Migrantes temporales, entre la trata, el trabajo forzoso y la explotación

Recolectores mexicanos en una finca del estado de California, en el oeste de Estados Unidos. La cantidad de trabajadores temporales agrícolas provenientes de México ha aumentado en años recientes en Estados Unidos y con ello, las violaciones a derechos humanos. Foto: Cortesía de Linnaea Mallette
Recolectores mexicanos en una finca del estado de California, en el oeste de Estados Unidos. La cantidad de trabajadores temporales agrícolas provenientes de México ha aumentado en años recientes en Estados Unidos y con ello, las violaciones a derechos humanos. Foto: Cortesía de Linnaea Mallette

MÉXICO – Al mexicano Eduardo Reyes, originario de Puebla, en el centro de México, su enganchador y empleador en Estados Unidos le ofrecieron un contrato de 40 horas de trabajo semanales, pero padeció cientos de horas sin pago, labores no autorizadas bajo la visa recibida y vencimiento de los permisos.

Contratados por el reclutador Vázquez Citrus & Hauling (VCH), Reyes y otros cinco trabajadores temporales llegaron entre mayo y septiembre de 2017 a Estados Unidos, meses antes de empezar a trabajar para Four Star Greenhouse, en el norteño estado de Michigan.

En 2018, trabajaron más de 60 horas semanales, recibieron cheques sin fondos y nunca obtuvieron una copia del contrato, a pesar de que la legislación estadounidense lo exige.

Cuando se quejaron ante Four Star y su reclutador por la explotación, este último los entregó en julio de ese año a autoridades migratorias para su deportación, por el vencimiento de las visas, sin que su agente les informase.

En diciembre de 2017, el estadounidense Departamento de Trabajo (DOL, en inglés) autorizó la llegada de 145 trabajadores a la localidad de Carleton, en Michigan, a instalaciones de Four Star. Ganarían 12,75 dólares por hora durante 36 horas semanales, entre enero y julio de 2018.

El caso de Reyes está plasmado en la querella 2:20-CV-11692, a la que tuvo acceso IPS, interpuesta ante la División Sur de la Corte del Distrito Este de Michigan por seis trabajadores mexicanos en contra de la empresa y su administrador, a quienes acusan de apropiación de salarios, trabajo forzoso y represalias laborales.

Esta historia de explotación tiene un agravante que muestra las falencias del sistema de visas para trabajadores agrícolas temporales, categorizada como H-2A, de la administración estadounidense.

Estados Unidos instituyó en 1943 las visas H-2 para trabajadores extranjeros temporales sin calificación y en la década de los 80 estableció las categorías H-2A para el campo y 2B para otras labores, como jardinería, construcción y personal hotelero.

Esas visas facilitan que tandas de ciudadanos mexicanos, sobre todo del área rural, migren por temporadas a realizar labores agrícolas en el país vecino, en forma regular, con la intermediación de empresas reclutadoras y el destino en explotaciones   incluidas en una lista.

En 2016, el estadounidense Departamento Transporte multó a VCH, basada en el estado de Florida, con 22 000 dólares por un accidente de bus en el que murieron seis trabajadores del programa, cuando regresaban de Monroe (Michigan) a México.

Dos años después, la División de Salarios y Jornadas del DOL vetó a VCH y su propietario por tres años debido a violaciones al programa en el estado de Carolina del Norte, como falta de reembolso de gastos de viaje y de registros de nómina y jornadas laborales. Empero, ambos siguieron en el sector.

La odisea de los trabajadores comienza en México, donde son reclutados por contratistas individuales –trabajadores o antiguos trabajadores de un patrón estadounidense, colegas, parientes o amigos, en sus comunidades de origen-–o por agencias privadas estadounidenses.

Problema estructural

El caso de Reyes exhibe los problemas de explotación laboral, trabajo forzoso y riesgo de trata de personas a los que los participantes en el programa H-2A están expuestos, sin que las autoridades mexicanas y estadounidenses intervengan para prevenir la violación de derechos humanos.

Defensores de los derechos de estos trabajadores circulares y expertos señalaron un empeoramiento de las condiciones laborales, alertaron de la amenaza de trata de personas y trabajo forzoso, y denunciaron la impunidad reinante.

Para Lilián López, representante en México del estadounidense Proyecto Polaris, el diseño y operación del programa redundan en alto riesgo de trata de personas y trabajo forzoso, por factores como la falta de supervisión y la injerencia de los reclutadores.

“La vulnerabilidad económica coloca a los migrantes en situación de riesgo, pues muchos trabajadores se endeudan para llegar a Estados Unidos, y eso les da muchísimo poder a las agencias. Pueden imponer cualquier tipo de requisitos para acceder a esos empleos. A veces, los reclutadores hacen ofertas más atractivas de lo que en realidad son. Eso es fraude”, señaló a IPS en Ciudad de México.

El registro de llamadas a la Línea de Atención Nacional de Trata de Personas de Estados Unidos, operada por Polaris, refleja el aparente incremento del flagelo. Entre 2015 y 2017, 800 personas con visas temporales, de las cuales 500 eran H-2A, se comunicaron a su número y entre 2018 y 2020, 2890 personas, un incremento de 360 %.

Para Evy Peña, vocera del mexicano Centro de los Derechos del Migrante, los sistemas de trabajo temporal están diseñados para beneficiar a los empleadores, quienes tienen todo el control, junto con los reclutadores.

“Desde el momento en que son reclutados, no hay transparencia. Hay falta de supervisión del DOL, hay partes del reclutamiento que deben ser supervisadas por el gobierno mexicano. Hay cosas que el gobierno mexicano tiene que resolver en su propio territorio”, explicó a IPS desde la norteña ciudad de Monterrey.

Su diagnóstico es contundente: la situación ha empeorado, por la pandemia.

Estados Unidos y México han idealizado el programa H-2A, pues resuelve falta de empleo en zonas rurales, fomenta el envío de remesas que le dan oxígeno financiero a esas áreas y atiende una demanda vital en centros productores de alimentos que proveen a los hogares estadounidenses.

Pero los costos humanitarios son altos, como atestiguan los casos revisados. La mexicana Secretaría (ministerio) del Trabajo y Previsión Social registra 369 agencias de colocación laboral en 29 de los 33 estados mexicanos. Para enrolamiento de mano de obra al extranjero, operan siete –cuatro en Ciudad de México–, cantidad pequeña en comparación con las miles de visas emitidas en 2021.

Por su parte, el DOL reporta 241 reclutadores autorizados en esa nación y que trabajan para un puñado de empresas estadounidenses.

Las autorizadas en México no aparecen en el listado estadounidense y viceversa, en otra muestra del escaso intercambio de información entre ambos socios.

La cantidad de visas H-2A para trabajadores mexicanos viene en aumento, pues en 2020 el gobierno estadounidense autorizó 201 123, una alta cifra empujada por la pandemia. Esa cifra creció 22 % en 2021, al llegar a 246 738.

En los primeros cuatro meses del año, los consulados estadounidenses en México entregaron 121 516 visas de ese tipo, 18 % más que en el mismo lapso de 2021, cuando concedieron 102 952.

En 2021, los estados más demandantes de mano de obra mexicana fueron Florida, Georgia, California, Washington y Carolina del Norte, en actividades como agricultura, manejo de equipo agrícola y construcción.

En ese contexto, Estados Unidos y México acordaron la entrega de otras 150 000 visas para trabajadores temporales, en un intento por mitigar la migración forzada desde el sur, que incluirá también a temporeros centroamericanos.

Los detalles de esta ampliación los anunciarían los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en una reunión que sostendrán el 12 de julio en la Casa Blanca y que tendrá la migración como uno de los temas principales de la agenda.

Trabajadores agrícolas mexicanos esperan que les hagan una prueba de covid-19 en 2020 en Immolakee, una localidad del estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos. La pandemia golpeó duramente a los portadores de visas H-2A, destinadas principalmente a trabajo agrícola temporal. Foto: Médicos Sin Fronteras

Indiferencia

Lidia Muñoz, doctorante de la estadounidense Universidad de Oregón y quien ha estudiado el reclutamiento laboral, subraya que en México no hay políticas al respecto, a pesar de que el gobierno conoce el problema.

“Hay reglamento para agencias (de contratación) que no se sigue a la letra. La mayoría de enganchadores no está registrada. Los intermediarios son los que más ganan. No hay supervisión adecuada”, aseguró a IPS desde la estadounidense ciudad de Portland, la mayor ciudad del estado de Oregón.

El artículo 28 de la mexicana Ley Federal del Trabajo, de 1970, regula la prestación de servicios de trabajadores contratados dentro de México para labores en el extranjero, pero en la práctica no se cumple.

Esa norma obliga al registro de los contratos ante las autoridades laborales, el depósito de una fianza para garantizar su cumplimiento, la responsabilidad del contratista extranjero de asumir gastos de transporte, repatriación, alimentación del trabajador y de inmigración, así como pago del salario íntegro, indemnización por  riesgos laborales y acceso a vivienda adecuada.

Además, el trabajador mexicano tendrá derecho a seguridad social para extranjeros en el país donde ofrezca sus servicios.

Si bien el gobierno mexicano podría recurrir a tal artículo para resguardar los derechos de los migrantes, se ha negado a aplicarlo.

Entre 2009 y 2019, la Secretaría del Trabajo realizó 91 inspecciones a agencias de colocación laboral en nueve estados e impuso 12 multas por unos 153 000 dólares, pero ninguna a vinculadores con trabajadores circulares. Además, los registros del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no contienen demandas laborales por quebranto a esa regulación.

México es parte del Convenio 96 sobre las Agencias Retribuidas de Colocación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que violaría por los incumplimientos con los trabajadores temporales.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ignora a cuántos trabajadores bajo H-2A ha asistido mediante la atención consular. Asimismo, no sabe a cuántas demandas ha asesorado.

El consulado en la estadounidense ciudad de Denver recibió tres quejas laborales, fechadas el 25 de julio, 12 de agosto y 28 de octubre  de 2021, que canalizó a “aliados especializados en la materia, quienes brindaron la asesoría correspondiente a los interesados”, según una respuesta de SRE a una solicitud de información de IPS.

El consulado en Washington captó “reportes verbales anónimos” sobre temas laborales, que trasladó a organizaciones de la sociedad civil para que “se proporcione el acompañamiento correspondiente”.

Los equipos consulares han estado activos en algunas zonas estadounidenses en 2021. Por ejemplo, funcionarios mexicanos hicieron recorridos en ocho corporaciones entre mayo y septiembre de 2021 en Denver, en el estado de Colorado.

En Filadelfia, hubo visitas a 12 compañías entre abril y agosto de ese mismo año. En Milwaukee, se hicieron presentes en 26 empresas entre junio de 2021 y abril de este año, repetidos en Washington en seis centros de trabajo entre agosto y octubre de 2021. Sin embargo, se desconocen los resultados de esas visitas.


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Por parte de México, este país incumple los “Principios generales y directrices para la contratación equitativa” de 2016, de la OIT.

Esa guía estipula la contratación apegada a derechos humanos, acuerdos voluntarios, libres de engaño o coacción; condiciones de empleo específicas, verificables y comprensibles, sin cobros anexos ni inmovilidad laboral.

A Ariel Ruiz, analista del estadounidense Instituto de Política Migratoria, le preocupa la expansión del programa sin mejoras en derechos.

“Hay violaciones a derechos laborales antes de llegar a Estados Unidos, en el reclutamiento suele haber pagos ilegales, seguimos escuchando reportes de que los empleadores intimidan a los trabajadores”, enumeró para IPS desde Washington.

“También hay problemas en acceso a servicios de salud y representación legal” en caso de abusos, añadió el analista del Instituto no gubernamental.

Judicialización

En la última década se han presentado al menos 12 demandas de trabajadores del programa en contra de empleadores interpuestas ante tribunales estadounidenses.

Para Muñoz, la especialista de Oregón, los juicios pueden ayudar a reformar el sistema.

“Ha habido casos que han derivado en entrega de visas para víctimas de trata. Pero es difícil ver cambios en Estados Unidos. Pueden ser posibles en la supervisión. Han surgido cambios legales por el robo de salarios a los trabajadores”, previó.

López, de Polaris, valoró las querellas, pero aclaró que no resuelven los problemas sistémicos. “Lo que se necesita es reformar de raíz el sistema”, planteó.

Estados Unidos ha hecho una prioridad la libertad sindical en México. Por ello, Peña pidió que atienda también la situación de las visas H-2A.

“Si toman con seriedad la mejora de derechos laborales, no pueden dejar de lado la responsabilidad que tienen con los trabajadores migratorios. Es como crear un estándar doble”, cuestionó.

Mientras Estados Unidos y México van a ampliar el programa de visas temporales a América Central, los especialistas consultados temen que en esa proporción se extiendan los abusos.

Este reportaje fue producido con apoyo de  las organizaciones Dignificando el Trabajo e Iniciativa Arropa de la Fundación Avina en México.

ED: EG

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