SAN SALVADOR – Enfermarse es uno de los peores temores que afronta Jorge, un salvadoreño que vive en Estados Unidos, pues sin acceso a una póliza médica ni a programas públicos de salud, sabe que no podrá pagar el costo de un servicio hospitalario.
“Me asusta pensar en qué pasaría si llegara a enfermarme, aquí los servicios médicos son carísimos”, contó Jorge a IPS, por videollamada, quien pidió no mencionar su apellido por el temor de que, por ser indocumentado, pueda ser rastreado y deportado por las autoridades migratorias estadounidenses.
Jorge, de 56 años, dejó hace más de 10 años su natal El Salvador, el más pequeño de los países centroamericanos, donde laboraba como profesor de inglés. Se fue a Estados Unidos para labrarse un mejor futuro.
“Me vine a buscar el sueño americano, pero ese sueño ahora es una especie de pesadilla americana”, dijo, sentado a un lado de su cama, en el pequeño cuarto donde vive, en la ciudad de Silver Spring, en el estado de Maryland, en el este de los Estados Unidos.
Sin documentos legales para vivir en ese país, el salvadoreño se ve imposibilitado de encontrar un mejor empleo, y debe conformarse con trabajar en una empresa distribuidora de vegetales, granos y otros víveres, a compradores por internet. Le pagan 13 dólares por hora.
“Una noche en un hospital, dependiendo de la afección, en general puede costar de 5000 a 10 000 dólares”: Emilio Amaya.
“De hecho, estoy sintiendo un dolorcito raro aquí, en esta parte del brazo”, agregó, y mostró la zona que ha comenzado a doler.
Según él, el dolor probablemente se deba a las largas horas que debe pasar dentro de un cuarto frío, a una temperatura de 4 ° C, por ser el encargado de sacar los productos para luego ser empaquetados y despachados.
Sin salud en el país más rico del mundo
Como Jorge, muchos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en los Estados Unidos enfrentan la dura realidad de poner en riesgo sus vidas al no acudir a recibir servicios hospitalarios, principalmente por dos razones.
Primero porque saben que esos servicios médicos son exorbitantemente elevados, incluso para las personas ciudadanas y residentes y peor aún para ellos, los indocumentados, que no tienen empleos bien remunerados y en general no son elegibles para participar de programas estatales o federales de asistencia médica.
Y segundo, porque esas personas temen ir a hospitales porque creen, con alguna razón, de que ahí van a llegar las autoridades migratorias a detenerlos y deportarlos.
“El temor no es infundado, ha habido casos documentados de personas que acudieron a recibir atención médica y los hospitales llamaron a la oficina de migración”, dijo a IPS el director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios San Bernardino, Emilio Amaya.
Sin embargo, Amaya matizó: “No podemos decir que eso sea generalizado, han sido casos aislados, pero es común en localidades fronterizas con México”.
Esa organización, ubicada en el área de San Bernardino Riverside, en California, en el oeste del país, brinda ayuda a migrantes indocumentados desde 2001, añadió Amaya, un mexicano que vive en Estados Unidos desde hace unos 40 años.
Sobre el elevado costo de los servicios hospitalarios, Amaya agregó: “En términos generales, al margen de la situación migratoria, el acceso al cuidado médico es difícil y caro”.
Y se complica más, refirió, en el caso de los inmigrantes indocumentados, pues no buscan ayuda hospitalaria, porque no califican para programas públicos de asistencia médica para personas de bajos recursos, como el Medicaid, o por el temor mencionado de ser detenidos por las autoridades migratorias.
Con eso, ponen en riesgo su salud.
La posibilidad de recibir cobertura médica, dijo, producto de programas estatales o federales, depende del estado o la ciudad donde se viva, pues no hay una norma nacional que aplique igual en todo el país.
Y si bien en general las personas indocumentadas tienen dificultad para ser elegibles para algún tipo de asistencia médica pública, como el programa nacional Medicaid, en algunos estados del país, como en California, se han dado pasos positivos hacia una mayor inclusión.
“Por años hemos estado trabajando en una campaña llamada Salud para Todos, que ha ido permitiendo que cualquier persona, al margen de su situación migratoria, pueda tener acceso a servicios de salud pública”, comentó Amaya.
Dijo que hace unos años se logró que los jóvenes hasta 26 años, al margen de su situación migratoria, calificaran para el Medicaid, y el año pasado se aprobó una ley que da cobertura médica a cualquier persona mayor de 55 años, independientemente del estatus migratorio.
“Ahorita estamos tratando de que eso se amplíe a cualquier persona al margen de su edad”, sostuvo.
Pero “esto no es así en otros estados, como Texas, Alabama, Tennessee, las Carolinas, donde el acceso al cuidado médico para la comunidad indocumentada es inexistente”, aseguró.
Un ojo de la cara
La mayoría de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos provienen de cuatro países: México y los centroamericanos Guatemala, El Salvador y Honduras, que enfrentan agudos problemas de desempleo, de inseguridad y de falta de educación, vivienda y otros.
En Estados Unidos, la nación más rica y poderosa del mundo, impera un sistema de salud dominado por una visión comercial, empujado por una rama de la industria financiera, la de los seguros.
“Aquí es el capitalismo más salvaje, en toda su gloria”, señaló Jorge, mientras hablaba con IPS a las 7:00 de la noche del jueves 18 de agosto, y al mismo tiempo preparaba sus alimentos y otros detalles, para levantarse el día siguiente a las 4:00 de este viernes 19 y empezar a trabajar una hora después, en una jornada que puede llegar a extenderse hasta 14 horas.
Quien no tiene un empleador que le brinde un seguro médico, o es beneficiario de programas como el Medicaid, diseñado con fondos estatales o federales para cubrir a personas con poca capacidad de pago, el costo de un tratamiento médico lo debe enfrentar cada quien, en solitario, y cuesta un ojo de la cara.
“Una noche en un hospital, dependiendo de la afección, en general puede costar de 5000 a 10 000 dólares”, dijo Amaya.
Una operación puede rondar los 50 000 a 100 000 dólares, “y alguien con cáncer termina con una deuda de medio millón de dólares”, añadió.
Los hospitales están obligados por ley a brindar servicios médicos, independientemente de la situación migratoria de las personas.
Pero cuando no se tienen ninguna póliza privada ni ninguna cobertura médica, y con una factura por pagar de varios miles de dólares, esos hospitales dan a las personas la posibilidad de pagar el servicio en cuotas mensuales.
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Según la cadena de televisión por suscripción CNN, que citó un reporte publicado en julio de 2021 por Kaiser Family Foundation, 23 % de los inmigrantes en general y 46 % de los inmigrantes indocumentados no tienen seguro, en comparación con algo más de 9 % de los ciudadanos estadounidenses.
Jorge contó que un compañero de trabajo, un guatemalteco indocumentado cuyo nombre prefirió no suministrar, sufrió un problema de una hernia hace seis meses. Fue al hospital cuando ya no aguantaba el dolor, y el tratamiento le costó 12 000 dólares.
“Desde entonces, tiene esa deuda con el hospital, no ha podido pagar ni un cinco (nada) hasta ahora”, dijo Jorge.
El suegro de ese guatemalteco, que tampoco quiso identificar, tuvo un accidente laboral, se cayó del techo de una casa y sufrió múltiples fracturas, narró Jorge.
Colocarle un metal que suplantara el hueso roto, más varias sesiones de terapia, costó 400 000 dólares, aseguró.
Mientras que Óscar, un inmigrante mexicano que ya logró la ciudadanía estadounidense, contó a IPS que en 2004, recién llegado como beneficiario de un programa de trabajos temporales legales, auspiciado por un acuerdo binacional, sufrió de estrés, y buscó ayuda.
Una ambulancia de uno de los hospitales de Panamá City Beach, la ciudad del estado de Florida donde vivía entonces, llegó a recogerlo para que recibiera asistencia médica. Ahora reside en la ciudad californiana de Richmond..
“Me hicieron una radiografía y un electrocardiograma, y estuve como dos horas en el hospital, y por eso me cobraron 800 dólares”, contó Óscar, de 56 años, que trabaja como conductor de taxi en la plataforma digital Lyft.
La cobertura médica incluida en el contrato de Óscar solo cubría accidentes laborales, aseguró, no otro tipo de dolencias fuera del ámbito de trabajo, aunque probablemente el estrés estaba directamente ligado a las labores en un hotel que realizaba.
Amaya, el director del Centro San Bernardino, señaló que pese a la carga de estar pagando deudas por el servicio hospitalario recibido, la organización alienta a las personas indocumentadas a buscar ayuda médica.
“Más vale salvar la vida con una deuda a plazos que perder la vida por no buscar el servicio extremadamente caro”, finalizó.
ED: EG
