MIAMI, Estados Unidos – “Toda mi vida fue un desperdicio”, dijo Anwar, mientras me contaba sus traumáticas experiencias viviendo bajo el grupo armado Estado Islámico (EI) en el noreste de Siria.
Alrededor de 2018, cuando Anwar (un nombre ficticio para su protección) tenía 14 o 15 años, su padre, miembro del EI, le obligó a entrenarse con el grupo cuando era un adolescente. Incluso hizo que Anwar viera cómo infligía castigos brutales a las personas que infringían las normas del grupo islamista.
El sufrimiento era intolerable. Anwar intentó huir de su padre y escapar del territorio controlado por el EI en varias ocasiones. «Odiaba a todo el mundo», afirmó.
En 2011, cuando las primeras versiones del EI comenzaron a resurgir en Iraq, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se apresuró a documentar las violaciones que el grupo armado había cometido contra los niños.
Ese año, el secretario general de la ONU incluyó al grupo en el informe anual de la organización sobre los niños y los conflictos armados, en el que se nombra y avergüenza a los autores de violaciones graves. La ONU está obligada a negociar planes de acción con las partes que figuran en el informe como parte de los esfuerzos para detener y evitar que esas violaciones prosiguieran en el futuro.
Aunque el informe anual es una poderosa herramienta que incita a la acción en muchos contextos, ha tenido escasa repercusión en grupos como el EI, poco proclives a entablar un diálogo con la ONU.
“En los últimos 11 años, numerosas partes incluidas en el informe anual pueden clasificarse como «perpetradores persistentes», es decir, grupos y fuerzas armadas que han aparecido en el informe durante más de cinco años consecutivos y no han respondido a los informes sobre las violaciones que han cometido contra los niños.
El EI figura en el informe anual desde hace 13 años.
El Consejo de Seguridad de la ONU se ha centrado antes en la cuestión de los perpetradores persistentes, incluso mediante la aprobación de una resolución y la celebración de un debate abierto en 2012 donde se hizo hincapié en la importancia de abordar las violaciones cometidas por estos grupos y fuerzas. También se ha esforzado por promover sanciones contra las partes recalcitrantes.
A pesar de estas iniciativas, el Consejo de Seguridad de la ONU y su subsidiario, el Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los Niños y los Conflictos Armados podrían hacer mucho, mucho más para apoyar una rendición de cuentas significativa.
Enjuiciamientos nacionales de crímenes contra los niños
El Grupo de Trabajo, como principal órgano encargado de llevar a cabo el programa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, debería reforzar sus llamamientos a las Naciones Unidas y a sus donantes para que ayuden a los países a elaborar y aplicar leyes nacionales que tipifiquen como delito las violaciones graves contra los niños.
También debe apoyar a los sistemas nacionales de justicia penal para que exijan responsabilidades, de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
En la actualidad, muchos enjuiciamientos de autores no estatales de violaciones graves -como el EI en Iraq y Siria, y Boko Haram en Nigeria- tienen lugar en tribunales nacionales de lucha contra el terrorismo que, en muchos casos, no incluyen delitos de derecho internacional, y mucho menos delitos contra los niños.
El Grupo de Trabajo debe alentar el enjuiciamiento de miembros individuales de estos grupos en tribunales nacionales capaces de juzgar crímenes internacionales. Los enjuiciamientos podrían tener lugar en el Estado en el que se cometieron los delitos y, en su caso, en los Estados que ejercen la jurisdicción universal.
Es un principio jurídico en virtud del cual los Estados pueden enjuiciar a los autores de determinados delitos graves con independencia del lugar en el que se cometieron y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
Cuando los juicios por delitos contra los niños se celebren en tribunales antiterroristas, las autoridades competentes deben permitir a los fiscales y jueces basarse en el derecho internacional, proporcionar recursos suficientes para llevar a cabo los procesamientos y garantizar que los acusados puedan ejercer plenamente sus derechos a un juicio justo.
En los casos relacionados con niños vinculados a grupos y fuerzas armadas, los Estados deben tratar a los niños acusados de delitos durante su asociación principalmente como víctimas de violaciones del derecho internacional y no sólo como autores, de acuerdo con las normas internacionales.
Los niños nunca deben ser procesados por su mera afiliación a un grupo o fuerza armada.
Cooperar con la CPI y otros mecanismos internacionales
En situaciones en las que los sistemas jurídicos nacionales no puedan o no quieran perseguir los crímenes contra los niños, el Grupo de Trabajo debe explorar las oportunidades de colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) y otros mecanismos internacionales de justicia -como el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (MIII) sobre Siria o el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar- para lograr la rendición de cuentas.
Este tipo de colaboración se previó cuando el Grupo de Trabajo adoptó por primera vez una lista de medidas que podría tomar en respuesta a las violaciones graves contra los niños. La cooperación efectiva entre los mecanismos internacionales de justicia es fundamental para lograr una medida de justicia integral.
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El compromiso del Grupo de Trabajo con la CPI ha sido históricamente limitado, pero ha llegado el momento de desarrollar aún más las conexiones entre ambos organismos.
La Fiscalía de la CPI ha acogido con satisfacción las oportunidades de «fortalecer la cooperación con los actores pertinentes» y a principios de este año puso en marcha una consulta pública para renovar su política sobre los niños que «se basará en nuevos enfoques [para] lograr un cambio significativo».
En el pasado, algunos miembros del Grupo de Trabajo consideraron la posibilidad de indicar cuándo es probable que las partes hayan cometido un crimen de guerra u otros crímenes de la competencia de la CPI.
También han explorado la posibilidad de compartir sus conclusiones con la CPI, y de organizar que el fiscal de la CPI comparta sesiones informativas con el Grupo de Trabajo.
Hace 10 años, algunos miembros del Grupo de Trabajo también consideraron, en ausencia de una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU, invitar a los Estados que son parte del Estatuto de Roma a remitir situaciones a la CPI, en las que grupos o fuerzas armadas hayan cometido graves violaciones contra los niños.
Lamentablemente, las opiniones profundamente divididas sobre la CPI entre los miembros del Consejo han limitado, en el pasado, la adopción de estas recomendaciones.
Hay que proteger a los niños
Este 5 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra su debate abierto anual sobre los niños y los conflictos armados. La ocasión ofrece a todos los Estados miembros de la ONU la oportunidad de comprometerse públicamente a realizar esfuerzos para ampliar y reforzar la rendición de cuentas por las violaciones cometidas contra los niños.
Como primer paso, los Estados miembros deben pedir al secretario general de la ONU que, una vez más, identifique a los perpetradores persistentes en los informes anuales sobre los niños y los conflictos armados, una práctica que se interrumpió en 2017.
El Consejo tiene el poder de tomar más medidas en respuesta a algunos de los autores más atroces de crímenes contra los niños. Es inaceptable que niños como Anwar tengan que esperar tanto para que se haga justicia y se rindan cuentas.
Janine Morna es investigadora sobre la infancia del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
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