EREVÁN – El 29 de julio de 2023, Vagif Khachatryan, un jubilado de 68 años madrugó para viajar desde Nagorno Karabaj -un autoproclamado y no reconocido país en el sur del Cáucaso- hasta Armenia. Necesitaba someterse a una delicada cirugía de corazón.
A pesar de la apremiante urgencia médica, no fue una decisión fácil. La única carretera que conectaba entonces Nagorno Karabaj con el resto del mundo llevaba cortada siete meses por el ejército de Azerbaiyán. Khachatryan viajaba en un vehículo de la Cruz Roja Internacional, pero sabía que podía enfrentarse a problemas.
Fue detenido aquel día por guardias de frontera azeríes. Cuatro meses más tarde, un tribunal militar en Bakú, la capital azerbaiyana, lo condenó a 15 años de prisión por crímenes supuestamente cometidos durante una guerra que se libró hace más de 30 años.
Vagif Khachatryan es una víctima más de un conflicto que hunde sus raíces en la Unión Soviética. Tras su colapso en 1991, los armenios eran la mayoría en Nagorno Karabaj, pero este se encontraba enclavado en territorio reconocido de la recién nacida República de Azerbaiyán.
Para entonces, se libraba una guerra que ganaron los armenios y que provocó el desplazamiento forzoso de cientos de miles de azeríes. En septiembre de 2020, Bakú lanzó una ofensiva y se hizo con dos terceras partes del territorio bajo control armenio.
Pero aún quedaban más de 100 000 armenios en el territorio.
En diciembre de 2022, Azerbaiyán cerró la única carretera que comunicaba a Nagorno Karabaj con Armenia y el resto del mundo, privando a sus habitantes de los suministros más básicos: desde alimentos hasta medicinas. Fue la falta de asistencia médica la que empujó a aquel jubilado armenio hacia su destino siete meses más tarde.
«Azerbaiyán utiliza la cuestión de los prisioneros como herramienta política para presionar a Armenia»: Siranush Sahakyan.
Con Khachatryan ya en la cárcel, el bloqueo sobre Nagorno Karabaj se levantó en septiembre de 2023, tras un nuevo ataque azerí. La carretera se abrió para que los armenios que quedaban en el enclave huyeran en masa a Armenia. Se calcula que 120 000 armenios, prácticamente el el total de los que vivían en el territorio ahora bajo control azerbaiyano abandonaron el territorio.
Altos organismos como el Parlamento Europeo acusaron entonces a Azerbaiyán de cometer una “limpieza étnica” contra los habitantes de Nagorno Karabaj. Hoy, los karabajíes intentan rehacer sus vidas empezando de cero en Armenia, los Khachatryan entre ellos.
«Mi padre tiene una enfermedad cardíaca y esto me da la esperanza de que no será torturado bajo custodia azerbaiyana», dijo Vera Khachatryan a IPS por teléfono desde Jermuk, una ciudad a 170 kilómetros al sureste de Ereván, la capital armenia.
La detención de su padre, dice, también ha afectado la salud de su madre. “Sufre de nuevos problemas físicos y psicológicos que se añaden a los derivados del desplazamiento forzoso», explicó la desplazada.
Tras la debacle provocada por la ofensiva final azerbaiyana, las autoridades karabajíes anunciaron en el mismo septiembre la disolución oficial del territorio autónomo el 1 de enero de 2024.
Secretismo
El 13 de diciembre de 2023 se produjo un intercambio de prisioneros: Azerbaiyán liberó a 32 militares armenios a cambio de los últimos dos militares azeríes bajo custodia de Ereván. Parte del acuerdo fue el apoyo de Armenia a Azerbaiyán para albergar la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas en Bakú a fines de este año.
Ambas partes lo describieron como «una señal de buena voluntad».
«Azerbaiyán utiliza la cuestión de los prisioneros como herramienta política para presionar a Armenia o para obtener algo a cambio”, dijo a IPS por teléfono Siranush Sahakyan, representante de los intereses de los prisioneros armenios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Cada repatriación al margen del intercambio de prisioneros nunca se han producido por una amnistía ni ningún otro proceso legal”, subrayó Sahakyan.
Armenia asegura que aún quedan más de 100 prisioneros de guerra y civiles en Azerbaiyán, entre ellos tres expresidentes de Nagorno Karabaj, el presidente de su parlamento y miembros del gabinete. Bakú dice que el total de presos armenios bajo su custodia son solo 23.
La otra incógnita es el estado en el que se encuentran. Ya en su informe de marzo de 2021 la organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció que los prisioneros de guerra armenios sufrieron abusos bajo custodia azerbaiyana y pidió a Bakú que liberara “a todos los prisioneros de guerra y civiles restantes”.
Ante la inacción de Bakú, El gobierno de Ereván apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
«Azerbaiyán está obligado a presentar un informe sobre los altos funcionarios detenidos arbitrariamente al TEDH antes de finales de enero de 2024», recordó a IPS por teléfono Hasmik Samvelyan, portavoz de la Representación de Armenia para Asuntos Jurídicos Internacionales.
A día de hoy, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es el único organismo independiente que tiene acceso a los prisioneros armenios en Azerbaiyán.
Zara Amatuni, responsable de comunicación del CICR en Armenia, aseguró a IPS por teléfono que han visitado a todos los cautivos detenidos en Bakú y examinado las condiciones en las que se encuentran.
Asimismo, varios de entre los familiares de los prisioneros confirmaron a IPS que tienen la oportunidad de hablar con ellos. El CICR media para facilitar la comunicación por teléfono cada 30 a 40 días. El organismo evita dar más detalles apelando a la importancia de la confidencialidad.
«Presentamos nuestras observaciones únicamente a las autoridades competentes», recordó Amatuni.
Prisioneros repatriados se han negado a hablar con la prensa sobre las condiciones de su detención, y esa es también la política del gobierno armenio. Muchos lo interpretan como una manera de evitar una reacción de Bakú que empeore la situación de los prisioneros.
Esperando justicia
Durante un foro internacional sobre el futuro de Nagorno Karabaj celebrado en diciembre en Bakú, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, declaró que los prisioneros en su poder “están esperando a que la justicia azerí se pronuncie».
La reciente ola de represión contra los medios de comunicación y toda voz crítica contra el gobierno no invita a la esperanza. En diciembre, Amnistía Internacional denunció la detención de al menos seis periodistas independientes azerís en tan solo un mes bajo cargos “fabricados”.
En el último informe anual sobre la libertad en el mundo que publica la organización Freedom House, Azerbaiyán aparece entre los 57 países calificados como “no libres” de los 159 estudiados. El organismo con sede en Washington denuncia numerosos arrestos y detenciones arbitrarias, y describe el poder judicial de Azerbaiyán como «corrupto y subordinado al ejecutivo».
Otro de los que esperan a que la justicia azerí se pronuncia es Vicken Euljeckjian. Este libanés que también tiene nacionalidad armenia fue capturado junto con Maral Najarian —otro armenio libanés— por soldados azerbaiyanos mientras conducía de Ereván a Nagorno Karabaj el 10 de noviembre de 2020.
Era justo el día después del anuncio del alto el fuego mediado por Rusia.
Cuatro meses después, Beirut logró la liberación de Najarian, pero Euljeckjian fue condenado a 20 años de prisión. Su nombre apareció en la lista de los prisioneros que serían intercambiados en diciembre de 2023. Lo impidió una sorpresa de última hora.
“Después de tres años de separación, de dolor y desesperación, nos emocionamos muchísimo al oír que sería liberado. De repente, su nombre fue sustituido por el de otro prisionero tres horas antes del intercambio”, recordó a IPS por teléfono desde Beirut la esposa de Vicken, Linda Euljeckjian.
Con la esperanza de agilizar el proceso, ella y su hija desplazaron a Ereván para reunirse con oficiales armenios. Ante la impotencia de estos, la familia también apeló a altos funcionarios libaneses.
«Tras la presión de los medios de prensa libaneses, Beirut parece estar interesado en discutir la cuestión de la repatriación de mi marido con funcionarios azerbaiyanos», aseguró Euljeckjian.
Mientras espera la liberación de su marido, la cuestión de los prisioneros de guerra y civiles armenios en Azerbaiyán sigue siendo una de las cuentas pendientes en este conflicto heredado del siglo XX.
ED: EG
