LETICIA, Colombia – Fomentar empresas locales y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales son claves para desarrollar y a la vez conservar la Amazonia, plantean más de 100 organizaciones de la región a los gobiernos comprometidos en el Tratado de Cooperación Amazónica.
El documento se divulgó en esta ciudad colombiana a orillas del Amazonas en el marco de una reunión que incluye a ministros y técnicos de los ocho países del tratado: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
La cita incluye un encuentro de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, y es preparatoria de una cumbre de signatarios del tratado que se realizará en agosto en Belém do Para, en el nordeste brasileño.
“Ahora es nuestra última y mejor oportunidad para cambiar el curso de degradación y mantener en pie nuestros preciados bosques, aportando a garantizar el futuro de la vida en la Tierra”, dice el documento elaborado durante la Conferencia Panamazónica de Bioeconomía realizada el 21 y 22 de junio en Belém.
Se advierte que “la próxima década definirá si la Amazonia, hogar de más de 47 millones de habitantes, puede continuar con el mismo modelo económico o convertirse en el catalizador de una nueva economía basada en bosques en pie y ríos vivos para su gente y el mundo”.
La carta recopila 31 recomendaciones para promover el desarrollo de la bioeconomía en los nueve países amazónicos (los ocho estados más la Guayana Francesa) y, al mismo tiempo, preservar la biodiversidad del bosque tropical más grande del planeta.
Se afirma que a pesar de ser uno de los biomas más biodiversos, la región amazónica aún no ha tenido un debate profundo sobre las oportunidades y desafíos para la promoción de su bioeconomía.
Al mismo tiempo, las actuales tasas de deforestación sugieren que la selva puede sobrepasar su punto de no retorno y colapsar, con sus productos únicos y valiosos servicios ecosistémicos, entre ellos el agua, la lluvia, la polinización y la captura de carbono, claves para sostener las economías locales, regionales y globales.
La bioeconomía es, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenibles de recursos biológicos, incluyendo los desechos de biomasa generados en esos procesos.
Supone aprovechar el conocimiento de los sistemas, principios y procesos, como los de comunidades indígenas, afrodescendientes y tradicionales en el caso de la Amazonia, así como las tecnologías aplicables al conocimiento y transformación de los recursos biológicos y a la emulación de procesos y principios biológicos.
El documento menciona una investigación del World Resources Institute de Brasil, según el cual fortalecer la bioeconomía de la Amazonia Legal brasileña (nueve de los 26 estados del país) puede incrementar el producto bruto nacional en 8000 millones de dólares anuales y crear 312 000 nuevos empleos antes de 2050.
“Este nuevo modelo económico puede aplicarse en todos los países amazónicos, ya que cada uno posee una gran riqueza de productos de la biodiversidad del bioma. Por el momento, sin embargo, este avance se ve comprometido: colectivamente sólo reciben 0,17 % del valor total del potencial del mercado mundial”, asienta el texto.
El nuevo paradigma “puede conectarse con las ambiciones nacionales, con una mayor financiación y con una comunidad internacional dispuesta a apoyar esfuerzos cohesionados en la región”, según el documento elaborado en Belém.
Entre sus 31 recomendaciones destaca que se deben garantizar y ampliar los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales, protegiendo sus territorios contra amenazas externas y actividades ilegales: “Combatir la ilegalidad debe ser la máxima prioridad de los gobiernos”.
Con ello, reconocer que los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales son también responsables de proteger las mayores porciones de bosque que proporcionan servicios ecosistémicos esenciales para otros sectores económicos.
A continuación se propone reasignar “subsidios perversos y otras inversiones insostenibles” a incentivos económica y ambientalmente viables, y promover mecanismos híbridos de financiación.
Esos esquemas pueden facilitar actividades y modelos empresariales relacionados con la bioeconomía, como bonos y préstamos sostenibles, canjes de deuda por conservación de la naturaleza, y mecanismos de mejora del crédito, incluidos los dirigidos a pequeños productores, pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Se propone fomentar el crecimiento de las empresas y cooperativas locales, evitando requisitos legales excesivos y alineando la legislación medioambiental, sanitaria y fiscal con las necesidades y realidades locales específicas.
Por otra parte, se debe reforzar la gobernanza de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, establecida por los gobiernos en 1995, implicando activamente a la sociedad civil, los pueblos indígenas y las partes interesadas locales.
De entrada, debe desarrollarse un plan de trabajo conjunto a corto plazo sobre cómo evitar colectivamente el punto de no retorno de la Amazonia, que incluya objetivos comunes, métricas y un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.
Se pide la creación de un fondo regional para apoyar la ciencia ética, la tecnología y la innovación en la bioeconomía, para aumentar la valorización de sus productos y servicios, y desarrollar capacidades básicas y vocacionales.
Finalmente, se apunta a transformar las ciudades amazónicas en centros de bioeconomía mediante un plan integral de infraestructuras sostenibles, centrado en añadir valor a los productos y servicios de la bioeconomía, y que optimice el papel de los ríos para mejorar la conectividad y diversificar las fuentes de energía.
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