LONDRES – El pasado octubre, Ales Bialiatski fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2022. Fue uno de los tres galardonados, junto a dos organizaciones de derechos humanos: la rusa Memorial y el ucraniano Centro para las Libertades Civiles. El Comité Nobel reconoció el «extraordinario esfuerzo de las tres organizaciones por documentar crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos y abusos de poder».
Pero Bialiatski no pudo viajar a Oslo para recoger su premio. Fue detenido en julio de 2021 y encarcelado desde entonces. Este mes fue declarado culpable de cargos falsos de financiación de protestas políticas y contrabando, y condenado a 10 años de prisión. Sus tres coacusados también fueron condenados a largas penas de cárcel. Además de ellos, muchos otros han sido encarcelados, entre ellos otros trabajadores y colaboradores de Viasna, el centro de derechos humanos que dirige Bialiatski.
Represión tras el robo de las elecciones
Los orígenes de la actual represión se remontan a las elecciones presidenciales de 2020. El dictador Alexander Lukashenko lleva en el poder desde 1994, pero en 2020 por primera vez un aspirante creíble se escapó del control para enfrentarse a él.
Sviatlana Tsikhanouskaya se presentó contra Lukashenko después de que su marido, el activista democrático Sergei Tikhanovsky, fuera detenido y se le impidiera hacerlo. Su campaña, independiente y protagonizada por una mujer, cautivó a la opinión pública, ofreciendo la promesa de un cambio y uniendo a muchos votantes.
La respuesta de Lukashenko a esta rara amenaza fue detener a varios miembros del equipo de campaña de Tsikhanouskaya, junto con varios candidatos de la oposición y periodistas, introducir restricciones adicionales a las protestas y restringir internet. Cuando todo eso no disuadió a muchos de votar en su contra, amañó descaradamente los resultados.
Este fraude flagrante desencadenó una ola de protestas de una magnitud nunca vista bajo el régimen de Lukashenko. En su punto más alto, en agosto de 2020, cientos de miles de personas salieron a la calle. La violencia sistemática del Estado y las detenciones tardaron mucho tiempo en acabar con las protestas.
Todo lo que Lukashenko ha hecho desde entonces es reprimir el movimiento democrático. Cientos de organizaciones de la sociedad civil han sido liquidadas por la fuerza o se han cerrado ante el acoso y las amenazas. Los medios de comunicación independientes han sido tachados de extremistas, sometidos a redadas y prohibidos de facto.
Las cárceles están abarrotadas de presos: se calcula que Bielorrusia cuenta actualmente con 1445 presos políticos, muchos de los cuales cumplen largas condenas tras ser juzgados por tribunales parcializados.
El único aliado de Lukashenko
La represión de Lukashenko es posible gracias a una alianza con un paria aún mayor: Vladimir Putin. Cuando la Unión Europea y otros Estados democráticos aplicaron sanciones en respuesta a la represión de Lukashenko, Putin concedió un préstamo que fue crucial para ayudarle a capear el temporal.
Lukashenko rompió así una larga estrategia de cuidadoso equilibrio entre Rusia y Occidente. El efecto fue unir a los dos líderes corruptos. Esto continuó durante la guerra de Rusia contra Ucrania. Cuando comenzó la invasión, algunas de las tropas rusas que entraron en Ucrania lo hicieron desde Bielorrusia, donde días antes habían estado realizando simulacros militares. También se desplegaron lanzamisiles rusos con base en Bielorrusia.
Pocos días después del inicio de la invasión rusa, Lukashenko impulsó cambios constitucionales, sancionados mediante un referéndum. Entre los cambios, se eliminó la prohibición de que Bielorrusia albergara armas nucleares.
El pasado diciembre, Putin viajó a Bielorrusia para mantener conversaciones sobre cooperación militar. En enero, los dos ejércitos participaron en ejercicios de entrenamiento militar ampliados.
Tras los cambios constitucionales, Putin prometió suministrar a Bielorrusia misiles con capacidad nuclear; Bielorrusia anunció que estaban plenamente operativos el pasado diciembre.
Sin embargo, hasta ahora los soldados bielorrusos no han participado directamente en combates.
A Putin le gustaría que lo hicieran, aunque sólo fuera porque sus fuerzas han sufrido pérdidas mucho mayores de lo esperado y las medidas para cubrir las lagunas, como la movilización parcial de reservistas el pasado septiembre, son impopulares en el país.
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Lukashenko ha logrado un equilibrio entre el discurso beligerante y la acción moderada, insistiendo en que Bielorrusia solo se unirá a la guerra si Ucrania le ataca.
Esto puede deberse a que el hecho de que Bielorrusia haya permitido la agresión rusa ha hecho que la población esté cada vez más descontenta con Lukashenko.
Muchos bielorrusos no quieren participar en una guerra ajena. Al comienzo de la invasión se produjeron varias protestas en Bielorrusia, que desembocaron en una previsible represión similar a la de Rusia, con numerosas detenciones.
Lo más importante es que las fuerzas de seguridad bielorrusas apoyaron a Lukashenko en el momento álgido de las protestas; si hubieran desertado, la historia podría haber sido diferente.
La plena implicación en la guerra probablemente haría que incluso los leales a Lukashenko se volvieran en su contra, incluso en el ejército. Los soldados podrían negarse a luchar. Sería un paso peligroso. A medida que la guerra con Rusia se prolonga, Lukashenko podría encontrarse caminando por una cuerda floja cada vez más compleja.
Dos países, una lucha
Quizá por ello, la última medida represiva de Lukashenko ha sido ampliar la pena de muerte. Los funcionarios del Estado y el personal militar pueden ahora ser ejecutados por alta traición. De este modo, Lukashenko dispone de una nueva y espantosa herramienta para castigar y disuadir las deserciones.
Además de preocuparse por su seguridad, los activistas bielorrusos, en el exilio o en la cárcel, se enfrentan al reto de garantizar que la causa de la democracia bielorrusa no se pierda en la niebla de la guerra.
Necesitan solidaridad y apoyo constantes para que el mundo comprenda que su lucha contra la opresión forma parte de la misma campaña por la libertad que libran los ucranianos, y que cualquier camino hacia la paz en la región debe significar también la democracia en Bielorrusia.
Andrew Firmin es editor jefe de CIVICUS, codirector de la publicación CIVICUS Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil.
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