LONDRES – Bangladesh acaba de celebrar elecciones. Pero estuvo lejos de ser un ejercicio de democracia.
Sheikh Hasina ganó su cuarto mandato consecutivo, y quinto en total, como primera ministra en las elecciones generales celebradas el 7 de enero. El resultado nunca estuvo en duda, ya que el principal partido de la oposición, el Partido Nacional de Bangladesh (BNP), boicoteó la votación por la negativa de la gobernante Liga Awami a permitir que un gobierno provisional supervisara las elecciones.
Esta práctica, abolida por el gobierno de la Liga Awami en 2011, era, según el BNP, la única forma de garantizar una votación libre y justa.
El boicot del BNP no fue el único problema. Una flagrante campaña de intimidación preelectoral sometió a críticos del gobierno, activistas y manifestantes a amenazas, violencia y detenciones.
A instancias del gobierno, se aceleraron las causas judiciales contra miembros de la oposición para que estuvieran encerrados antes de las elecciones, lo que dio lugar a más de 800 condenas entre septiembre y diciembre de 2023. Se ha denunciado el uso de torturas y malos tratos contra activistas de la oposición para forzar confesiones. Ha habido informes de muertes bajo custodia policial.
La policía prohibió las protestas, y el 28 de octubre, cuando se celebró una manifestación masiva de la oposición, la policía utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Tras la protesta, miles de simpatizantes de la oposición fueron detenidos por cargos falsos.
Además de la violencia del Batallón de Acción Rápida (RAB, en inglés), unidad de élite famosa por su fuerza excesiva y letal, y de otros elementos de las fuerzas policiales, los partidarios de la oposición sufrieron ataques por parte de seguidores de la Liga Awami. También se ha difamado, atacado y acosado a periodistas, incluso cuando cubrían las protestas.
Como resultado directo de la represión preelectoral del partido gobernante, en diciembre de 2023 la calificación del espacio cívico de Bangladesh fue rebajada a cerrada por el Monitor Civicus, el proyecto de investigación colaborativa que realiza un seguimiento de la salud del espacio cívico en todos los países.
Esto sitúa a Bangladesh entre los peores infractores de los derechos humanos del mundo, incluidos China, Irán y Rusia.
En noviembre de 2023, los expertos en derechos humanos de la ONU se hicieron eco de las preocupaciones de la sociedad civil y expresaron su alarma por la violencia política, los arrestos, las detenciones masivas, el acoso judicial, el uso excesivo de la fuerza y las restricciones de internet.
Ataque total
Tal es la gravedad del cierre del espacio cívico de Bangladesh que muchas de las voces disidentes más firmes proceden ahora del exilio. Pero ni siquiera hablar desde fuera de Bangladesh garantiza la seguridad. Para presionar a los activistas exiliados, las autoridades acosan a sus familias.
Los activistas no están seguros ni siquiera en la ONU. En noviembre, un debate de la sociedad civil en las alas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue interrumpido por partidarios del gobierno, y Adilur Rahman Khan, dirigente de la organización bangladesí de derechos humanos Odhikar, fue objeto de agresiones verbales.
Khan se encuentra actualmente en libertad bajo fianza mientras apela una condena de dos años de cárcel impuesta a él y a otro dirigente de Odhikar en represalia por su trabajo de documentación de ejecuciones extrajudiciales. Tras la sesión de Ginebra, Khan fue vilipendiado aún más en sitios de noticias en línea y acusado de presentar información falsa.
Otros están siendo objeto de ataques. Hasina y su gobierno han hecho mucho hincapié en su trayectoria económica, que ha convertido a Bangladesh en uno de los mayores productores de ropa del mundo. Pero ese éxito se basa en gran medida en los bajos salarios.
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Como muchos otros países, Bangladesh sufre actualmente una elevada inflación, y los recientes esfuerzos de los trabajadores de la confección por mejorar su situación se han topado con la represión.
Los trabajadores protestaron en octubre y noviembre de 2023 después de que un panel nombrado por el gobierno elevara el salario mínimo de los trabajadores del sector de la confección a un nivel muy inferior al que habían exigido.
Hasta 25 000 personas participaron en las protestas, que obligaron a cerrar al menos 100 fábricas. Se enfrentaron a la violencia policial. Al menos dos personas murieron y muchas más resultaron heridas.
Parece que nadie está a salvo. Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz y fundador del Banco Grameen, que ha permitido a millones de personas acceder a microcréditos para mejorar sus vidas, fue condenado recientemente por delitos contra el derecho laboral en un juicio que sus partidarios denunciaron como motivado políticamente.
Yunus ha sido durante mucho tiempo blanco de críticas y amenazas por parte del partido gobernante.
Democracia solo de nombre
La calidad de las elecciones en Bangladesh ha disminuido drásticamente desde que la Liga Awami volvió al poder en las últimas elecciones razonablemente libres y justas en 2008.
Desde entonces, todas las elecciones se han caracterizado por graves irregularidades y medidas represivas previas a la votación, ya que los gobernantes han hecho todo lo posible por aferrarse al poder.
Pero esta vez, aunque la victoria de la Liga Awami ha sido tan abultada como siempre, la participación ha bajado.
Fue casi la mitad que en 2018, solo 41,8 %, e incluso esa cifra puede estar inflada. La falta de participación reflejó una comprensión generalizada de que la victoria de la Liga Awami era una conclusión inevitable: muchos partidarios de la Liga Awami no sentían la necesidad de votar, y muchos partidarios de la oposición no tenían a nadie a quien votar.
La gente sabía que muchos candidatos supuestamente independientes eran en realidad partidarios de la Liga Awami que se presentaban como pseudo-oposición para ofrecer cierta apariencia de competencia electoral.
El partido que quedó en segundo lugar también está aliado con el partido gobernante. Toda la credibilidad y legitimidad electorales están ahora al límite.
Como era de esperar, el gobierno no ha recibido presiones de aliados clave como China e India para que se atenga a las normas democráticas, aunque el gobierno de Estados Unidos, que antaño le apoyaba, ha cambiado de postura en los últimos años, imponiendo sanciones a algunos dirigentes del RAB y amenazando con retener los visados a los bangladeshíes que se considere que han socavado el proceso electoral.
Si la situación económica se deteriora aún más, es seguro que el descontento aumentará y, con otros espacios bloqueados, seguramente seguirán las protestas y su violenta represión. Los socios internacionales deben instar al gobierno de Bangladesh a encontrar la forma de evitarlo.
Más violencia e intensificación del autoritarismo no pueden ser el camino a seguir. Por el contrario, hay que instar a Bangladesh a que inicie el camino de vuelta a la democracia.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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