LIMA – “Que no la dejen de buscar”, invoca Patricia Acosta, madre de Estéfhany Díaz, desaparecida el 24 de abril del 2016 junto con sus hijas de cinco años y ocho meses, tras asistir a un cumpleaños infantil en Mi Perú, una localidad de la costera provincia del Callao, colindante con la capital peruana.
En una entrevista con IPS en la Plaza Cívica de Ventanilla, también en Callao, Acosta, junto con Jenny Pajuelo, tía de Yamile, reclamaron de las autoridades una investigación profunda que dé con el paradero de Díaz y sus niñas Tatiana y Yamile, y que dejen de colocar bajo sospecha a las mujeres que desaparecen.
“Ella tenía 22 años, era tranquila, a su corta edad aprendió a ser mamá. Siento que mi hija no se fue por su propia voluntad, sino que a ella la han desaparecido. ¡Son tres vidas que están desaparecidas!”, exclamó Acosta, mientras mostraba fotografías de su hija y sus nietas.
Pajuelo, la tía, aseguró que “es una herida siempre abierta”, aunque en abril ya se cumplieron seis años de la desaparición de las tres.
La desaparición de mujeres es un grave problema en Perú que está vinculado con formas de violencia de género como el feminicidio, la trata de personas y la violencia sexual.
Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, de las 166 víctimas de feminicidio registradas en 2019 a nivel nacional, 16 habían sido reportadas previamente como desaparecidas ante la policía nacional, es decir, una de cada 10.
El año pasado, las mujeres asesinadas por razón de género en Perú sumaron 146 según el órgano estatal y autónomo.
El Código Penal peruano define el feminicidio “como la acción de matar a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar, acoso sexual, abuso de poder, entre otras”, lo que no limita el delito a los crímenes machistas cometidos por la pareja o expareja de la víctima, como en otras legislaciones dentro y fuera de la región latinoamericana.
A los femicidios, como se denomina el delito en otros países, en este país sudamericano de algo más de 32 millones de habitantes, se suma el creciente fenómeno de las mujeres desaparecidas como otra expresión de la violencia de género.
La Defensoría indicó que entre enero y septiembre de 2021 desaparecieron 4463 mujeres adultas, adolescentes y niñas. Ese número representó un incremento de 9 % en relación al mismo periodo del año anterior, en que se dieron 4052 casos.
Erika Anchante, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, declaró a IPS que tras sus hallazgos de 2019 se comenzó al siguiente año la emisión del reporte “¿Qué pasó con ellas?”, para destacar de las cifras de desapariciones y hacer visible el problema.
En el último de estos reportes, de este mes de junio, se destaca que en los cinco primeros meses de 2022, se registraron 2255 alertas sobre desapariciones de mujeres y niñas, con el agravante de que en entre marzo y mayo se incrementaron los casos de niñas y adolescentes denunciadas como desaparecidas.
“Desafortunadamente cada año las cifras van en aumento, inclusive durante la pandemia, pese a las medidas restrictivas que se dieron en relación a los desplazamientos”, alertó Anchante.
Explicó que como institución han emitido diversas recomendaciones referidas a mejorar la atención de las denuncias, capacitar al personal encargado de este proceso, y eliminar todos los estereotipos de género con que se enfrentan las familias, y también mitos como que se debe esperar 24 horas o 72 horas.
“No, las denuncias tienen que ser recibidas de forma inmediata y ser atendidas de esa misma manera, porque esta búsqueda se tiene que iniciar bajo la presunción de que la víctima está con vida. Y las primeras horas son cruciales para poder encontrarla en esta condición”, remarcó Anchante.
Mejoras en el marco normativo
En abril, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó una nueva norma que incluye la desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes como nuevas modalidades de violencia de género.
Recogió así la propuesta de la Defensoría y de instituciones de sociedad civil como el Centro Flora Tristán, en el sentido de cumplir con la Recomendación General No.2 del Comité de Expertas sobre mujeres y niñas desaparecidas en el continente americano del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Para (Mesecvi).
Ese comité realiza el seguimiento a los Estados parte del cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada para los países de América y conocida también como Convención de Belém do Pará, por la ciudad brasileña donde se firmó en 1994.
La comisionada Anchante indicó que con la nueva norma ministerial que se incorpora al reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar se espera alcanzar mejoras en los procedimientos para la atención de los casos de mujeres desaparecidas.
Muchas historias de violencia tras desapariciones
Liz Meléndez, directora del no gubernamental Centro Flora Tristán para la Mujer Peruana, afirmó que la norma ministerial contribuirá a sensibilizar sobre la desaparición de mujeres como una forma de violencia. También impulsará políticas que mejoren los procesos de búsqueda de las mujeres y de sanción a los responsables.
“El tratamiento que se les ha venido dando evidencia cómo los estereotipos de género que prevalecen en la cultura peruana han determinado que el Estado incumpla sus obligaciones, como es actuar con una debida diligencia estricta según estándares internacionales de derechos humanos”, deploró.
A su juicio, “eso significa que debe tomar las medidas eficaces e inmediatas en las primeras horas de la desaparición e implementar las acciones necesarias para la búsqueda y las investigaciones”.
Meléndez remarcó que tras los casos de las mujeres desaparecidas hay muchas historias de violencia algunas vinculadas con el feminicidio y otras con la trata de personas y la violencia sexual.
La dirigente feminista lamentó que familiares de las víctimas sufran humillaciones en su proceso de búsqueda, sobre todo en las dependencias policiales, y que se vean expuestos a dilaciones en las investigaciones.
La institución feminista ha propuesto protocolos específicos para la búsqueda de las mujeres y que la condición de desaparecida sea considerada también como un agravante dentro de los casos de feminicidio.
Esta última surge del acompañamiento que Flora Tristán hizo al caso de Solsiret Rodríguez, una estudiante universitaria, activista y mamá de dos niños, desaparecida en agosto del 2016, cuyos restos se encontraron cuatro años después tras una lucha incansable de sus padres y la demanda de colectivos feministas.
Finalmente se supo que había sido víctima de feminicidio la misma noche de su desaparición.
Transformar el dolor en fuerza
Rosario Aybar, doña Charito como es conocida, soportó innumerables comentarios machistas cuando con su esposo fueron a denunciar la desaparición de su hija Solsiret, que en el 2016 tenía 23 años.
“Me decían los policías que, según su experiencia, las mujeres de la edad de mi hija se iban porque estaban con la cabeza caliente, que no me preocupe, que ya iba a volver”, declaró a IPS durante un encuentro en su hogar.
Enfrentó ese tipo de comentarios en el escarpado camino que recorrió tocando las puertas de las diferentes dependencias policiales y de la fiscalía, para que no archivaran el caso de su hija.
Gracias a esa persistencia, las dos hombres responsables del feminicidio de Solsiret fueron sentenciados a 30 y 28 años el 3 de este mes de junio.
Los condenados fueron Kevin Villanueva, cuñado de Solsiret y hermano del padre de sus hijos, con la mayor pena, y Andrea Aguirre, su pareja cuando la víctima desapareció. En los años de búsqueda negaron saber algo sobre Solsiret, pero parte de sus restos se hallaron en casa de Aguirre en febrero del 2019, tras su detención.
“Detrás de una mujer desaparecida hay mucha agresión. Y yo le explico por qué. Porque buscan desaparecer, sin cuerpo no hay delito. Con mi hija usaron un combo (herramienta de construcción, para golpearla), cuchillo…. es cruel, es muy cruel, mucho odio”, dice Aybar, con palabras cargadas de tristeza y también de serenidad.
Ahora ella se ha transformado en una activista por la visibilidad de la situación de las mujeres desaparecidas. “Mi dolor lo he transformado en fuerza, eso me permitió salir adelante, el acompañamiento de tantas jóvenes, sino, qué hubiera sido de mí”, afirmó.
Patricia Acosta, mamá de Estéfhany, también ha tenido que aprender a vivir con algo que jamás imaginó: la desaparición de su hija y sus nietas. “Convivo con la tristeza, pero también debo tener alegría, me queda mi otro hijo que tenía 13 años cuando desapareció su hermana. No lo puedo arrastrar a esta pena”.
En el caso de su hija y sus nietas, ni ella ni las autoridades tienen alguna sospecha sobre la que era su pareja cuando desaparecieron.
Al igual que Aybar, ella participa en el colectivo Mujeres Desaparecidas Perú donde activan familias que están en busca de hijas, hermanas, cuñadas y otras familiares, luchando para que las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación no las olviden.
“No queremos que ellas sean las invisibles para el Estado, son personas con una vida trunca y no sabemos qué les pasó, y es un derecho humano que las encuentren. Ahora nos toca seguir en busca de verdad y justicia”, afirmó Pajuelo, quien siempre recuerda a sus sobrinas Tatiana y Yamilé. “Ya tendrían 11 y seis añitos”, dice mirando sus fotos.
ED: EG
