SANTA MARÍA OSTUMA, El Salvador – En medio del verdor de su maizal, el campesino salvadoreño Medardo Pérez se dispuso a llenar su bomba de aspersión manual, una de las que se cuelgan a la espalda, con la mezcla adecuada de agua y paraquat, un potente herbicida, y comenzó a rociar la maleza a discreción.
El paraquat, el ingrediente activo de marcas como Gramaxone, del consorcio alemán Bayer, se vende sin ninguna restricción en El Salvador y en otras naciones de América Central y del mundo, a pesar de su toxicidad y de que la etiqueta dice “producto controlado”.
“Nos estamos jugando la vida con estos venenos, como ni capa impermeable usamos para protegernos, entonces el químico nos moja la espalda, se va dentro del cuerpo, por los poros”, dijo a IPS este campesino oriundo del cantón San Isidro, en el municipio de Santa María Ostuma, del departamento de La Paz, en el centro de El Salvador.
Pérez, de 60 años, dijo estar consciente de los riesgos a su salud, pero aseguró que con la mezcla del agroquímico le resultaba más fácil y más rápido deshacerse de la maleza que crece en su sembradío de maíz, en su finca de dos hectáreas.
“Nos estamos jugando la vida con estos venenos, como ni capa impermeable usamos para protegernos, entonces el químico nos moja la espalda, se va dentro del cuerpo, por los poros”: Medardo Pérez.
“Ese mismo paraquat está restringido aquí en Guatemala pero es de uso común en la agricultura, cualquier campesino o campesina puede comprarlo, la venta es libre”, explicó a IPS el activista David Paredes, de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala.
El diario The New York Times publicó un reportaje en 2016 en el que informó que reportes científicos relacionaban al paraquat con la enfermedad del Parkinson, y que el producto no se podía comercializar en Europa pero sí en Estados Unidos y el resto del mundo.
Agroquímicos por doquier y sin control
América Central es una región donde se importan y comercializan casi sin controles ese y otros agroquímicos, y donde los Estados parece que han cedido a los intereses de poderosas transnacionales que los producen y venden.
En el área viven unos 51 millones de personas y 20 % de sus empleos son el el sector agrícola, que aporta en conjunto 7 % del producto interno bruto de sus siete países.
Además de los campesinos y pequeños productores, la agroindustria de la región usa los agroquímicos intensivamente para producir monocultivos para la exportación, como banano, piña, palma africana, café y caña de azúcar, entre otros.
La caña de azúcar es la materia prima del azúcar que la región exporta a Estados Unidos, Europa e incluso a China, a través de acuerdos comerciales.
La agroindustria azucarera usa glifosato, patentado en 1974 por Monsanto, para acelerar la maduración de la caña, pero hay reportes en todo el mundo sobre los daños provocados al ambiente y a la la salud, incluso con posibles riesgos de cáncer, como lo ha advertido Greenpeace.
Y aun así sigue usándose ampliamente en la región y en otras partes del mundo. El glifosato es conocido, entre otros, con nombres comerciales como Roundup, también del consorcio alemán Bayer.
“Tenemos un uso indiscriminado de agroquímicos por parte de la agroindustria”, acotó Paredes, desde la capital de su país, Ciudad de Guatemala.
Paredes compartió con IPS los resultados preliminares de un estudio, aún en curso, que ha detectado la presencia de 49 químicos en el agua debido al uso de pesticidas, la mitad de ellos prohibidos en más de 120 países, dijo.
La investigación se ha llevado a cabo en la costa sur del país, donde predominan monocultivos como caña de azúcar, banano, palma africana y piña, afirmó.
La lucha contra los agroquímicos
“El glifosato se usa por aspersión aérea, es bien común en esa área, y cuando el viento lo esparce hacia los sembradíos de las comunidades pobres, no hay cosechas”, acotó.
Lo mismo sucede en El Salvador, donde las organizaciones ambientales han impulsado desde hace varios años la campaña Azúcar Amarga, en contra del uso indiscriminado del glifosato, en particular, y de los agroquímicos, en general.
“En esa campaña hemos denunciado que se mantiene el riego por avioneta, y eso está penado, es un delito ambiental”, aseguró a IPS Alejandro Labrador, de la Unidad Ecológica de El Salvador (Unes).
En septiembre de 2013, la unicameral Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prohibición de medio centenar de agroquímicos, incluyendo al paraquat y el glifosato, pero el decreto fue rechazado por el entonces presidente Mauricio Funes y todo quedó empantanado desde entonces.
No obstante, excepto un listado de 11 productos —incluidos el paraquat y el glifosato —, los agroquímicos que la Asamblea quiso prohibir ya estaban regulados por otras normativas nacionales e internacionales, aunque en la práctica hay poco o nulo control estatal sobre el uso en los campos.
“El lobby de las empresas les torció el brazo”, destacó Labrador, en alusión al intento fallido de prohibirlos vía decreto legislativo.
También aludió a la influencia que ejercen sobre presidentes y funcionarios consorcios transnacionales de biotecnología como Bayer y la estadounidense Monsanto, cuyos intereses suelen ser defendidos por las cámaras agropecuarias de la región centroamericana.
Añadió que en El Salvador las importaciones de agroquímicos suponen «un costo altísimo para los ecosistemas y la salud de las personas”.
Al respecto, en la última década se ha vinculado el glifosato, en la cosecha de caña de azúcar, con la alta tasa salvadoreña de enfermos de insuficiencia renal.
La nación posee la tasa más alta en América Central de defunciones por enfermedades renales crónicas: 47 muertes por cada 100 000 habitantes por año, según un reporte de la Unes, publicado en 2021, que precisa que en El Salvador se importan anualmente 80 000 toneladas de fertilizantes, 3000 de herbicidas y 1200 de funguicidas.
El sabor agridulce de la piña
En Costa Rica el uso de agrotóxicos es también intensivo en monocultivos para la exportación como el banano y, sobre todo, la piña, dijo a IPS la activista Erlinda Quesada, del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña.
Quesada señaló que el producto conocido genéricamente como bromacil se han vinculado a casos de cáncer, mientras que el nemagón se ha ligado a casos de infertilidad en hombres y mujeres.
“Nos pasó con el nemagón en la producción de banano, que esterilizó un montón de hombres en Costa Rica”, señaló Quesada, desde Guásimo, municipio de la provincia de Limón, en la costa atlántica del país.
Las denuncias de las organizaciones ambientales llevaron a que el gobierno prohibiera en 2017 el bromacil, por el impacto en las fuentes subterráneas de agua.
“Sin embargo, dudo de que lo hayan dejado de usar”, sentenció Quesada.
Un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló, en mayo de 2022, que Costa Rica usa hasta ocho veces más plaguicidas por hectárea que otros países latinoamericanos, aglutinados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“El promedio de uso aparente de plaguicidas en la agricultura entre 2012 y 2020 fue de 34,45 kilos por hectárea, una cifra superior a estimados previos” en el país centroamericano, citó el informe, y por encima de Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros de la OCDE.
Golpe a la soberanía alimentaria
La apuesta por los monocultivos producidos intensivamente por cúpulas económicas nacionales e internacionales ha terminado perjudicando la capacidad de producir el alimento para la población, afirmó a IPS desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, Wendy Cruz, de la filial local de la internacional Vía Campesina.
“Ahora son los consorcios y las élites los que ocupan grandes extensiones de tierra para producir a los mercados globales, y los agrotóxicos debilitan cada vez más la capacidad de la tierra para producir alimentos a nuestra gente”, subrayó Cruz.
“Necesitamos impulsar un cambio de modelo, con Estados que asuman una visión agroecológica que sostenga la vida”, acotó.
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Esa visión de producir sin dañar el medio ambiente con agroquímicos la tiene ya otro salvadoreño, Juan Mejía, un pequeño agricultor de 67 años que cosecha algunos de sus productos con abonos, herbicidas y plaguicidas ecológicos.
Aún se utiliza el paraquat, dijo, para “quemar el monte”, pero en menor escala, y cada vez está tratando de usarlo menos. También usa, “muy poco”, Monarca, otro plaguicida de Bayer, cuyo principio activo es el thiacloprid.
“Hemos aprendido a trabajar orgánicamente, quizá no en un 100%, pero sí lo más que se pueda”, dijo el salvadoreño Mejía, durante un descanso en su parcela de dos hectáreas, localizada en el cantón El Carrizal, también de Santa María Ostuma, en el centro de El Salvador.
Mejía produce abono orgánico conocido como gallinácea y un plaguicida a base de chile, cebolla, ajo y un poco jabón, con el que combate la mosca blanca, que perjudica las hortalizas que cultiva.
“Es efectivo, pero no funciona automáticamente, de inmediato, necesita un poco más de tiempo”, acotó.
Y agregó: “Los agricultores siempre hemos fallado en querer ver los resultados de inmediato, como lo vemos con los químicos, pero lo orgánico es un proceso, es más lento, pero más beneficioso para la salud de nosotros y al medio ambiente”, aseguró.
Además de la tradicional milpa, el ancestral sistema prehispánico de siembra de mutuo beneficio, que incluye maíz, frijol y pipián, un tipo de calabacín, Mejía cosecha cítricos, plátanos (bananos para cocinar) y cacao.
“Hemos diversificado e incluido otros cultivos, como hortalizas, para no estar comprando productos contaminados y cosechar nuestros propios alimentos, más sanos”, dijo.
ED: EG
