MÉXICO – Los gobernadores republicanos de los estados sureños de Arizona, Florida y Texas utilizan a los migrantes como un botín político, al enviarlos de modo obligado a ciudades del noreste de Estados Unidos, denunció la directora para el hemisferio de Amnistía Internacional (AI), Érika Guevara Rosas.
“La crueldad de las prácticas de traslado de grupos de personas migrantes y solicitantes de refugio impuestas por los gobernadores de Texas, Arizona y Florida, son una muestra de su desdén por los derechos humanos y la dignidad de quienes necesitan protección”, escribió Guevara Rosas en su cuenta de la red Twitter.
Desde mayo, los gobernadores Doug Ducey (Arizona), Ron De Santis (Floridfa) y Greg Abbott (Texas) han enviado, a ciudades como Washington, Nueva York y Chicago, aviones y autobuses repletos de inmigrantes irregulares interceptados en la frontera, sobre todo centroamericanos y venezolanos.
“Vemos como estos gobernadores republicanos se aprovechan del contexto crítico y de las necesidades de estas personas para utilizarlos como botín político, para ganar popularidad entre sus simpatizantes más conservadores”, dijo Guevara Rosas.
Los migrantes, a menudo familias enteras, son obligados a abordar los transportes, se los desembarca sin previsión alguna de refugio en lugares públicos de las ciudades de destino, y quedan dependientes de iniciativas locales de ayuda humanitaria.
Solo a la ciudad de Washington llegaron en los últimos tres meses más de 9000 personas reenviadas desde el sur, lo que forzó a la alcaldesa Muriel Bowser a crear una oficina especial para atender el tema y buscar recursos extraordinarios de asistencia y seguridad.
“Vemos como estos gobernadores republicanos se aprovechan del contexto crítico y de las necesidades de estas personas para utilizarlos como botín político, para ganar popularidad entre sus simpatizantes más conservadores”: Érika Guevara Rosas.
El telón de fondo político es la confrontación entre los partidos Demócrata –del presidente Joe Biden- y Republicano, que medirán fuerzas en las elecciones de mitad de período en noviembre, en las que estarán en juego un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y 36 gobernaciones de estado.
La crisis escaló espectacularmente después de que el 14 de septiembre aterrizaron en la rica isla Martha´s Vineyard –donde hay mansiones y casas de millonarios y expresidentes demócratas-, en el nororiental estado de Massachusetts, dos aviones con inmigrantes, fletados por el gobernador de Florida.
La mayoría de esos inmigrantes eran venezolanos a quienes se les hizo creer, al abordar, que su destino sería la ciudad de Boston, también en Massachusetts.
De Santis justificó la medida como réplica “a la inacción del gobierno (central), que no mueve un dedo” para hacer segura la frontera sur.
El día 15 dos autobuses con inmigrantes enviados desde Texas llegaron cerca de la casa en Washington de la vicepresidenta, Kamala Harris, a quien Biden ha encargado del manejo de la inmigración en la frontera sur.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que “los gobernadores republicanos utilizan a los migrantes como peones políticos: es vergonzoso, es imprudente, y simplemente equivocado. Y recuerden que se trata de personas que huyen del comunismo, que huyen de la penuria”.
El propio Biden advirtió a los gobernadores que “están jugando a la política con seres humanos. Lo que están haciendo simplemente está mal, es antiestadounidense, es imprudente”.
“Contamos con un protocolo para manejar a los migrantes en la frontera. Estamos trabajando para asegurar que (el proceso) sea seguro, ordenado y humano. Los republicanos no deben interferir con acrobacias políticas”, agregó el presidente.
Parte del problema, según investigaciones de prensa estadounidense, se debe a que la desbordada administración migratoria del país no procesa con celeridad las solicitudes de asilo y refugio, lo que deja en situación irregular a solicitantes de alguno de esos mecanismos de protección y estadía legal en Estados Unidos.
Según Guevara Rosas “la Administración Biden no ha logrado superar los desafíos que dejó la anterior –la presidencia de Donald Trump (2017-2021)- y siguen prácticas como invocar el Título 42 para expulsar a personas al lado mexicano de la frontera, en condiciones de inseguridad”.
El Título 42 es un estatuto de salud pública y bienestar promulgado en 1944 que permite la expulsión “en caliente” de migrantes irregulares invocando razones sanitarias, y Trump justificó su aplicación debido a la pandemia covid-19.
Guevara Rosas subrayó que a muchos migrantes se los expulsa, y ahora se los traslada entre estados, sin información, sin su consentimiento y “en violación de las propias leyes estadounidenses”, pues muchos de ellos podría calificar para medidas de asilo, y mientras se procesan sus casos podrían permanecer donde deseen.
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