BELÉM, Brasil – Presidentes y otras altas autoridades de los ocho países de la Amazonia presentaron un nuevo plan general para salvar esa extensa, rica y amenazada cuenca sudamericana, al concluir este martes 8 la primera de las dos jornadas de la cumbre que les reunió en esta ciudad en la desembocadura del Amazonas.
El encuentro “será un parteaguas para la preservación de la Amazonia. Supondrá un antes y un después en la historia” de la región, dijo el presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, en la instalación de la fase ministerial de la cita.
Acudieron a su llamado los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Dina Boluarte; la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y los cancilleres de Ecuador, Gustavo Manrique, y de Suriname, Albert Ramdin.
Son los países que suscribieron en 1978 el Tratado de Cooperación Amazónica, y en 1995 establecieron la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca).
La reunión adoptó la “Declaración de Belém”, con más de 100 puntos, negociados de modo que abre espacios a la cooperación regional con programas y proyectos que se definirán más adelante, con el objetivo de frenar la deforestación de la Amazonia y favorecer su desarrollo económico sostenible.
Los gobernantes coincidieron en destacar que la Amazonia, una región de más de siete millones de kilómetros cuadrados y cerca de 50 millones de habitantes –dos millones integrantes de 500 pueblos indígenas- es fundamental para la vida y salud del planeta y en particular para enfrentar el cambio climático.
Siendo el espacio con la mayor diversidad biológica y fuentes de agua dulce, está en riesgo de llegar a un “punto de no retorno” para su destrucción, debido a la deforestación, la minería ilegal, la explotación de hidrocarburos, la expansión de la frontera agrícola y otras actividades criminales o ambientalmente nocivas.
Lula recalcó que la Amazonia “no es un tesoro para ser saqueado” o explotado para “beneficio de unos pocos”, y en cambio la selva representa “un pasaporte para que los países de la región establezcan una nueva relación con el mundo”.
De entrada, la declaración condenó las medidas comerciales unilaterales desde países ricos, basadas en requisitos y estándares ambientales, y les reclamó que cumplan la promesa de destinar 100 000 millones de dólares anuales para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático en las naciones en desarrollo.
El documento llama a compatibilizar las actividades económicas en la región con la necesidad de preservar no solo los bosques sino también el agua y la calidad del aire.
Reconoce la importancia y necesidad del acuerdo de París, de 2015, por el que la casi totalidad de las naciones se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global, para el año 2050, a no más de 1,5 grados centígrados sobre los niveles de la era preindustrial.
También recoge la necesidad de proteger a las personas defensoras del ambiente, y el derecho de los pueblos indígenas, y otras comunidades, a ser consultados y participar en las decisiones y beneficios por el uso y explotación de los recursos presentes en las tierras que tradicionalmente han ocupado.
Acentúa la necesidad de cooperación en diversas áreas -desde compartir tecnología hasta la lucha contra la minería ilegal y otras actividades delictivas, así como fortalecer la propia Otca, y encarga a los ministros la definición de un calendario de las acciones orientadas a esos fines.
Más allá de la declaración, los presidentes y demás participantes en la cumbre presentaron un racimo de ideas y curos de acción sugeridos para consolidar la cooperación y blindar la defensa de la región amazónica.
En primer lugar, dijo Lula, “no es posible resolver la Amazonia sin resolver los problemas estructurales que afectan a los 50 millones de personas que viven en la región”, y mencionó la falta de agua potable, el hambre, y la inseguridad causada por organizaciones criminales transnacionales.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, sintetizó sus propuestas: “un tribunal amazónico de justicia para los delitos ambientales contra la selva, un tratado militar amazónico, un centro multilateral de investigación científica de la selva, y una Otca que se abra a los movimientos sociales”
Petro dijo que “si el motor de la Amazonia es cada vez más ilegal y representa un crimen contra la humanidad, ¿cómo defendemos la vida? Con razones, pero también con armas” en lo que llamó “una suerte de Otan amazónica”, en referencia a la militar Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, criticó a “el capitalismo, que está poniendo en riesgo a la humanidad y a la naturaleza”, e hizo un llamado a que se respete la soberanía de los países de la cuenca, habida cuenta de “el interés de Estados Unidos y Europa de querer intervenir en la Amazonia”.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propuso “una alianza firme y clara para frenar los delitos ambientales, en especial la tala y la minería ilegal, el tráfico de drogas y especies, y la contaminación que destruyen nuestra Amazonía”.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto con críticas al capitalismo propuso una “fuerza de tarea” de los ocho países para contener la deforestación, combatir los incendios forestales, colocar en el espacio un “satélite amazónico” compartido, y un banco de semillas que ayude a preservar la riqueza vegetal.
Los participantes se abstuvieron de recalcar situaciones polémicas, como la proyectada explotación de hidrocarburos junto a las bocas del Amazonas por parte de Brasil, o la proliferación de la minería –en parte con apoyo del Estado- en perjuicio de los bosques, fuentes de agua y pueblos indígenas en el sur de Venezuela.
En los días inmediatamente anteriores a la cumbre hubo reuniones y foros –de organizaciones civiles, indígenas, ambientalistas y empresariales- que en total congregaron a unas 27 000 personas, según dijo Lula, con debates y propuestas sobre la preservación de la cuenca amazónica.
Y este miércoles 9 la cumbre se abrirá a la participación de países invitados: la República del Congo, la República Democrática del Congo e Indonesia –poseedores de grandes zonas de bosques tropicales-, y Francia, pues su departamento de ultramar Guayana Francesa también tiene una pequeña porción de la Amazonia.
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