LA HABANA – Novedoso en cuanto a la inclusión de derechos, el proyecto de Ley de Salud Pública en Cuba tiene entre sus principales desafíos la prestación de servicios de calidad en medio de la escasez de medicamentos e insumos, disminución del personal sanitario y envejecimiento demográfico.
Aprobada por el Consejo de Ministros, la proyectada norma hecha pública a inicios de noviembre ratifica el acceso universal y gratuito a los servicios de salud en este país caribeño de 11 millones de habitantes y gobierno de orientación socialista.
El proyecto será sometido en diciembre a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento cubano. De aprobarse, entrará en vigor a los 90 días y derogará la actual legislación que data de 1983.
En la propuesta norma sobresale “el enfoque ético y bioético que transversaliza la letra y el espíritu de la ley”, valoró a IPS el médico Alberto Roque.
El también activista por los derechos de las personas Lgbtiq resaltó el reconocimiento de los derechos reproductivos, “en específico, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en relación con la terminación voluntaria del embarazo”.
“En la propuesta norma sobresale el enfoque ético y bioético que transversaliza la letra y el espíritu de la ley”: Alberto Roque.
Al respecto, el texto ampara los derechos relacionados con los cuidados de la salud sexual y reproductiva, que incluye recibir información, orientación y atención especializada; promover ambientes inclusivos y libres de estigmas, discriminación y violencia, con atención y respeto a las condiciones de las personas.
Ya en octubre de 2022 el Ministerio de Salud Pública publicó el Reglamento de la reproducción asistida en seres humanos, a fin de establecer las garantías para el ejercicio de ese derecho bajo los principios de igualdad y no discriminación, equidad y autonomía de la voluntad.
Otros derechos
Para Roque la inclusión “de un marco jurídico para la prevención y enfrentamiento a la violencia, resulta muy importante”, en correspondencia con la Constitución, en vigor desde 2019, y el Código de las Familias aprobado en referendo en septiembre de 2022.
A su juicio, el proyecto sobresale por “definir y respaldar las decisiones al final de la vida, que incluye la limitación del esfuerzo terapéutico y los métodos para poner fin al sufrimiento y la agonía en el caso de enfermedades de curso irreversible”.
Tales procedimientos estarían dirigidos a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de vida o que hayan sufrido lesiones que los coloquen en esta condición.
La aplicación de procederes válidos que finalicen con la vida de una persona será regulada en una ley específica, “cuando se determine por el Ministerio de Salud Pública que están creadas las condiciones para llevar a cabo estas acciones en el país”, aclara la norma.
Debido a sus implicaciones sociales, éticas y religiosas, la eutanasia y el derecho a una muerte digna ha sido uno de los temas más polémicos en el texto en cuya conformación intervinieron profesionales de distintas ramas del conocimiento, desde que inició su redacción en 2019.
El proyecto se adscribe al nuevo enfoque sanitario e intersectorial Una Salud, un plan de organizaciones internacionales destinado a prevenir, predecir, detectar y responder de manera conjunta a las amenazas a la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medioambiente.
También reconoce la autonomía de las personas usuarias en la toma de decisiones durante la atención de salud, y valida la obtención del consentimiento informado previo a la aplicación de cualquier tratamiento médico.
Garantizar la calidad
El proyecto que aprobó el gobierno el 1 de octubre enfatiza que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad, la seguridad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud, en «un sistema único integral».
Como fortaleza, Cuba forma anualmente miles de profesionales de la medicina, estomatología, enfermería y tecnologías de la salud, muchos de los cuales prestan servicios en otras naciones mediante distintos esquemas de cooperación y asisten ante situaciones de desastres.
Las 15 provincias cubanas cuentan con hospitales generales, clínico-quirúrgicos, ginecobstétricos, materno infantiles, policlínicas, centros de rehabilitación y consultorios.
A ello se suma una reconocida industria biotecnológica que aporta ocho de las 13 vacunas del programa nacional de inmunización, así como medicamentos e insumos de alto valor agregado.
Pero una atención de calidad “exige fármacos y recursos materiales. Por otro lado, el personal de salud debemos tener salarios decorosos, así como alimentación y condiciones de trabajo adecuadas”, explicó Mayra, una anestesióloga en La Habana que pidió a IPS reservar su apellido.
La especialista lamentó que médicos “después de 24 horas de guardia no tengan relevo y deban seguir trabajando. Pasa igual con enfermeras y técnicos que hacen el trabajo de dos y tres, porque falta personal. Son problemas que hay que resolver con urgencia”.
Al dialogar con IPS, la maestra jubilada Ramona Blanco convino en que la salud es gratuita, pero “muchas veces tienes que comprar en la calle (mercado informal) los antibióticos, jeringuillas, bisturí, guantes y hasta los puntos” para las suturas.
Meses atrás, “mis dos hijos tuvieron que comprar casi todo el material para operar a su padre de la vesícula, porque en el hospital no había nada”, aseguró Blanco, residente en la oriental ciudad de Las Tunas.
Las autoridades sanitarias refieren que el embargo estadounidense es una de las principales causas del déficit de antibióticos, antihipertensivos, diuréticos, ansiolíticos, antisicóticos, antihistamínicos e inyectables, entre otros productos.
Insisten en que las sanciones de Washington entorpecen el acceso a créditos internacionales y operaciones comerciales, además de encarecer fletes para el traslado de materias primas, equipamiento y fármacos.
Una autorización temporal permite a las personas que llegan al país importar en su equipaje medicamentos sin límite de cantidades y exenta del pago de los aranceles aduanales, algo que favorece a una parte de la población acceder a estos insumos deficitarios.
Muchos de esos productos, sin embargo, también nutren la economía sumergida con precios elevados, en un país cuyo salario medio equivale a 16 dólares y pensiones mínimas de unos ocho dólares, teniendo en cuenta la tasa del mercado informal.
Durante el año precedente el sector de la salud pública contabilizó un total de 281 098 trabajadores, 31 308 plazas (10 %) menos que en 2021, muestra el Anuario Estadístico 2023 de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
Se conoce que un considerable número del personal médico, de estomatología, de enfermería y técnicos emigran a otros países o hacia otras actividades del sector privado, en busca de una mejor remuneración y menos exigencias.
“Además de estar en falta reactivos para análisis, medicamentos, o armaduras y cristales para espejuelos, vas a consulta y debes esperar horas porque faltan médicos. Eso nos perjudica mucho a los viejos, que cada vez somos más”, dijo a IPS el contador ya jubilado Reinaldo Valle, residente en la capital cubana.
De acuerdo con la Onei, 22,3 % de la población cubana tiene 60 años y más. Para 2025 uno de cada cuatro residentes en la isla será un adulto mayor.
Una década después este grupo poblacional representará un tercio del total y aumentará las presiones sobre la población económicamente activa.
Especialistas reconocen que además del acelerado envejecimiento demográfico, otro gran desafío del sistema de salud es el aumento de la incidencia de las enfermedades no trasmisibles (ENT), para las cuales la disponibilidad de medicamentos y cambios en la alimentación y estilos de vida será esencial si se quiere evitar que disminuya la esperanza de vida, actualmente en 77,7 años.
Deudas
A juicio de Roque, el proyecto de Ley de Salud Pública pudiera enriquecerse si alguno de sus artículos incluyera “la bioética y la educación integral de la sexualidad en la malla curricular y formativa del personal profesional involucrado en la atención de salud”.
Propuso redefinir el concepto de sexualidad “e incluir las bases jurídicas para la formulación e implementación de políticas de salud que cubran y protejan las necesidades específicas de las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos”.
En su opinión, se debe establecer “una sola política para las personas que viven con VIH”.
Se refirió en específico a la atención de personas privadas de libertad en instituciones específicas aisladas del resto de la población penal, “cuestión que no ocurre igual con otras enfermedades crónicas trasmisibles, algunas de transmisión sexual como la hepatitis B y C, que no reciben el mismo tratamiento”, un enfoque que “puede considerarse como discriminatorio”.
También le pueden interesar:
Cuba adelanta estudios de vacunas contra el dengue y otras enfermedades
Los cuidados en Cuba demandan la autonomía y bienestar de quienes cuidan
Escasez de medicamentos, un desafío a la salud pública en Cuba
Para el investigador con una maestría en Bioética se debe crear un marco jurídico para los cuidados paliativos en todos los niveles de atención, no solamente al final de la vida.
“Creo que los cuidados paliativos que se brindan en la actualidad no son de calidad; en algunos casos ni siquiera se brindan ni se tiene un enfoque de lo que son”, puntualizó.
Al respecto, abogó por “dejar clara la posibilidad legal de utilizar incluso protocolos de sedación paliativa como elemento que puede mejorar la calidad de vida y el enfrentamiento de la agonía de enfermedades que no tienen criterio de recuperabilidad, las cuales generan agonía y sufrimiento innecesario en las personas”.
ED: EG
