerse los resultados, se impusieron nuevas restricciones a X (Twitter).
Esta presión sobre el PTI y sus simpatizantes se sumó a la continua represión de las libertades cívicas por parte de los sucesivos gobiernos.
Las autoridades paquistaníes han seguido criminalizando, amenazando y acosando a activistas de derechos humanos, restringiendo las libertades en internet, intimidando a periodistas, censurando medios de comunicación y reprimiendo violentamente protestas pacíficas, especialmente de activistas por los derechos de las mujeres y de personas de las etnias baluchi y pastún.
Incertidumbre ante el futuro
A pesar de la gran desigualdad de condiciones, los resultados muestran que muchos aprovecharon la oportunidad que ofrecían las elecciones para comunicar su descontento con la influencia militar, una clase política dominada por dos familias y las pésimas condiciones económicas. Una población joven ha encontrado algo atractivo en la ardiente retórica populista de Khan.
Pero lo que ha resultado es algo que probablemente pocos votantes querían. La PML-N y el PPP anunciaron rápidamente la reanudación de su coalición. Shehbaz Sharif, de la PML-N y hermano de Nawaz Sharif, volverá a ser primer ministro. Parece una coalición unida por poco más que la determinación de mantener al PTI fuera del poder, lo que sugiere que el resultado será un gobierno débil y díscolo.
Cabe esperar una fuerte oposición. Los partidarios del PTI no lo aceptan de buen grado. El partido afirma que las votaciones amañadas le han negado más escaños. Miles de personas han protestado y se han presentado numerosas demandas judiciales.
Sus reclamaciones se vieron reforzadas cuando un funcionario de Rawalpindi declaró que había participado en el fraude electoral. Un político de un partido menor también anunció que renunciaba a su escaño porque la votación había sido amañada para excluir al candidato respaldado por el PTI.
Khan no es un héroe democrático. Cuando estaba en el poder y gozaba del favor de los militares, utilizaba las mismas herramientas de represión que ahora se le aplican a él y a su partido. Las condiciones del espacio cívico empeoraron con Khan y desde entonces no ha habido tregua.
El mayor problema es un sistema en el que los militares llevan la voz cantante, establecen los parámetros que deben respetar los gobiernos elegidos y trabajan activamente para reprimir la disidencia. Con muchos votantes jóvenes enfadados y deseosos de cambio, los problemas sólo pueden acumularse de cara al futuro.
Es vital que se abra el espacio cívico para que la gente tenga medios pacíficos de expresar su disidencia, buscar el cambio y pedir cuentas al poder.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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