SANTIAGO – Al menos 4050 mujeres murieron víctimas de feminicidio el año pasado en la región, informó el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este sábado 25.
“No nos cansaremos de repetirlo: es inaceptable que más de 4000 mujeres y niñas sean asesinadas cada año en nuestros países por razones de género”, afirmó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, al presentar el reporte del Observatorio.
La violencia feminicida “se mantiene en la región, a pesar de la mayor conciencia pública al respecto, de los avances legislativos, de la respuesta estatal y de los progresos en medición”, indica el informe.
En 2021 se constató la muerte violenta por razones de género de 4473 mujeres, y el año precedente de 4091, es decir, en la región cada dos horas una mujer es asesinada.
De los 19 países y territorios de América Latina que informaron el número de feminicidios en 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras (6,0 por cada 100 000 mujeres), República Dominicana (2,9) y El Salvador y Uruguay (1,6).
Las más bajas (es decir, menos de una víctima por cada 100 000 mujeres) correspondieron a Puerto Rico y Perú (0,9), Colombia (0,8), Costa Rica (0,7), Nicaragua (0,5), Chile (0,4) y Cuba (0,3).
En el Caribe, 46 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género en siete países y territorios que entregaron información correspondiente a 2022. El mayor número de casos se dio en Trinidad y Tobago (43).
Más de 70 % de las víctimas de feminicidio en 2022 tenían entre 15 y 44 años, de acuerdo con la información entregada por ocho países de América Latina. Cuatro por ciento tenían menos de 15 años y ocho por ciento 60 años y más.
En siete países al menos 400 niñas, niños, adolescentes y otras personas dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa de feminicidio en 2022. Y solo ocho países han generado medidas de reparación concretas para apoyar a personas dependientes de víctimas de feminicidio.
El informe de la Cepal reitera que el feminicidio, también llamado femicidio en algunas leyes nacionales, es solo la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Por ejemplo, de acuerdo con encuestas nacionales especializadas de 10 países de la región, entre 42 % y 79 % de las mujeres (alrededor de dos de cada tres) han sido víctimas de violencia por razón de género en distintos ámbitos.
Además, en promedio, una de cada tres mujeres ha sido víctima o vive violencia física y/o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ese cálculo corresponde a 88 millones de mujeres mayores de 15 años en América Latina y el Caribe.
A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, son una práctica nociva y una manifestación de violencia de género persistente y extendida en la región, que afecta a una de cada cinco niñas.
Salazar-Xirinachs expuso que “la violencia feminicida se puede prevenir con respuestas estatales integrales y contundentes. Se necesitan con urgencia transformaciones profundas para garantizar que las mujeres y las niñas de nuestra región puedan vivir vidas libres de violencia”.
El documento de la Cepal recordó que en el Compromiso de Buenos Aires, de 2022 –adoptado en la 15 Conferencia Regional sobre la Mujer, un foro de las Naciones Unidas- se abordó el tema de la violencia contra la mujer, en el camino de avanzar hacia la sociedad del cuidado.
Allí los países de la región acordaron “impulsar la adopción e implementación de leyes, políticas, planes de acción integrales y multisectoriales, y programas educativos de sensibilización” ante todas las formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Finalmente, la Cepal instó a los gobiernos a mejorar los sistemas de registro e información; a aumentar los recursos presupuestarios para responder a las víctimas y sobrevivientes; y a invertir en prevención, acceso a servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, y en oportunidades educativas, económicas y laborales.
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