MÉXICO – En las norteñas ciudades mexicanas de Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa, fronterizas con Estados Unidos, miles de hombres, mujeres y niños indocumentados se agolpan en albergues y campamentos improvisados a la espera de una oportunidad para cruzar al otro lado.
La situación se produce cuando llegó a su fin la noche del jueves 11 la aplicación temporal del Título 42, parte de una ley de 1944 que permite el control de la migración para proteger la salud pública. Con base de la pandemia de covid-19, decretada en marzo de 2020, Estados Unidos utilizó por casi tres años la norma para expulsar indocumentados de manera inmediata.
Como recambio, Washington usará desde este viernes 12 el Título 8, que ya estaba vigente y que permite la expulsión rápida de migrantes que entren a Estados Unidos de manera irregular y la prohibición de entrada por cinco años. Por el Título 42, Estados Unidos efectuó 2,78 millones de expulsiones desde 2020.
México enfrenta esta nueva fase oscura de la crisis de su política migratoria entre incertidumbre y poca claridad en las políticas de adaptación hacia el levantamiento de una medida aplicada durante 40 meses y la aplicación en forma endurecida de otra para quienes logren traspasar una frontera de 3200 kilómetros.
“El gobierno mexicano tiene retos en atender a población no mexicana y cuáles servicios da a sus propios connacionales. Habrá falta de servicios, muchas preocupaciones, como secuestro y violencia sexual. Vamos a seguir viendo a muchas personas llegando, sin los servicios necesarios”: Maureen Meyer.
Para Maureen Meyer, vicepresidenta de Programas de la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (Wola), con sede en Washington, este nuevo episodio es la repetición reforzada de dinámicas migratorias en la frontera.
“El gobierno mexicano tiene retos en atender a población no mexicana y cuáles servicios da a sus propios connacionales. Habrá falta de servicios, muchas preocupaciones, como secuestro y violencia sexual. Vamos a seguir viendo a muchas personas llegando, sin los servicios necesarios”, dijo a IPS desde la capital estadounidense.
A su juicio, “la pregunta es qué va pasar, existen muchas preguntas de qué va a hacer el gobierno mexicano”.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores dijo que preparaba ayuda consular a lo largo de la división limítrofe para la población mexicana afectada.
Un colectivo de organizaciones no gubernamentales enviaron el 9 de mayo una carta al gobierno para solicitar definición de acciones ante el cese del Título 42, sin que las autoridades hayan aclarado punto alguno sobre las medidas a adoptar.
Desde 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre del año anterior, usó a los migrantes de moneda de cambio para negociar en materia energética, política y ambiental con Estados Unidos, primero con el presidente Donald Trump (2016-2020) y luego con su sucesor, Joe Biden.
“(El fin del Título 42) Implica también que las personas busquen rutas más peligrosas y un incremento de la trata (de personas), de ser víctimas del crimen organizado, secuestro, extorsión. Y pedir asilo sin necesidad de quererlo”: Sandra Álvarez.
Ambos países, socios con Canadá en el comercial Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mantienen divergencias serias en temas energéticos, laborales y ambientales.
Con base a esa estrategia y acogiendo una solicitud tras otra de la Casa Blanca, México se ha convertido en receptor inseguro de migrantes de otros países.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Paul Mayorkas, dijo el jueves 11 que la frontera está cerrada y que deportarán a quien intenta ingresar para solicitar asilo sin solicitud previa aprobada por internet o causa justificada.
Luego de varias reuniones de funcionarios mexicanos con sus homólogos estadounidenses, López Obrador anunció el mismo jueves, mientras una ola de migrantes esperaba al lado mexicano el fin del Título 42, que enviará más militares a la frontera con Guatemala, en una repetición del endurecimiento fronterizo ocurrido desde hace una década.
Unos 25 000 militares mexicanos participan ya en la vigilancia fronteriza, según cifras de organizaciones defensoras de personas sin papeles, especialmente en el límite con Guatemala.
México facilita el paso de migrantes mediante visas humanitarias a sabiendas de que se van a topar al norte con la valla fronteriza de Estados Unidos y que ha provocado el colapso de la infraestructura migratoria, como albergues humanitarios y centros de detención.
Pero ninguna de las medidas aplicadas desde al menos 2020 ha frenado la movilidad humana, mucho menos la retórica mexicana de becas, apoyos económicos y subsidio a siembra de árboles en El Salvador, Guatemala y Honduras, como pregona López Obrador.
A su paso por México, los indocumentados sufren malos tratos, robos, discriminación, secuestro y extorsión, de grupos criminales, en connivencia con policías, militares y agentes migratorios.
Mientras, la subsecretaria de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de Estados Unidos, Julieta Valls Noyes, prepara una visita a México del 17 al 19 de mayo.
Tragedia en tiempo real
Las estadísticas muestran la dimensión de la crisis migratoria existente. Durante los tres primeros meses de 2023, México había detenido a 111 505 indocumentados, una cuarta parte del total de 2022.
Venezuela ha sido el mayor contribuyente a esa lista, con 19 944 migrantes en condición irregular, seguido por Ecuador (14 883) y Guatemala (13 349), en una demostración del surgimiento de nuevos generadores de flujos humanos y que desplazan a los actores históricos, como El Salvador, Guatemala y Honduras.
De los 444 439 capturados en 2022, 97 078 provinieron de Venezuela, 72 928 de Honduras y 69 515 de Guatemala, según las cifras oficiales.
México también mantiene la maquinaria expulsora, pues en 2022 deportó a 106 008 personas, de las cuales 44 959 llegaron de Guatemala, 40 700 de Honduras y 5003 de Cuba.
Al concluir marzo, las devoluciones de este año totalizaban 21 758, entre ellos, 9375 guatemaltecos, 7168 hondureños y 1836 ecuatorianos.
Sandra Álvarez, directora de la no gubernamental Sin Fronteras, previó un aumento masivo de personas que buscan solicitar asilo en Estados Unidos en ambas fronteras, en especial la del norte, con Estados Unidos.
La eliminación del Título 42 “implica también que las personas busquen rutas más peligrosas y un incremento de la trata (de personas), de ser víctimas del crimen organizado, de secuestro y extorsión. Y solicitar asilo sin necesidad de quererlo”, alertó a IPS.
En años recientes, la detención y deportación de indocumentados desde Estados Unidos ha crecido, pues en 2015 aprehendió a 596 560 personas y en 2021, a 1,87 millones.
La población mexicana detenida pasó de 307 535 en 2018 a 695 582 personas en 2021, el mayor nivel en una década. La detención de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños crece desde 2017 y en 2021 sumó 293 954, 104 586 y 331 397, respectivamente.
A la expectativa
Mientras progresa el nuevo episodio de la tragedia migratoria, las organizaciones defensoras de indocumentados barajan sus opciones para enfrentar la coyuntura.
Meyer, de Wola, insistió en atender las causas de la migración desde ambas naciones.
“Es necesario visibilizar la situación de personas solicitantes de refugio, vigilar los cambios en las políticas mexicanas de control migratorio, esfuerzos para proteger y dar servicios a esta población en la frontera norte y la impunidad en violaciones a derechos humanos”, planteó.
Por su parte, Álvarez, de Sin Fronteras, llamó a no criminalizar la migración.
“Las más afectadas son las personas en movilidad. Es necesario definir la responsabilidad de los Estados, según sean países de origen, tránsito y destino. Aunque cada Estado puede decidir a quién admite, está sujeto a estándares internacionales. El tema debe atacarse de fondo, con enfoques preventivos y de corresponsabilidad directa entre países”, propuso.
ED: EG
