KARACHI – “Si regreso a Afganistán, los talibanes me matarán; prefiero quedarme en una prisión en Karachi antes que enfrentarme a esa gente despiadada”, dijo Sabrina Zalmai, una refugiada afgana de 24 años, ante la creciente represión de las autoridades paquistaníes contra afganos indocumentados, a quienes arresta y deporta a su país.
Tras permanecer refugiada en Pakistán casi un año sin obtener una visa, esta refugiada de la que se da un nombre ficticio a su pedido, dijo que se sentía extremadamente insegura. “Estamos tratando de permanecer lo más invisibles posible”, dijo.
Sin embargo, Naghma Ziauddin, de 45 años, quien era periodista de televisión en Kabul y que huyo a esta ciudad del norte de Pakistán, dijo que vivir bajo el radar, ilegalmente, aquí es difícil.
Si fuera arrestada y deportada sería reconocida inmediatamente porque fui “muy expresiva en mi odio por los talibanes, y ellos conocen mi voz”, dijo esta profesional de la que como los demás testimonios se oculta su verdadero nombre por protección.
Ella, su esposo, dos hijos y una nuera enferma llegaron a Karachi en marzo de 2022. “Si nos meten tras las rejas, ¿cómo cuidaremos de mi nuera?”, dijo,
Agregó que “debido a los arrestos recientes, nos hemos encerrado en nuestra casa. Casi no salgo; siempre me preocupa que me detengan cuando llevo a mi nuera al médico para su control mensual”.
Según informes oficiales, unos 250 000 afganos han huido a la vecina Pakistán después de que los talibanes tomaran el poder en agosto de 2021.
Pero la amnistía extendida a quienes huyeron de Afganistán y entraron en Pakistán con visas válidas, que están ya vencidas, finalizó en diciembre de 2022.
Para renovar sus visas, tienen que volver a Afganistán, que a decenas de miles de afganos refugiados les parece un lugar todavía peligroso.
La mayoría de los que huyeron temían y temen encontrarse en el punto de mira de los talibanes.
Estos incluían soldados, jueces, periodistas, defensores de los derechos humanos y aquellos a quienes los talibanes despreciaban, como los chiítas hazaras, los LGBTI+, los músicos y los cantantes. También hay refugiados económicos que no tenían como sobrevivir en Afganistán tras el retorno al poder de los talibans.
Ziauddin considera las deportaciones “muy inhumanas”.
No solo es inhumano, dijo Umer Ijaz Gilani, un abogado de Islamabad, sino que es una violación del principio de no devolución, que rechaza la devolución forzosa de refugiados o solicitantes de asilo donde pueden ser perseguidos).
Gilani, actuando en nombre de 100 defensores de los derechos humanos afganos que buscan asilo, ha instado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno a ordenar a las autoridades paquistaníes que no los deporten.
“De lo contrario, quizás tengamos que llevarlos a los tribunales”, dijo a IPS en una entrevista telefónica desde la capital.
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Según Moniza Kakar, una joven abogada de derechos humanos de Karachi, los refugiados afganos están siendo arrestados en todo Pakistán.
“Son deportados de inmediato en otras provincias, pero en Sindh, los afganos arrestados son encarcelados durante meses, maltratados en las cárceles, multados y luego deportados”, dijo.
Kakar está ayudando en la liberación de los refugiados afganos en la provincia de Sindh, de la que Karachi es su capital. “Hasta ahora, de los 1400 detenidos (incluyendo 200 mujeres y 350 niños), 600 han sido liberados y deportados”, dijo a IPS.
“Si una persona vive ilegalmente en cualquier país, el gobierno toma medidas y les da el tratamiento que exige la ley”, dijo el ministro de Información de Sindh, Sharjeel Memon, al justificar los arrestos. “Nadie ha sido condenado a prisión por más de dos meses”, agregó. También negó que los niños fueran puestos tras las rejas.
Kakar dijo que debido a que Pakistán no había adoptado la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, “que impide que los Estados castiguen a las personas que ingresan ilegalmente a un país”, puede invocar la Ley de Extranjería nacional de 1946 contra los afganos que residen ilegalmente en Pakistán, a fin de deportarlos.
De los afganos encarcelados, dijo la abogada, casi 400 fueron arrestados injustamente porque tenían documentos válidos que les permitían permanecer en Pakistán. Estuvieron encarcelados durante meses hasta que se escucharon sus casos.
“Algunos afganos arrestados en (el distrito de) Jacobabad han sido sentenciados a hasta seis meses de prisión rigurosa y una multa de 5000 rupias (unos 18 dólares) para los hombres, y 1000 rupias (3,6 dólares) para cada uno de los menores y mujeres”, dijo, contradiciendo la declaración de Memon a los medios.
“¿Por qué multaron a menores cuando el gobierno afirma que no fueron infractores ni encarcelados?”, se preguntó.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno paquistaní a detener las deportaciones y brindar apoyo a los refugiados para que puedan vivir con dignidad y sin temor a ser devueltos a Afganistán.
En una carta al primer ministro Shehbaz Sharif, Agnès Callamard, su secretaria general, dijo que le resultaba alarmante señalar que el país carecía de legislación nacional para la protección de refugiados y solicitantes de asilo.
Es posible que Pakistán no haya firmado el protocolo de refugio internacional, pero Sikander Shah, docente en la facultad de derecho de la Universidad de Ciencias Administrativas de Lahore, argumentó que el país sí ha suscrito varias convenciones internacionales de derechos humanos, que protegen a los refugiados.
Entre los tratados, citó al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
A esos convenios los afganos pueden “recurrir para ayudar a los desventurados refugiados”, dijo Shah desde Lahore, la ciudad donde vive, en el extremo noreste de Pakistán y la segunda más poblada del país, detrás de Karachi.
“Según mi experiencia, los jueces en Sindh no simpatizan con los refugiados afganos”, señaló la bogada Kakar.
“De hecho, un juez dijo en audiencia pública que los refugiados no merecían ser vistos desde una perspectiva humanitaria; que eran criminales que estaban involucrados en actividades terroristas en nuestro país”, dijo esta joven activista de derechos humanos que se conduele de la abierta hostilidad que prevalece en muchos sectores de la sociedad paquistaní, incluido el legal.
También dijo que los afganos fueron especialmente maltratados tanto por las autoridades penitenciarias como por los reclusos. “Se quejan de que les cargan más de lo que les corresponde en el trabajo y no siempre les proporcionan comida”, dijo Kakar.
Muchos afganos aseguran que enfrentan “una discriminación constante”.
Armineh Nasar, de 21 años, otra refugiada que llegó a Karachi en diciembre de 2021, con su madre y sus tres hermanos, dijo que había sido testigo de muchas de esas discriminaciones.
“He visto cómo las madres paquistaníes alejan a sus hijos cuando descubren que están jugando con niños afganos. Los escuché decir que somos terroristas”, señaló esta joven de la que también se da un nombre ficticio.
Nasar, como le sucede a Zalmai y Ziauddin, no puede encontrar trabajo legal, por lo que pasa de una ocupación a otra hasta que surge el problema de los documentos.
“He trabajado en una oficina y en un supermercado, cada uno durante tres meses, y luego tuve que irme porque no podía mostrar ningún documento de identidad”, explicó.
Como hizo el bachillerato en Kabul, deseaba matricularse en estudios superiores. “Pero la administración de la universidad quería ver una tarjeta de refugiado antes de admitirme. ¡Me perdí un año por eso!” dijo Nasar, quien sueña con estudiar ciencias de la computación e ingresar a la profesión bancaria.
Pero no es solo que no puedan trabajar; sin documentación, los afganos no pueden acceder a la vivienda ni abrir cuentas bancarias (para poder recibir dinero). Tampoco pueden obtener una tarjeta de identificación o buscar tratamiento médico en una instalación del gobierno.
La historia de Zalmai es igualmente dura. Ella trabajaba en Kabul en una organización no gubernamental, lo que la hace temer las consecuencias de su deportación, porque al igual que Ziauddin, también expresó “muy abiertamente mi disgusto por los talibanes, y ellos saben quién soy”. Huyó con su abuela en enero de 2022 después de que su familia obtuviera una lista negra de los talibanes donde estaba su nombre.
Con una licenciatura en economía, su sueño de abrir una boutique en Kabul se vio frustrado. “Ahora, trabajo como empleada doméstica, barriendo pisos y gano hasta 300 rupias (1,30 dólares) por medio día de trabajo”, contó.
No puede encontrar ningún trabajo administrativo, ya que debe mostrar una tarjeta de identificación. “Nunca había hecho este tipo de trabajo, ni siquiera en casa, ya que estudiaba o trabajaba fuera”, detalló.
Como la mayor de una familia de siete, ella era la principal proveedora del hogar, porque ganaba el equivalente a 166 dólares mensuales, detalló a IPS. Su padre, guardia de seguridad en una oficina, ganaba menos.
Mientras, Ziauddin explica que con nadie en su familia que pueda ganar dinero, ve como los ahorros que lograron por vender sus joyas y enseres antes de huir a Pakistán, se agotan muy rápido.
“Estoy con mucha ansiedad, lo que ha provocado que mi presión arterial aumente”, dijo Ziauddin. Su médico le había sugerido que comenzara a caminar como una forma de ejercicio, lo cual hizo, pero lo dejó después de que le robaron el mes pasado.
“Si solo Acnur (Agencias de Naciones Unidas para los Refugiados) pudiera proporcionarnos los documentos que acreditan que somos refugiados, no tendríamos tantos problemas”, añadió.
Pero parece que incluso las manos de Acnur están atadas.
Desde 2021, Acnur mantiene conversaciones con el gobierno sobre medidas y mecanismos para apoyar a los afganos vulnerables. “Lamentablemente, no se han logrado avances”, dijo el portavoz de Acnur, Qaiser Khan Afridi.
Añadió que la agencia de refugiados estaba lista para trabajar con el gobierno de Pakistán para identificar a los afganos que necesitan protección y buscar soluciones a su difícil situación. Pero este último aún tiene que aceptar reconocer a los afganos recién llegados como refugiados.
“Sin embargo, permite a los afganos que poseen pasaporte y visa válidos cruzar a Pakistán; el proceso de solicitud de visa en línea también está disponible para aquellos que cuentan con pasaporte”, dijo Afridi.
Además, precisó, de acuerdo con su mandato, Acnur se esfuerza por encontrar soluciones duraderas para los refugiados, “pero la realización de tales soluciones está fuera de su control”.
Todo depende, argumentó, de los países para ofrecer oportunidades de reasentamiento en terceros países o para permitir que los refugiados se naturalicen como ciudadanos en el país donde solicitaron asilo.
“Desafortunadamente, el reasentamiento no puede estar disponible para toda la población de refugiados ya que las oportunidades son limitadas”, convino, pero Acnur está instando a Islamabad a incrementar mecanismos como los cupos de reasentamiento para los afganos.
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