LIMA – En América Latina el deterioro de la cobertura de protección social en la vejez ha dejado a más de un tercio de las personas mayores de 65 años sin ningún tipo de ingresos ni pensiones, lo que agrava su vulnerabilidad, reveló un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El estudio indicó que “la proporción de personas mayores sin ingreso laboral ni pensión aumentó de 31,9 % en 2019 a 34,6 % en 2020 y 34,5 % en 2021”, lo que indica que su precariedad se agravó con la pandemia covid-19.
“La pandemia visibilizó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el conjunto de políticas y programas que garanticen una cobertura integral frente a los distintos riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida”, según el análisis de la OIT.
Los datos desagregados indican que en la región 46,8 % de los mayores de 65 años recibe una pensión, 5,1 % recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta únicamente ingreso laboral. En total, solo 51,9 % cuenta con una pensión.
Los países mejor situados están en el Cono Sur, y el relativamente más avanzado es Brasil, donde 73,3 % de las personas mayores de 65 años tiene pensión y otro 6,9 % tiene ingreso laboral y pensión. Con solo ingreso laboral está 4,7 % de los adultos mayores, y apenas 15,1 está desprotegido sin ingresos o pensión.
En Argentina 68,8 % de los mayores de 65 tienen pensión, 8,3 % pensión e ingresos laborales, 5,8 % solo ingresos por su trabajo y 17,1 % carece de pensión o ingresos.
Y en Uruguay 68,9 % de sus personas mayores tiene pensión, 4,9 % pensión e ingresos laborales, 6,8 % solo ingreso laboral, y 19,4% está desprotegido.
En cambio en Paraguay solo 8,6 % de los mayores de 65 años tiene una pensión, 34,2 % depende de ingresos laborales y sin ninguna clase de ingreso está 55,4 %.
En Chile 42,8 de esos adultos mayores tiene pensión, 7,8 % ingresos laborales, 8,8 % ambas cosas y 40,5 % no tiene ni ingresos laborales ni está pensionado.
Los cuatro países andinos analizados (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) tienen cifras similares y en promedio 23,8 % de sus mayores de 65 años están pensionados, 23,5 % solo cuentan con ingresos por su labor y 48 % no tienen ni pensión ni ingresos laborales.
En México 23,6 % de los mayores de 65 años tiene una pensión, mientras que dependen solo de sus ingresos laborales 19,8 %, y la proporción de quienes carecen tanto de pensión como de ingresos alcanza a 55,2%.
En América Central, Costa Rica y Panamá tienen los mejores números de pensionados (47,1 y 41,5 % respectivamente), y Panamá es el país de la región mejor ubicado (10 %) en cuanto a mayores de 65 años que tienen pensión e ingresos.
A la zaga marchan El Salvador, con 62 % de adultos mayores sin pensión o ingresos laborales (según cifras de 2019) y República Dominicana (57 %). El estudio no incluyó ni a Cuba ni a Venezuela.
El informe recordó que la seguridad social es un derecho humano presente en los instrumentos internacionales en la materia, y llamó a cumplir con las garantías básicas a lo largo de la vida, que incluyen la seguridad económica para las personas mayores.
“Esto significa garantizar la seguridad económica durante el periodo de retiro de la fuerza de trabajo o cuando existen dificultades para contar con ingresos laborales”, puntualizó la publicación de la OIT.
La protección social “es fundamental para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades, especialmente en un contexto marcado por una crisis que ha afectado con mayor fuerza a los sectores más vulnerables”.
El análisis recalcó asimismo que la protección social para las personas mayores debe incluir el acceso a la salud y a servicios de cuidados, e hizo énfasis en que éstos deben ser partes centrales de un sistema integral de protección social.
Expuso la situación de las mujeres en la región, que tienen menores tasas de participación laboral, mayores tasas de desocupación, desigualdad de ingresos, y baja densidad de cotización en los sistemas contributivos de pensiones.
Por todo ello, el documento de la OIT aboga por establecer regímenes de pensiones no contributivas que aseguren un piso de protección social en la vejez.
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