NACIONES UNIDAS – Altos responsables de las Naciones Unidas defendieron al ministro de Defensa de Colombia, Iván Gutiérrez, acusado de presunta corrupción en Guatemala, y criticaron al país centroamericano por intimidar, hostigar y tomar represalias contra funcionarios de la justicia que luchan contra la impunidad.
El secretario general de la ONU, António Guterres, “expresa una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se están llevando a cabo acciones penales contra quienes trataron de arrojar luz sobre casos de corrupción” en Guatemala, declaró su portavoz, Stephane Dujarric.
Velásquez integró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que entre 2007 y 2019 apoyó al sistema judicial de ese país en más de 100 casos de alto perfil de presunta corrupción, en los que se involucró a funcionarios del gobierno, Congreso, poder judicial y del sector privado.
Desde el pasado agosto, Velásquez es ministro de Defensa de Colombia en el gabinete del presidente Gustavo Petro, mientras en Guatemala la fiscalía pretende llevarlo a juicio en una investigación por corrupción en negociaciones con la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Colombia y Guatemala han llamado a consultas a sus respectivos embajadores, Petro ha dicho que no permitirá que se procese a su ministro y las relaciones entre ambos países se han colocado cerca de la ruptura.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
La secretaría general de la ONU recordó que Velásquez, como parte del personal internacional de la Cicig “goza de inmunidad y esa inmunidad se mantiene, aunque ya no ocupen su cargo”.
Port su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que “resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos sean los que están siendo perseguidos y procesados”.
Türk manifestó su “profunda preocupación por las repetidas y crecientes intimidaciones, hostigamientos y represalias” contra los funcionarios de justicia involucrados en la lucha contra la impunidad.
El 16 de enero el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala anunció órdenes de captura contra tres funcionarios de justicia, uno de los cuales fue miembro del personal de la Cicig.
Según la oficina de derechos humanos de la ONU en Guatemala el número de funcionarios de justicia que sufren intimidación, o se enfrentan a cargos penales por su trabajo en casos de corrupción o de violaciones de derechos humanos, aumentó más de 70 % entre 2021 y 2022.
El incremento de esas persecuciones ha incidido especialmente entre quienes investigan o procesan casos ocurridos en el contexto del conflicto armado que tuvo lugar entre 1960 y 1996 en el país centroamericano.
Mientras que algunos han sido detenidos, procesados o condenados bajo alegaciones de abuso de poder, otros han debido marcharse al exterior para evadir las represalias.
Türk recordó que, tras la disolución de la Cicig en 2019, se produjo “un aumento constante del número de casos de hostigamiento y acusaciones penales contra sus antiguos funcionarios y fiscales”.
Esos procesos judiciales y “la falta de garantías al debido proceso, socavan el estado de derecho en todo el país”, afirmó el titular de derechos humanos de la ONU.
“Pido a las autoridades que tomen las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionen la protección necesaria a los funcionarios de justicia”, finalizó Türk.
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