KUALA LUMPUR – Con la subida de las tasas de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos, la economía mundial se ralentiza a medida que la angustia de la deuda se extiende por el Sur global, aumentando la pobreza en todo el mundo a niveles anteriores a la pandemia de covid-19 y siendo los países más pobres los que salen peor parados.
La pobreza extrema sigue siendo elevada y ahora es peor que antes de la pandemia en los países de renta baja (PRB) y entre los afectados por la vulnerabilidad, la violencia y los conflictos. La promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de erradicar la pobreza en todo el mundo para 2030 se ha vuelto ya inalcanzable.
Las reuniones anuales de las instituciones de Bretton Woods (IBW), celebradas en octubre en Marrakech, fueron las segundas celebradas en África. Sin embargo, las IBW, dominadas por las naciones ricas, volvieron a fracasar a la hora de hacer frente a los retos de nuestro tiempo, haciendo que África y el Sur global retrocedieran aún más.
En lugar de promover la cooperación para abordar las causas y los efectos de la catástrofe contemporánea, ni los gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial pudieron ponerse de acuerdo sobre comunicados conjuntos debido a la mayor politización de estos organismos multilaterales.
El endeudamiento inmoviliza a los gobiernos
El endeudamiento y las normas restrictivas de los acreedores impiden a los gobiernos gastar más como fórmula anticíclica para superar las numerosas tendencias contractivas de los últimos tiempos, además de impedirles abordar las crisis sociales y medioambientales que se avecinan.
Las mayores economías industriales y emergentes del Grupo de los Veinte (G20) han instado a reforzar la coordinación multilateral de los acreedores oficiales, bilaterales y privados para hacer frente al deterioro de la situación de la deuda y facilitar un tratamiento coordinado de la deuda de los países en dificultades.
Pero su Marco Común para la reestructuración de la deuda ha sido criticado con dureza por la sociedad civil, los grupos de reflexión e incluso el Banco Mundial por muchos motivos, entre ellos el mísero alivio crediticio en condiciones favorables ofrecido a algunos de los países más pobres.
En cambio, los miembros del Grupo de Países en Desarrollo, el G24 y que opera dentro de las instituciones de Bretton Woods, ha insistido en la necesidad de adoptar medidas duraderas de resolución de la deuda, colaborando al mismo tiempo en la resolución de los problemas estructurales que conducen a tales vulnerabilidades.
Pero todos los que abogan por supuestas soluciones ni siquiera intentan garantizar el espacio fiscal y la capacidad de gasto público para los esfuerzos anticíclicos, eso sin hablar de lograr los ODS colectivos y los objetivos nacionales de los países en desarrollo.
Recargos
El FMI impone actualmente cargos adicionales a los países que no liquidan rápidamente sus deudas con la institución. Además de las comisiones e intereses habituales, los países deudores pagaron más de 4000 millones de dólares en recargos de este tipo en el periodo 2020-2022, durante la pandemia.
Los recargos costarán a los países endeudados unos 7900 millones de dólares en seis años. El G24 ha subrayado que los recargos son procíclicos y regresivos, especialmente con el endurecimiento monetario.
Los gobiernos han emprendido políticas contractivas y recortado las importaciones por falta de divisas. Esto agrava los problemas de los países pobres muy endeudados, que no pueden sino contar con el Fondo en busca de alivio y soluciones.
En Marrakech, el Comité Monetario y Financiero Internacional decidió estudiar una revisión de las políticas de recargos. El G24 pidió la suspensión de los recargos mientras se lleva a cabo la revisión, que esperamos conduzca a una reducción sustancial permanente o a su completa eliminación.
Las naciones ricas están divididas en torno a los recargos.
Tras las críticas de la sociedad civil, la negativa de la administración de Joe Biden a revisar los recargos en 2022 fue duramente criticada por el legislativo Congreso estadounidense.
Aumento de la austeridad
Las medidas de austeridad fiscal del FMI de los años 80 volvieron con fuerza tras la crisis financiera mundial iniciada en 2008, y de nuevo durante la pandemia de covid a partir de 2020. La mayoría de los préstamos del Fondo exigen recortar la masa salarial del sector público (PSWB, en inglés), la partida presupuestaria destinada a pagar a los empleados.
La mayoría de los asalariados de muchos países de renta baja, incluidos enfermeros, profesores y otros trabajadores de servicios sociales, trabajan para el Estado, directa o indirectamente. Aunque son muy necesarios, estos empleados son los más propensos a sufrir los recortes presupuestarios.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Los recortes del PSWB pueden implicar la congelación de la contratación o de los salarios, o la limitación o incluso el recorte de los mismos. Estos recortes socavan inevitablemente las capacidades y los servicios de los gobiernos.
La consolidación fiscal también ha implicado aumentar los impuestos indirectos, sobre el consumo, y las exenciones fiscales, por ejemplo, para bienes esenciales como los alimentos.
En 38 países con más de 1000 millones de habitantes, las condicionalidades de los préstamos durante 2020-2022, el trienio de la pandemia, supusieron reformas fiscales regresivas y recortes del gasto público. Los recortes del gasto público y de las subvenciones a los combustibles o la electricidad son también exigencias habituales que agravan las contracciones económicas.
Austeridad abocada al fracaso
Pero las propias investigaciones del FMI sugieren que tales políticas de austeridad son generalmente ineficaces para reducir la deuda, su objetivo ostensible.
El informe Perspectivas de la economía mundial del FMI de abril de 2023 reconocía que los programas de austeridad y las consolidaciones fiscales no reducen los ratios de deuda, por término medio. Sin embargo, su Monitor Fiscal sigue exigiendo un endurecimiento fiscal a la mayoría de los países en desarrollo.
El nuevo marco de sostenibilidad de la deuda del FMI y el Banco Mundial fija el límite de la ratio deuda externa/producto interno bruto (PIB) de los países de renta baja en 30 % o 40 %. Insiste en que las economías endeudadas deben tener ratios más bajos que los países fuertes, penalizando aún más a los débiles y vulnerables.
En lugar de permitir marcos macroeconómicos anticíclicos, el actual enfoque a corto plazo del FMI se centra principalmente en los balances anuales o, peor aún, trimestrales, imitando las prácticas de los informes corporativos.
Este cortoplacismo limita aún todavía más el espacio fiscal, impidiendo o desalentando las inversiones del sector público que requieren marcos macroeconómicos a más largo plazo para obtener beneficios. Esto desalienta las inversiones pacientes a medio y largo plazo necesarias para la planificación y la transformación económica nacional, esenciales para el desarrollo sostenible.
Los objetivos fiscales y de deuda restrictivos han reducido aún más la inversión pública. Esto suele exigirse a los países prestatarios como condición para la concesión de créditos. Las consultas anuales del Artículo IV del FMI hacen que otros países también acepten restricciones similares para evitar la desaprobación del Fondo.
Mientras unas pocas economías en mejor situación disfrutan del pleno empleo, la mayoría de los países se enfrentan a una mayor contracción económica, sobre todo debido a las subidas de los tipos de interés encabezadas por la Reserva Federal estadounidense y sus múltiples efectos.
En lugar de ser parte del problema, el FMI debería ser parte de la solución.
T: MF / ED: EG
