RÍO DE JANEIRO – Una retirada ordenada, con muertos y heridos pero sin una derrota que destruya su imagen como institución, es una de las habilidades políticas de los militares en Brasil, comprobada en su historia y nuevamente puesta a prueba ahora.
El teniente coronel Mauro Cid, quien fue edecán del expresidente Jair Bolsonaro, decidió aceptar la “colaboración premiada” con la Policía Federal en las investigaciones sobre varios delitos que habrían ocurrido durante el gobierno de extrema derecha, incluido un intento de golpe de Estado días después de dejar el poder el último día de 2022.
Cid es ahora un “hombre bomba” que puede llevar a la cárcel el expresidente, también un militar que dejó el Ejército como capitán en 1988, al tener su carrera castrense arruinada por indisciplina e incluso la sospecha de un acto terrorista.
La detención del teniente coronel, aún en activo en el Ejército, ocurrió el 3 de mayo por un delito menor, la falsificación de certificados de vacunación anticovid para su familia y para Bolsonaro y su hija, comprobada por los registros del sistema de salud pública.
Pero su teléfono celular, entonces incautado por la Policía Federal, se convirtió en una mina de informaciones sobre otros varios presuntos delitos bajo investigación que involucran al ex presidente y sus allegados.
Entre ellos destaca la participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero, el contrabando de joyas regaladas a Bolsonaro por gobiernos extranjeros, una campaña de descredito del sistema electoral y la gestión mortal de la pandemia.
No tuvo la suerte, o la maña del exministro de Justicia y comisario de la Policía Federal, Anderson Torres, quien fue también detenido el 14 de enero, pero sin su celular. Dijo que lo perdió en Estados Unidos, donde había estado la semana anterior.
Permaneció detenido hasta el 11 de mayo por sospecha de omisión en la tumultuosa y invasión y vandalización de las sedes de los tres poderes democráticos en Brasilia el 8 de enero, por una multitud de seguidores radicales de Bolsonaro que reclamaban un golpe militar. Está libre pero con un dispositivo de rastreo electrónico en el tobillo.
Del silencio a la colaboración premiada
Cid mantuvo silencio en los interrogatorios tanto da la policía como de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre los actos del 8 de enero. Pero sustituyó su abogado en agosto, en una señal de que iba a acogerse a la “delación premiada”, una figura de la justicia local que canjea reducción de la pena si se colabora con la investigación.
Eso se concretó el 6 de septiembre, cuando compareció ante el Supremo Tribunal Federal para confirmar su nueva disposición a colaborar. En días anteriores ya había respondido a las preguntas de la Policía Federal durante más de 20 horas en dos interrogatorios.
La formalización judicial de esa colaboración aún depende del juez del Supremo Tribunal encargado del proceso, Alexandre de Moraes, que debe considerar también el parecer del Ministerio Público (fiscalía). Pero difícilmente será rechazada, dada la relevancia de las informaciones que podría aportar el teniente coronel.
Cid fue un edecán muy activo durante los cuatro años del gobierno de Bolsonaro, iniciado el 1 de enero de 2019, y una especie de brazo derecho del mandatario para todas las actividades, institucionales y personales.
Manejaba las cuentas bancarias y las numerosas operaciones en dinero en efectivo de la familia Bolsonaro y estaba presente en forma permanente en sus actividades políticas, administrativas y diplomáticas. Era prácticamente un miembro de la familia e incluso tenía su habitación en el Palacio Alvorada, la residencia presidencial.
Su teléfono celular reveló diálogos sobre los intentos golpistas incluso con otros militares en activo y es un valioso punto de partida para una amplia colaboración, además de un factor de pánico entre los bolsonaristas.
Daños militares
Los impactos de esos estrechos vínculos militares ya tuvieron sus consecuencias. El nombramiento del teniente coronel Cid como comandante de un batallón especial de operaciones del Ejército en Goiania, a 200 kilómetros de Brasilia, fue la espoleta para el cese del general Julio César de Arruda como comandante del Ejército el 21 de enero.
El general ya molestaba el nuevo gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, por no castigar a los militares que participaron de los actos golpistas y tolerar los campamentos de bolsonaristas que reclamaban el golpe militar delante de los cuarteles, desde la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre.
La gota final fue colocar a Cid como jefe de tropas que serían decisivas en un eventual golpe de Estado, por la cercanía de Brasilia, y contradecir así las recomendaciones de Lula.
Pero las aventuras del teniente coronel golpean las Fuerzas Armadas en dimensiones que van más allá.
Era considerado un oficial ejemplar, avalado por las mejores calificaciones en las escuelas militares, además de hijo de un general retirado, Mauro Lourena Cid, con el mismo nombre, de gran prestigio y viejo amigo de Bolsonaro.
La “delación premiada”, que supone su disposición a violar el espíritu de cuerpo y a provocar la degradación de colegas castrenses, incluido el propio expresidente, mancha más aún la imagen del Ejército, ya deteriorada por la estrecha asociación al gobierno ultraderechista, con sus brotes autoritarios y la mala y letal gestión de la pandemia.
Pero representa también una salida menos deshonrosa de la política para los militares. Se trata de echar la culpa a individuos, identificar y sacrificar a quienes participaron en actos ilegales, para así absolver la institución.
No es un comportamiento natural de las Fuerzas Armadas. En el pasado ellas siempre buscaron salvar los suyos, y para eso cuentan con la Justicia Militar. A veces recurrieron incluso al cinismo para evitar la condenación de los suyos.
Salvar la imagen
Un ejemplo es el atentado en el Riocentro, un local de grandes eventos en el oeste de Río de Janeiro, el 30 de abril de 1981. Una bomba estalló dentro de un automóvil que estaba en su aparcamiento, mató a un sargento e hirió gravemente un capitán, los dos ocupantes del vehículo.
Era evidente su intención de por lo menos crear pánico a los miles de participantes en un espectáculo musical, con motivo de la celebración del Día de los Trabajadores, la jornada siguiente, lo que habría provocado muchas muertes por el pánico y la huida descontrolada.
Pero la investigación castrense, que se impuso porque aún estaba vigente la dictadura militar iniciada en 1964 y solo finalizada en 1985, concluyó que los dos efectivos habían sido víctimas de un atentado terrorista, atribuido a la izquierda.
La farsa fue formalmente desmentida 18 años después por otra investigación militar, pero el capitán involucrado, Wilson Machado, siguió con su carrera sin contratiempos y llegó a coronel.
La dictadura terminó con una retirada ordenada de las Fuerzas Armadas, mediante la llamaba “apertura política lenta, gradual y segura”, iniciada en 1974 por el general Ernesto Geisel, presidente de 1974 a 1979, y concluida por su sucesor, general João Figueiredo.
Em 1979 Figueiredo decretó una amnistía a los presos y exiliados, que los militares exigieron que fuese “recíproca”, por lo que se extendió también a los uniformados que participaron en torturas y asesinatos durante la dictadura.
La Fuerzas Armadas consiguieron retirarse del poder político formal y evitar, en el proceso de redemocratización, el juicio y la condena de sus miembros comprobadamente involucrados en los crímenes contra la vida y los derechos humanos.
No se vieron obligadas entonces a permitir que los suyos fuesen procesados y condenados por la justicia civil. Ahora eso no parece posible y, al revés, es la condena de algunos que puede mitigar la deshonra militar.
ED: EG
