CARACAS – El parlamento de Venezuela, en manos del partido gobernante, avanza en la aprobación de una ley para controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de manera que, en la práctica, no podrían existir de manera independiente.
La nueva ley “no solo pone en riesgo el trabajo de acompañamiento de víctimas de violaciones de los derechos humanos, sino también todo el trabajo humanitario, de asistencia social, que hacen organizaciones independientes”, advirtió a IPS Rafael Uzcátegui, coordinador de la oenegé de derechos humanos Provea, una de las más antiguas y reconocidas del país.
Igualmente categórico, el abogado Alí Daniels, director de la también oenegé Acceso a la Justicia, dijo a IPS que la ley “es contradictoria y, por diseño, está hecha para su incumplimiento, pues son imposibles de atender los 20 requisitos y 12 subrequisitos que impone a las organizaciones civiles”.
El proyecto, titulado como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, fue aprobado sin disenso en primera lectura (de conjunto, luego se debe discutir artículo por artículo) el 24 de enero por la unicameral Asamblea Nacional legislativa.
En ese parlamento de 277 diputados –cifra que excede los 165 inicialmente previstos por la Constitución de 1999- el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y sus aliados ocupan 256 bancas, y el resto grupos que rehusaron el llamado de la oposición mayoritaria parta boicotear la elección legislativa de 2020.
La exposición de motivos de la ley dice que se inspira en su similar boliviana de 2013, y destaca que las ONG “dependen casi en exclusiva de la ‘ayuda’ de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención”.
Diosdado Cabello, “número dos” en el Psuv del presidente Nicolás Maduro y jefe parlamentario del partido, planteó que grupos opositores “a través de las ONG conspiran contra el país. No son organizaciones no gubernamentales. No dependen del Estado venezolano, sino del gringo (estadounidense), son instrumentos del imperialismo”.
Con la nueva ley “se les acabó la mantequilla (lo fácil)”, resumió.
La hegemonía del Psuv se extiende, junto con los poderes Ejecutivo y Legislativo, al Judicial, al árbitro electoral y el poder moral republicano, integrado por la Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, más el sólido apoyo de la Fuerza Armada.
Los principales partidos de oposición han sido intervenidos por el poder judicial, varios de sus dirigentes están exiliados o electoralmente inhabilitados, y la prensa, radio y televisión con información distinta a la oficial prácticamente han sido llevados a la desaparición.
Además, en el país hay 270 presos políticos (150 militares y 120 civiles), según el registro cotidiano que lleva la ONG de derechos humanos Foro Penal.
En ese panorama destacan como voces críticas e independientes distintas oenegés y los obispos de la Iglesia católica.
Casi un mes después de aprobado el proyecto de la ley en primera lectura, no ha sido oficialmente presentado y circula el texto que trascendió informalmente desde el parlamento, disparando las alarmas de las organizaciones civiles.
Más de 400 organizaciones, incluidas varias del exterior como Amnistía Internacional, Civil Rights Defenders, Transparencia Internacional, Poder Ciudadano de Argentina, Chile Transparente y Centro de Derechos y Desarrollo de Perú, ya produjeron un documento expresando su alarma y rechazo ante esa ley.
También alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visitó Caracas dos días después de la aprobación de la ley, remarcó que al dialogar con las autoridades “reiteré la importancia de garantizar el espacio cívico, y pedí que se estableciera un amplio proceso consultivo sobre la ley”.
Atadas de manos
Las ONG critican que, en primer lugar, la nueva ley declara la inexistencia de todas las formas de asociación sin fines de lucro ya registradas (asociaciones, fundaciones y todas sus formas de unión), mientras no se adecúen a las nuevas disposiciones, lo que viola el principio de irretroactividad.
Además de las entidades que se definan como ONG, la ley también abarcaría a fundaciones benéficas o educativas, las cámaras u otras asociaciones empresariales e incluso a clubes sociales, es decir, cualquier tipo de asociación civil.
Luego, se establece una gran cantidad de requisitos, con registros obligatorios y renovación constante, “sin límite de tiempo ni criterios claros de evaluación, ni garantía de debido proceso en caso de negaciones”.
Daniels mencionó la obligatoriedad de una declaración jurada de patrimonio que la nueva ley prevé para los miembros, representantes y trabajadores de cada ONG, junto con datos detallados sobre la obtención y empleo de sus recursos.
Pero además se imponen fines en actas y estatutos, y se establece que para poder operar las organizaciones no solo deberán registrarse, sino obtener una autorización expresa del gobierno, que así podría decidir cuáles funcionan y cuáles no.
En caso de que esa autoridad sospeche que existe alguna irregularidad deberá abrir una investigación, y con esa sola apertura podrá, mediante una medida cautelar, suspender el funcionamiento de la organización a investigar.
Se prohíbe a las ONG realizar actividades políticas, de modo genérico, lo que abre campo para inculparlas en casos de defensa de derechos o críticas al Estado.
En cuanto a las sanciones por incumplir requisitos destacan las multas de hasta 12 000 dólares “que en la situación de crisis de Venezuela ninguna ONG puede cumplir sin que implique su disolución”, advirtió Daniels, y se agregan responsabilidades penales en algunos casos.
Para Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ley en marcha “viola el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y pretende el control de la sociedad”.
¿Por qué esta ley ahora?
Según Uzcátegui, la ley responde a una política de años para enfrentar a las ONG desde el Estado “en primer lugar porque hemos sido eficaces en llamar la atención de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”.
Contra autoridades venezolanas “se ha activado una investigación de la Corte Penal Internacional, inédita en el continente, sobre posibles crímenes de lesa humanidad, un golpe importante a la imagen internacional de Maduro”, recordó Uzcátegui.
Esa Corte efectúa una investigación preliminar sobre acusaciones contra el gobernante y otros responsables políticos y militares, tras acusaciones de familiares por su presunta responsabilidad en la muerte de manifestantes en protestas, de opositores o disidentes militares en interrogatorios, torturas y otros crímenes.
Venezuela vivió protestas multitudinarias, algunas cruentamente reprimidas, en 2014, 2017 y 2019, y en lo que va de 2023 se registran decenas de manifestaciones de trabajadores al servicio del Estado y pensionados, pues en el país el salario mínimo y millones de pensiones equivalen a menos de seis dólares mensuales.
El líder de Provea agregó que en lo que va de año se han desarrollado decenas de protestas de trabajadores por los bajos salarios y pensiones, “y las autoridades intentan frenar ese escenario de conflicto con los actores de la sociedad democrática”.
Finalmente consideró que la ley puede ser otra pieza de negociación llevada a los intermitentes diálogos entre el gobierno y la oposición, “como lo son los presos políticos”, de cara a la elección presidencial prevista para 2024.
Las consecuencias
Si la ley prospera “va a impedir el trabajo de voces críticas, de acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos, pero las consecuencias más terribles no van a ser vividas por las organizaciones sino por las personas que son las beneficiarias de nuestra acción”, destacó Uzcátegui.
Daniels indicó que la nueva ley no cubre a empresas como los bancos, por ejemplo, pero sí a sus agrupaciones, que son asociaciones civiles, o a las entidades que mantienen escuelas o comedores, muchas de ellas en los sectores más humildes, y que se registraron y actúan como fundaciones.
“Es el caso de los comedores comunitarios que lleva Cáritas (organización católica), o bancos de medicamentos gratuitos que llevan las ONG Convite y Acción Solidaria, o la red de escuelas comunitarias de Fe y Alegría (creadas por la orden católica jesuita)”, abundó Uzcátegui.
También son previsibles consecuencias en el escenario internacional, habida cuenta de que la mayoría de las ONG acude a donantes internacionales para financiar sus actividades, y porque diversas entidades internacionales no actúan directamente en el país sino a través de las oenegés convertidas en sus socios locales.
Pero además debe incidir en el juego político regional al seguir el camino marcado por Nicaragua, que ha ilegalizado a miles de organizaciones, y “estamos alertando a los países vecinos de que aumentará la crisis en Venezuela y con ello la emigración, incluida la de activistas de ONG buscando refugio”, dijo Uzcátegui.
Los 10 años de Maduro en la presidencia, marcados en el país por una aguda crisis económica, con caía de hasta 80 % de su producto interno bruto y una prolongada hiperinflación, más de siete millones de venezolanos –casi la cuarta parte de su población- se han marchado del país, principalmente a naciones vecinas.
Más de 90 organizaciones ya presentaron al mandatario colombiano Gustavo Petro una carta, pidiéndole que intervenga con gestiones para que se desestime la aprobación de la ley, y para ayudar a que se respeten los límites que no deben traspasar los Estados en perjuicio de la libre asociación como derecho humano.
Uzcátegui cree que la aprobación de la ley estimulará la imposición, sobre el Estado y sus parlamentarios, de más sanciones desde América del Norte y Europa.
Así “aumentarán las penurias de la población y la conflictividad, cuando lo que los venezolanos necesitamos son espacios de diálogo y entendimiento”, concluyó el responsable de Provea.
ED: EG
