RÍO DE JANEIRO – Cuando se están por cumplir dos semanas de las elecciones presidenciales, activistas de la extrema derecha mantienen el acecho a los cuarteles, reclamando un golpe de Estado, pero sin conmover la opinión pública, más interesada en los rumbos del nuevo gobierno de Brasil.
Los camioneros y seguidores radicales del presidente saliente Jair Bolsonaro que provocaron bloqueos parciales o totales en cerca de mil puntos de carreteras, en los días siguientes a las elecciones presidenciales del 30 de octubre, se desmovilizaron gradualmente a partir del cuarto día, pero persisten las protestas delante de los cuarteles.
Miles de bolsonaristas se manifestaron en casi todo el país el 2 de noviembre, Día de los Muertos, para reclamar una “intervención federal”, es decir de las Fuerzas Armadas, ante un supuesto fraude en el escrutinio de la segunda vuelta electoral, en que el triunfo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva frustró la reelección del ultraderechista Bolsonaro.
En algunas unidades militares más importantes, los manifestantes acamparon en los alrededores, en el intento de anular el resultado electoral y promover un golpe. La extrema derecha en Brasil tiene como su principal referencia la dictadura militar de 1964 a 1985.
Delante del Cuartel General del Ejército, en Brasilia, son centenares de activistas a veces apoyados por manifestantes eventuales. El 9 de noviembre recibieron el refuerzo de 115 camiones, estacionados en las cercanías.
Mientras, el ministro de la Defensa, el general retirado Paulo Sergio de Oliveira, divulgó el mismo día un crítico informe sobre la evaluación del proceso electoral, hecha por un equipo especializado de las Fuerzas Armadas desde la primera vuelta el 2 de octubre.
“No apuntó ningún fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas” y en el escrutinio, se aprestó a decir el presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, también juez del Supremo Tribunal Federal, luego de recibir el informe.
Ambigüedad militar alienta golpistas
Pero el general Oliveira destacó dos “vulnerabilidades” en el sistema electoral, y no la conclusión de que se comprobó ausencia de fraudes, al divulgar el estudio castrense.
Los especialistas militares no tuvieron acceso al código-fuente, donde puede haber “riesgo relevante para la seguridad del proceso” y el sistema electrónico no está totalmente protegido de “la influencia de un posible código malicioso”, realzó el general.
De esa forma el ministro de Defensa deja abierta una puerta, aunque basada en suposiciones, al cuestionamiento de las elecciones por los adeptos del presidente. Ese el combustible de las protestas que se dirigen exactamente a los militares como último recurso en la lucha por el poder político.
La movilización de los bolsonaristas más radicales no parece tener la mínima posibilidad de éxito. Gran parte de los 58,1 millones de votos que obtuvo Bolsonaro, 49,1 % de los votos válidos en la segunda vuelta, son de la derecha sin ánimo dictatorial, alimentada por convicciones contra la izquierdista o contra Lula involucrado en escándalos de corrupción durante su gobierno de 2003 a 2010.
De la extrema derecha, importantes líderes, como el saliente vicepresidente Hamilton Mourão, general retirado y elegido senador, reconocen la derrota electoral. Bolsonaro también la admitió, pero sin declararlo explícitamente y manteniendo sospechas sobre las urnas electrónicas que siempre fueron blanco de sus ataques.
Brasil emplea esas urnas desde 1996, sin registro de ningún fraude comprobado. La seguridad y eficacia del sistema son reconocidas internacionalmente y permiten conocer el resultado en pocas horas tras el cierre de la votación.
Su credibilidad, que solo empezó a ser cuestionada por Bolsonaro tras su triunfo su elección a la presidencia en 2018, dificulta la repetición, en Brasil, de la táctica del expresidente Donald Trump, de Estados Unidos, de negar la derrota en 2020 y ser creído por gran parte de los estadounidenses.
Gobierno de unidad nacional
Ajeno a las maniobras ultraderechistas, Lula, como presidente electo, acelera la preparación de un gobierno a que intenta darle el carácter de unidad nacional, con un equipo de transición compuesto de representantes de 14 partidos, economistas de distintas corrientes y especialistas variados en áreas como salud, educación y agricultura.
Eso tiende a aislar la extrema derecha, un efecto ya esperado por la usual adhesión del llamado “Centrón” o gran centro, un conjunto de partidos de centro y centro-derecha que suelen apoyar el gobierno, poco importa su sesgo ideológico.
Pero Lula dejó claro su deseo de ampliar al máximo la coalición, ante la amenaza de un Congreso que deslizó más a la derecha, con la elección de decenas de diputados y senadores extremistas, a ejemplo del general vicepresidente y diez ex ministros del gobierno de Bolsonaro.
La amplitud del frente democrático que se armó en la campaña electoral y se amplió en esa transición de gobierno también genera dificultades, especialmente en la economía. Lula y su Partido de los Trabajadores, de izquierda, son conocidos por sus prioridades sociales, en desmedro de la austeridad fiscal.
Eso asusta economistas ortodoxos y el mercado financiero.
El dólar subió casi 4,2 % y la Bolsa cayó más de 3 % este jueves 10 de noviembre, después que Lula y sus representantes defendieron inversiones sociales, con su exclusión del “techo de gastos”, que impone un límite presupuestario, basado en la suma del año anterior corregida por la inflación.
Pero ese es un impulso insoslayable del gobierno de Lula, cuyos compromisos electorales son netamente sociales.
Combatir el hambre de 33 millones de brasileños, o sea de 15 % de la población nacional de 215 millones de habitantes, y restablecer los programas de alimentación escolar y vivienda popular son promesas electorales ineludibles.
Además Lula triunfó por la votación obtenida entre los pobres, lo que se refleja en el 69,3 % de votos válidos que obtuvo en el Nordeste, la región más pobre de Brasil, en la segunda vuelta.
Esa es probablemente una enseñanza que dejan esas elecciones, que los pobres se dieron cuenta de su fuerza política y difícilmente un nuevo presidente se elija sin concederles prioridad a los programas sociales, mientras haya tantos pobres en Brasil. Asegura la sobrevida a la izquierda.
De evangélicos a militares
La extrema derecha también confirmó una fuerza electoral, con el 49,1 % de la votación de Bolsonaro.
Pero mientras el conservadurismo religioso, principalmente los evangélicos, constituyeron la gran fuerza ultraderechista en las elecciones, ahora ese protagonismo vuelve a los militares. Ya no se trata de captar votos, sino desestabilizar el futuro gobierno si se orienta muy a la izquierda.
Las Fuerzas Armadas, por la voz del ministro de Defensa, pusieron bajo una espada el proceso electoral, al imponerse como una de las instituciones a examinar el sistema electoral brasileño. Al contrario de las demás, no divulgó sus conclusiones tras la primera vuelta el 2 de octubre.
Prometió hacerlo después de la segunda vuelta. Y lo hace ahora con restricciones. Reconoció no haber comprobado fraudes, como las demás auditoras, pero sostiene que hay vulnerabilidades en las urnas electrónicas.
Tergiversar es un atavismo militar en Brasil, que hace presentar la dictadura militar de 1964-1985 como un “marco democrático” y negar torturas y desapariciones políticas en el período. Su aversión a la izquierda es evidente, aunque niegue preferencias políticas.
De todos modos un golpe de Estado no parece viable, incluso porque las Fuerzas Armadas declinaron en la confianza popular, después de su participación en el gobierno de Bolsonaro.
Las encuestas de internacional del Instituto IPSOS sobre confiabilidad global apuntan que solo 30 % de los entrevistados brasileños confiaban en sus militares brasileños en el inicio de 2022, el cuarto peor resultado en 28 países. El año anterior ese índice era de 35 %. Mientras, las respuestas “no confiables” subieron de 26 % a 34 %.
ED: EG
