BUENOS AIRES – En 1994 Argentina reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional. Sin embargo, se quedó a mitad de camino en el reconocimiento de derechos y la cuestión del territorio está generando, casi 30 años después, crecientes conflictos, que a veces enfrentan a comunidades originarias con el resto de la sociedad.
El 5 de febrero, una impactante caravana de unos 500 vehículos conducidos por productores agropecuarios y otros medios automotores recorrió la provincia de Mendoza, en el centro-oeste del país, para defender “la soberanía de nuestras tierras y la propiedad privada” frente a reclamos indígenas que cada vez son mayores y más visibles.
Quienes se manifestaron dijeron que no quieren que en Mendoza suceda lo mismo que en la provincia del Río Negro, en el sur del país, donde hubo distintos hechos de violencia en los últimos años, que tuvieron su pico en septiembre de 2022, cuando un grupo indígena que reclama tierras incendió una casilla de la Gendarmería Nacional.
Mientras, la enorme mayoría de las comunidades indígenas del país siguen esperando un título de propiedad comunitaria de las tierras que ocupan ancestralmente, al que señalan como la llave para acceder a otros derechos que se han quedado en el papel del texto constitucional, como la participación en la gestión de sus recursos naturales.
“No existe voluntad política de resolver este tema, debido a que hay intereses muy poderosos de las industrias petrolera, minera o del negocio agropecuario que se oponen”, dice a IPS Silvina Ramírez, miembro de la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI) y docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Todo esto se agrava porque existe una campaña de comunicación que intenta instalar la idea de que los indígenas quieren evitar el progreso y son el enemigo”, agrega.
“Debido a los intereses económicos sobre las tierras no tenemos el relevamiento de cuáles son los territorios indígenas. Eso es lo básico, el diagnóstico que es indispensable para pensar en resolver este problema”: Noelia Garone.
Del otro lado, Andrés Vavrik, productor ganadero de Mendoza y uno de los convocantes a la manifestación allí, asegura a IPS: “Nadie está en contra de los pueblos indígenas, pero nos preocupa que el Estado Nacional admita el derecho al territorio de cualquiera que se autoperciba indígena, porque ahí entramos en un terreno muy discutible”.
“Salimos a defender la propiedad privada”, dice desde la localidad mendocina de General Alvear.
En la marcha tuvieron un lugar protagónico un grupo de excombatientes de la Guerra de Malvinas, que Argentina perdió en 1982 contra Reino Unido, ocupante de las islas del Atlántico Sur desde hace 190 años.
La reacción se dio luego de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), organismo oficial a cargo del estudio y la delimitación de los territorios indígenas, reconociera los derechos de comunidades sobre 21 500 hectáreas en Mendoza.
Aunque el Inai salió a aclarar que su resolución “no implica de modo alguno la entrega o cesión de tierras”, ya que el organismo no tiene atribuciones para hacerlo, el gobierno de Mendoza objetó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Emergencia territorial
Argentina es un país que promovió formalmente la inmigración europea y la exclusión de los indígenas desde su organización nacional, en 1853.
En el censo de 2010, 955 032 personas se autoidentificaron como descendientes o pertenecientes a pueblos indígenas, apenas algo más de 2 % de la población total. En el censo 2022, que arrojó una población de 46 millones de habitantes, se volvió a preguntar sobre el tema, pero aún no se dieron a conocer los resultados al respecto.
Aunque el reconocimiento de los derechos de las comunidades en la reforma constitucional de 1994 fue trascendente desde el punto jurídico y simbólico, su aplicación en la realidad fue siempre difícil, con la cuestión de la tierra como eje.
Por ello, en 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de Tierras de las comunidades indígenas, que prohibió durante cuatro años los desalojos a esas comunidades, aun cuando existieran sentencias judiciales que los ordenaran.
Los primeros tres años de esos cuatro debían ser utilizados para realizar un relevamiento de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promover su titulación.
Sin embargo, pasaron 17 años y la ley sigue vigente, ya que debió ser prorrogada varias veces, lo que demuestra el fracaso de su implementación.
El Inai completó los relevamientos solo para 46 % de las comunidades con personería jurídica, según informó a fines de 2022. Y hoy el camino es mucho más largo que antes, porque en 2007, cuando comenzaron a registrarse las comunidades y comenzó el relevamiento, se inscribieron 950, número que hoy creció hasta 1825.
De todas maneras, el relevamiento no implica titulación. Este es un paso aún mucho más complicado, porque sigue sin existir en el país una ley que regule la propiedad comunitaria indígena, que debe ser distinta del condominio previsto por el Derecho Civil cuando existe más de un dueño.
La ley de propiedad comunitaria es otro viejo reclamo de los pueblos indígenas y de organismos derechos humanos, que el legislativo Congreso Nacional no satisface.
Si bien hay algunas comunidades en el país que recibieron su título de propiedad de manos de gobiernos provinciales que usaron distintas formas jurídicas, no se sabe cuántas son ni qué superficie abarcan esos territorios indígenas.
“La ley de emergencia territorial se dio en un contexto muy particular de avance del negocio del cultivo y exportación de soja en la Argentina, que provocó una situación muy grave de desalojos permanentes de comunidades indígenas”, explica Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), organización de derechos humanos.
“Desde entonces ningún gobierno ha querido entregar tierras a indígenas y ni siquiera las comunidades asociadas en Lhaka Honhat (que viven en la provincia de Salta, en el norte del país) han podido acceder a un título de propiedad comunitaria y ejercer plenamente sus derechos, aunque obtuvieron una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añade a IPS.
Para Morales, la situación hoy es más difícil de resolver, porque comunidades indígenas históricamente discriminadas y postergadas, que en los últimos años han ganado mayor conciencia de sus derechos, ahora no solo reclaman por los territorios que ocupan sino también enarbolan reivindicaciones de tipo cultural en territorios de los que fueron desplazados sus antepasados.
Violencia y debate
Diego Frutos, quien sufrió varias veces la ocupación y el ataque a su propiedad en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, por parte de grupos que reclaman su propiedad para comunidades del pueblo mapuche, asegura que existen personas que buscan sacar ventajas de los derechos indígenas para reclamar tierras que no les corresponden.
“Yo no niego los derechos de los mapuches, pero quienes atacaron mi propiedad no conforman una comunidad registrada. No pueden serlo, porque no tienen un lazo sanguíneo ni la ocupación ininterrumpida de un territorio. Son un grupo de jóvenes que buscan aprovecharse del paraguas de los derechos indígenas”, sostiene Frutos a IPS desde su localidad.
Frutos está convencido de que quienes atacaron su propiedad son apoyados por el gobierno del presidente de centroizquierda Alberto Fernández, que está tironeado por las dos partes: los pobladores indígenas y los productores asentados en sus tierras, sin que ninguna se sienta conforme con su actuación y en que es complejo evitar el conflicto.
También le puede interesar:
Los indígenas despiertan a una Argentina que los había olvidado
Sin embargo, Sandra Ceballos, integrante del pueblo kolla y vicepresidenta de AADI, la asociación de abogados por los derechos indígenas, afirma a IPS, en cambio, que el gobierno persigue a los indígenas, como lo demuestra el hecho de un inusual comando conjunto de fuerzas federales y provinciales en Río Negro, luego de los hechos de violencia de septiembre.
Noelia Garone, abogada de la oficina argentina de Amnistía Internacional, advierte que la falta de reconocimiento al derecho a la tierra ha desencadenado múltiples vulneraciones a otros derechos de las comunidades indígenas, como a la educación, la salud, el agua o el trabajo.
“Debido a los intereses económicos sobre las tierras no tenemos el relevamiento de cuáles son los territorios indígenas en Argentina. Eso es lo básico, el diagnóstico que es indispensable para pensar en resolver este problema”, detalla a IPS.
ED: EG
