NUEVA DELHI – Cuando se cumplen cinco años del último gran éxodo forzado de los rohinyás de Myanmar, su petición de justicia y responsabilidad de la comunidad internacional continúa.
El 25 de agosto de 2017, los militares de Myanmar iniciaron una masiva campaña de masacres, violaciones e incendios provocados en el norte del estado de Rakhine, señaló la organización internacional Human Rights Watch en su último informe, “Myanmar: ni justicia ni libertad para los rohinyás cinco años después. El aniversario de las atrocidades pone de manifiesto la inacción internacional”.
Este jueves 25 se conmemora el Día del Recuerdo del Genocidio Rohinyá, en la fecha que obligó a casi 750 000 rohinyás a huir a Bangladesh, mientras que unos 600 000 siguen bajo el régimen opresivo de Myanmar, la antigua Birmania, desde febrero de 2021 bajo un régimen militar tras un golpe de Estado.
Los rohinyás son una minoría musulmana en el territorio birmano, donde el Estado no les reconoce entre los grupos étnicos oficiales y desde 1982 se les niega la ciudadanía. Se la considera la minoría más perseguida del planeta y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado la campaña en su contra en 2017 como de “limpieza étnica”.
“Nadie ha rendido cuentas por los crímenes contra la humanidad y los actos de genocidio cometidos contra la población rohinyá. Este aniversario debe impulsar a los gobiernos implicados a tomar medidas concretas para que los militares de Myanmar rindan cuentas y garanticen la justicia y la seguridad de los rohinyá en Bangladesh, Myanmar y en toda la región”, según el informe.
Los cientos y miles de refugiados rohinyá que entraron en el sur de Bangladesh a través de las playas y los arrozales en 2017, trajeron consigo relatos de la indecible violencia y brutalidad que les obligó a huir, dijo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el informe.
“Los que huyeron de los ataques y la violencia en el éxodo de 2017 se unieron a unas 300 000 personas que ya se encontraban en Bangladesh procedentes de anteriores oleadas de desplazamiento, formando así el mayor campo de refugiados del mundo”, según el informe.
En este mes de agosto, alrededor de un millón de rohinyá viven en el complejo de campos de refugiados Kutupalong, en Cox’s Bazar, en el sur de Bangladesh, en la frontera con Myanmar, en el sur de Asia.
Mohsina Chaklader, médica de Humanity Auxilium, dijo a IPS en una entrevista que “los refugiados rohinyá llegaron con traumas físicos y mentales directamente atribuibles a las agresiones del ejército de Myanmar, que incluyen violencia física, muerte de seres queridos y muchos días de viaje sin comida”.
Humanity Auxilium es una organización no gubernamental internacional, con su base en Canadá, enfocada en el área de la salud, que proporciona atención médica y formación a las comunidades más marginadas del mundo.
Chaklader dijo en que en Cox’s Bazar ha tratado heridas visibles y traumas psicológicos profundos.
“Las condiciones que presencié incluían fracturas, heridas profundas, desnutrición, infecciones y trastornos de estrés postraumático. Las mujeres y niñas rohinyá constituyen más de 50 % de la población que llega a estos campos”, explicó.
La médica añadió que las mujeres rohinyás “se enfrentaron a retos únicos, ya que muchas fueron torturadas y violadas en grupo durante el genocidio, y muchas dieron a luz a niños como resultado de esas violaciones”.
“Estas víctimas también fueron rechazadas por sus maridos debido a las violaciones y agresiones. Hoy en día, las mujeres están preocupadas por el futuro de sus hijos nacidos en estos campos”, comentó.
Aunque ha habido mejoras, las condiciones de los refugiados rohinyás siguen siendo nefastas.
“En mis últimas visitas he visto una mayor organización estructural, pero los campamentos siguen carentes de infraestructuras -sistemas de drenaje adecuados, aseos, suministro de agua limpia y segura- y los desprendimientos de barro en los campamentos dificultan la movilidad”.
A juicio de Chaklader, “los retos siguen siendo enormes. La atención médica no es suficiente para satisfacer las demandas de una población que vive en condiciones de hacinamiento e insalubridad”.
Cerca de medio millón de niños refugiados rohinyá están exiliados de su país de origen y muchos de los nacidos en ese limbo tienen actualmente poco acceso a la educación.
Según un estudio del Consejo Noruego para los Refugiados, aproximadamente 96 % de los jóvenes encuestados de entre 18 y 24 años están actualmente desempleados, y nueve de cada 10 de entre 18 y 24 años están endeudados, habiendo pedido dinero prestado en los últimos seis meses.
Peor es aún el caso de las mujeres, porque 99 % de las que tienen de 18 a 24 años están desempleadas.
“A falta de una solución política y del reasentamiento de los refugiados en terceros países, será importante desarrollar la autosuficiencia económica dentro de los campos”, afirmó Chaklader.
La activista sanitaria considera que “aunque Bangladesh ha sido generoso en la acogida de los refugiados, el gobierno puede hacer más para ofrecer oportunidades educativas y económicas a los habitantes de los campos de refugiados”.
“Bangladesh, al ser un país en vías de desarrollo, necesita una cooperación y una financiación más urgentes por parte de la comunidad internacional para satisfacer las necesidades de los refugiados”, remarcó.
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A principios de este año, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió durante su primera visita a Bangladesh con líderes religiosos y mujeres y visitó los campos de Cox’s Bazar.
Bachelet subrayó la importancia de garantizar que existan condiciones seguras y sostenibles para cualquier retorno de los refugiados a Myanmar y que este debe realizarse de forma voluntaria y digna.
“Naciones Unidas está haciendo lo mejor que puede para apoyarles, seguiremos haciéndolo, pero también tenemos que ocuparnos de las profundas raíces del problema. Tenemos que ocuparnos de eso y garantizar que puedan volver a Myanmar cuando se den las condiciones de seguridad y retorno voluntario”, dijo.
Pero en Myanmar, de hecho, la mayoría de los rohinyás no tienen identidad legal ni ciudadanía, y su situación como apátridas condiciona sus vidas.
Los niños rohinyá que permanecen en el estado de Rakhine, por su parte, se han visto acorralados por la violencia, el desplazamiento forzoso y las restricciones a la libertad de movimiento.
Hasta que se den las condiciones en Myanmar para el retorno de las familias rohinyás sus lugares de origen, sus miembros seguirán siendo refugiados o desplazados internos que viven en condiciones de hacinamiento y muchas veces peligrosas.
Ante la evidencia de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra las minorías étnicas de este país, en noviembre de 2019, Gambia inició un procedimiento contra Myanmar basado en la Convención sobre el Genocidio, invocando la responsabilidad del Estado por las operaciones autodenominadas «de limpieza», llevadas a cabo en 2016 y 2017 contra los rohinyás.
Sobre la base de esta solicitud, presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2020, el máximo tribunal de la ONU emitió una orden de medidas provisionales de conformidad con el artículo 41 de su estatuto.
La CIJ ordenó a Myanmar que impidiera la comisión de actos de genocidio, que garantizara que sus fuerzas militares, policiales o de cualquier otro orden no cometieran actos de genocidio, y que presentara un informe de la situación de los rohinyás cada seis meses hasta la sentencia definitiva de la Corte.
En febrero de 2022, se celebraron audiencias para examinar las objeciones de Myanmar a la jurisdicción de la CIJ y la admisibilidad del caso presentadas en enero de 2021. El tribunal rechazó los cuatro argumentos de Myanmar en la orden de medidas provisionales de 2020.
La Coalición por la Justicia en Asia, en un comunicado de prensa, acogió con satisfacción los avances en la CIJ, a pesar de la preocupación por el hecho de que los militares representen a Myanmar en la CIJ.
A su juicio, el caso ofrece la oportunidad de ver a la Junta responder a las acusaciones de genocidio ante un foro jurídico internacional y de luchar contra la arraigada impunidad en Myanmar. “El proceso ante la CIJ es un medio importante para que Myanmar rinda cuentas por las atrocidades masivas cometidas contra los rohinyá”, dijo la organización.
Con el fin de dar un impulso a la justicia y de acabar con la cultura de la impunidad rampante en Myanmar, en marzo de 2022 el gobierno de Estados Unidos determinó formalmente que el ejército de Myanmar había cometido crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad contra los musulmanes de la etnia rohinyá en el estado de Rakhine.
Aunque los grupos de derechos humanos han acogido con satisfacción estos esfuerzos, sigue aumentando la preocupación por el flujo migratorio hacia los países del sur y el sureste de Asia, ya que en estas regiones aumenta el rechazo al islamismo y al refugio de grupos o personas perseguidas.
También coinciden los activistas de derechos humanos en la necesidad de que los gobiernos adhirieran a las convenciones internacionales relativas a los refugiados a la hora de abordar estas crisis migratorias y humanitarias masivas en curso.
Con la inestabilidad en que está sumida de Myanmar desde el golpe militar de febrero de 2021, las condiciones para una repatriación segura al país están muy lejos de darse, en este día en que se conmemora el genocidio contra los rohinyás.
T: MF / ED: EG
