MÉXICO – La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México se sumó este martes 26 al reclamo de que las autoridades entreguen toda la información disponible sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el sudoccidental estado de Guerrero, cuando se cumplen nueve años del suceso.
Mientras, en la capital y en Guerrero manifestantes se concentraban en demanda de información y justicia por el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, forzosamente desaparecidos en la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en la zona de Iguala, norte del estado.
El más reciente informe –julio de 2023- de los médicos y juristas que integran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) que sigue el caso, mencionaba la negativa de varias corporaciones civiles y militares a entregar toda la información disponible.
La oficina de la ONU sostuvo que en una declaración que “los esfuerzos y avances sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas agencias y cuerpos de seguridad e inteligencia colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”.
El texto añade que “los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos”.
Para la ONU “es fundamental que los avances se consoliden y expandan hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso”.
En Ginebra, Suiza, Marta Hurtado, portavoz en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), enfatizó “la importancia de entregar sin obstrucciones toda la información disponible en manos de las corporaciones de inteligencia y seguridad, civiles y militares”.
En criterio de la Acnudh “lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.
La Oficina reconoció el esfuerzo de las familias y organizaciones de la sociedad civil que nueve años después se mantienen firmes en sus exigencias.
“Es el amor de las madres y los padres hacia sus hijos y la legítima búsqueda de la verdad y la justicia la causa que los anima, y que amerita el respaldo de todas las autoridades y la sociedad en su conjunto”, asegura la declaración.
Hace nueve años, los alumnos normalistas viajaron a Iguala, con la intención de secuestrar autobuses para poder trasladarse días después a Ciudad de México, donde participarían en la marcha y otras actividades conmemorativas de la represión del 2 de octubre de 1968, en la que murieron centenares de estudiantes.
Fueron emboscados e interceptados por policías municipales, federales y sus socios del crimen organizado. Murieron seis personas, y 43 jóvenes fueron obligados a bajar de los vehículos, detenidos y hasta hoy desaparecidos.
Las investigaciones han identificado a 434 actores relevantes que participaron en los crímenes perpetrados durante y después del 26 de septiembre de 2014, y se ha detenido a 132 personas presuntamente responsables, entre ellas 14 militares.
Un informe conocido como “verdad histórica”, elaborado por el gobierno del anterior presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), eludía la responsabilidad de los uniformados en la desaparición y muerte de los estudiantes –cuyos cuerpos habrían sido incinerados-, atribuyéndola al grupo criminal “Guerreros Unidos”.
Del lado de los familiares se ha sostenido que las investigaciones e informes a cargo del Estado no contienen suficiente información sobre la responsabilidad de autoridades en el crimen, y el 25 de septiembre de este año rehusaron recibir un informe que les presentó el gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que ordenó a la Secretaría (ministerio) de Defensa que entregue a los familiares y al público la información recopilada sobre el caso por autoridades de Estados Unidos.
Esa información incluiría mensajes de la red WhatsApp, sobre la desaparición de los normalistas, que mantuvieron los integrantes de “Guerreros Unidos”, banda que mantendría nexos con policías y otras autoridades.
Debido a la implicación de autoridades, a su colusión con el crimen organizado, a su papel mientras transcurrían los hechos, y a la negligencia y la omisión en las investigaciones, el caso ha sido calificado como un crimen de Estado.
A lo largo de la investigación del caso han fallecido o han sido asesinadas otras 26 personas. Los familiares, convertidos en activistas de los derechos humanos a raíz de la tragedia, mantienen como eslogan “vivos los queremos”.
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