NAIROBI – Aunque abandonar el país y convertirse en refugiado es el último recurso, es una decisión que muchos, como Steve Kitsa, han tenido que tomar. A medida que el conflicto se prolonga en muchos países africanos, muchos otros darán este paso.
“En una cuestión de vida o muerte, hui de la República Democrática del Congo (RDC) hace cinco años y dejé atrás a mi anciana madre. Un día estábamos sentados en un grupo de jóvenes, charlando y disfrutando del sol de la mañana, cuando se nos acercó un pistolero solitario vestido de uniforme y empezó a disparar sin provocación”, contó Kitsa a IPS.
Añadió que este tipo de incidentes se habían vuelto demasiado comunes en la región oriental, y algunos de mis amigos fueron asesinados”.
Kenia acoge a una de las mayores poblaciones de refugiados de África. Kitsa es uno de los más de 520 000 refugiados y solicitantes de asilo registrados. Pero el defensor de los derechos humanos Irene Grace, que huyó de Uganda hace dos años, dice que el número es mucho mayor porque las fronteras son porosas.
No obstante, los registros oficiales indican que hay unos 287 000 refugiados proceden de Somalia, 142 000 de Sudán del Sur, 50 000 de la RDC y 32 000 de Etiopía. Muchos viven en los campos de Dadaab y Kakuma.
Otros, como Kitsa, han encontrado su camino en los centros urbanos kenianos de Nairobi, Kisumu, Mombasa y Eldoret. Estadísticas desactualizadas, de 2017, indican que más de 67 267 refugiados vivían entonces en Nairobi.
“Hay mucha explotación porque necesitamos a los locales para sobrevivir. En las carreteras hay muchos jóvenes que venden cacahuetes. Se nota que son de la RDC por el swahili que hablan. Venden estos cacahuetes bajo el sol abrasador, todo el día, todos los días, a cambio de un plato de comida y un lugar donde dormir, ya que los beneficios van a parar al que los acoge”, explicó.
“La mayoría estamos desesperados por ir a Francia”, reconoció.
Grace huyó de Uganda por promover los derechos de la comunidad Lgbtiq mientras el país reprimía sus derechos. A medida que se intensificaban las medidas represivas contra la comunidad, respaldadas por el gobierno, también lo hacían las amenazas contra su vida.
“La cuestión de los defensores de los derechos humanos en el exilio es un aspecto de la situación de los refugiados del que apenas se habla. El riesgo es muy alto, ya que se está bajo un alias en un país extranjero y, si te asesinan, es probable que no te identifiquen durante mucho tiempo, y pueden pasar años hasta que se descubran los hechos”, dijo
Y añadió: “La cuestión de quién tiene el deber de protegernos sigue sin respuesta».
Sus temores y preocupaciones reflejan las conclusiones del informe 2022 de la alianza mundial de la sociedad civil, Civicus, y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC, en inglés), que ponen de relieve el deterioro de los derechos civiles en Kenia. Según el informe, el gobierno estaba haciendo un uso excesivo de la fuerza para acallar la disidencia.
Kenia fue incluida en la «Lista de vigilancia» del Monitor Civicus de libertades y derechos humanos de junio del año pasado. Esta lista destaca los países en los que se ha producido un deterioro reciente y constante de las libertades civiles, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Este país de África oriental está calificado como “obstruido” por el Monitor Civicus. Ese observatorio clasifica a los países en cuanto a las libertades civiles, de peor a mejor, en cerrado, reprimido, obstruido, estrecho y abierto.
Hay 42 países en el mundo con la misma calificación. Esta calificación suele otorgarse a países donde quienes ostentan el poder coartan el espacio cívico e imponen una combinación de restricciones jurídicas y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
En 2021, Front Line Defenders (Defensores de primera línea) publicó un informe en el que acusaba a los gobiernos de Uganda y Kenia de dar libertad a la agencia de inteligencia del Servicio de Seguridad Nacional (NSS) de Sudán del Sur atacar en sus territorios a los activistas de derechos humanos que estaban refugiados tras haber huido del país.
“Es muy difícil continuar con el activismo en un entorno tan hostil, además de los muchos otros retos a los que nos enfrentamos, como la falta de documentación y de acceso a los servicios. Algunos dejamos atrás a nuestras familias, expuestas y desprotegidas”, explicó a IPS el activista sursudanés Deng G.
“En los ocho años que llevo viviendo en Kenia, he recibido muchas llamadas amenazantes desde Sudán del Sur, pero sé que la información sobre mi paradero procede de este país» de acogida”, afirmó.
Añadió que “la situación empeora cuando los activistas locales son el blanco. En el exilio, debes conectar con las redes locales para sobrevivir y continuar con tu activismo. Sé de activistas en Kenia que actualmente están detenidos sin juicio por protestar contra el alto coste de la vida”.
El organización keniana KHRC sigue expresando su preocupación por el uso indebido de las leyes para socavar las protestas pacíficas y recientemente respondió con celeridad cuando cinco activistas del Social Justice Center, un grupo de base con sede en Nairobi, fueron detenidos durante una protesta pacífica contra el controvertido Proyecto de Ley de Finanzas de 2023.
Una ley de orden público anterior a la independencia exige a los activistas que notifiquen a las autoridades las protestas con al menos tres días de antelación. La policía ha entendido erróneamente la disposición como un requisito para que las protestas sean aprobadas o denegadas, y la ha utilizado como excusa para considerar las protestas «no permitidas».
El ugandés Grace afirma que las continuas hostilidades han desbaratado los esfuerzos por promover la seguridad de los solicitantes de asilo y refugiados Lgbtiq en el complejo del campo de refugiados de Kakuma, en el noroeste de Kenia, cuyas vidas corren peligro.
Asegura que sufren discriminación y violencia física y sexual, entre otras formas de violación de los derechos humanos.
“No puedo viajar allí para determinar cómo podemos movilizarnos y mejorar su seguridad, trabajando mano a mano con activistas de base en Kenia. Hay agentes de seguridad corruptos y, en cuanto descubren que te escondes en el país, te conviertes en un objetivo. Quieren que les pagues para que hagan la vista gorda y sigas con tus actividades”, explicó.
El congoleño Kitsa afirma que el problema de los sobornos es uno de los más acuciantes para muchos refugiados que intentan integrarse con la población local.
“Suelen amenazarte con enviarte a los campos de refugiados a pesar de tener documentación que te permite vivir entre la población local. Pueden crearte muchos problemas”, detalló.
En este contexto, Grace considera que el activismo está siendo reprimido desde múltiples ángulos, y que los activistas de derechos humanos, tanto los locales como los que operan desde el exilio, deben volver a la mesa de dibujo para encontrar formas más seguras e impactantes de decir la verdad al poder y enfrentarse a los poderes fácticos.
T: MF / ED: EG
