MÉXICO – Amnistía Internacional (AI) expresó su alarma por la deportación masiva de migrantes venezolanos desde Trinidad y Tobago, y pidió al gobierno de ese país que detenga esa práctica contraria a compromisos internacionales.
“Las recientes medidas adoptadas por las autoridades de Trinidad y Tobago son sumamente alarmantes”, afirmó Érika Guevara Rosas, directora para el hemisferio en la organización humanitaria.
El gobierno trinitobaguense deportó el 12 de agosto a 98 venezolanos que mantenía detenidos en instalaciones de su helipuerto en la ciudad de Chaguaramas, al noroeste de la isla de Trinidad y enfrente de las costas de Venezuela.
AI destacó en su declaración que “la crisis de derechos humanos y emergencia humanitaria compleja en Venezuela son de tal magnitud, que 25 % de la población tuvo que huir del país en los últimos años, y es una cifra que continúa aumentando”.
Según las agencias de las Naciones Unidas para refugiados y migraciones, de Venezuela, que cuenta algo más de 28 millones de habitantes, han salido 7,3 millones de migrantes, refugiados o solicitantes de asilo, y de ellos 6,1 millones a países de América Latina y el Caribe.
A Trinidad y Tobago, país insular de 5128 kilómetros cuadrados y 1,4 millones de habitantes, llegaron hasta comienzos de este año unos 35 000 venezolanos, de acuerdo con las mismas fuentes.
El gobierno trinitobaguense aplica severas medidas para aceptar a migrantes del país vecino, efectúa deportaciones grupales y reivindica que su territorio, relativamente pequeño, no puede ser un campamento de refugiados.
Los 98 venezolanos recientemente deportados hacían parte de unos 200 detenidos en redadas policiales en centros nocturnos de Puerto España, la capital, según reportes de la prensa local.
El juez Frank Seepersad, de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, sostuvo que la Convención de Refugiados de 1951 no es aplicable en su país debido a que nunca fue ratificada, por lo que todos los inmigrantes quedan sujetos a la Ley de Inmigración y pueden ser deportados aún bajo solicitud de asilo.
El país tampoco suscribió el año pasado, durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, la Declaración sobre Migración y Protección destinada a “proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria”.
Pero para Guevara Rosas “el derecho internacional no deja ningún margen a dudas: las personas refugiadas y solicitantes de asilo en todo el mundo no pueden ser devueltas a donde su vida e integridad corran peligro. Nadie puede ser sujeto a expulsiones masivas”.
“Es imperativo que se detenga de inmediato la deportación de aquellas personas que enfrentan riesgos de persecución y violaciones de derechos humanos en sus lugares de origen”, indicó la declaración de AI.
El Centro Caribeño de Derechos Humanos, con sede en Puerto España, también rechazó deportación masiva de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados venezolanos.
Sostuvo que la más reciente deportación “fue una violación del derecho internacional de los derechos humanos y los compromisos que este país hizo como parte de la Convención de Refugiados”.
“Esta última ronda de deportaciones debe ser condenada en todos los niveles, ya que pone en peligro a quienes huyeron de la persecución en su país de origen y los devuelve a una situación en la que prevalecen los riesgos para su seguridad”, agregó la entidad caribeña en un comunicado.
El Centro sostiene que la Convención de la ONU sobre Refugiados debe reflejarse en la legislación del país, y que además “se necesita una política para que los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo estén garantizados”.
Destacó que “de manera alarmante, se informa que ocurrió la separación familiar, ya que una madre fue deportada y sus hijos nacidos en Trinidad y Tobago quedaron atrás. Esto contraviene el principio de unidad familiar y el principio del interés superior del niño”.
“Otras mujeres que aún están detenidas enfrentan una deportación inminente una vez que se hagan los arreglos para que sus hijos, que no están detenidos, se unan a ellas”, dice el comunicado del Centro caribeño.
De su lado, AI insistió en que “ahora más que nunca, los Estados de las Américas deben garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, incluidas aquellas procedentes de Venezuela que necesitan con urgencia protección internacional”.
“Además, los gobiernos de la región deben intensificar sus esfuerzos para brindar asistencia y apoyo a los Estados que acogen a personas refugiadas y migrantes en medio de crisis humanitarias”, agregó el texto de AI.
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