RÍO DE JANEIRO – En el último semestre, ocho universidades privadas de Nicaragua fueron clausuradas permanentemente por el gobierno del presidente Daniel Ortega y sus bienes confiscados. Además, se canceló el permiso de operación de siete universidades extranjeras y se reformaron las leyes de educación superior.
La justificación oficial para la medida es que estas instituciones privadas no cumplieron con el requisito de informar detalles de su estado financiero, exigido a todas las organizaciones sin fines de lucro.
Las universidades afectadas sostienen que intentaron entregar sus informes fiscales al Ministerio de Gobernación dentro del plazo establecido, pero este se negó a recibirlos.
En opinión de los afectados, las medidas, dictadas por la legislativa Asamblea Nacional, son inconstitucionales y ponen fin a la autonomía universitaria.
“Están matando a las universidades en Nicaragua”, dice a SciDev.Net el químico Ernesto Medina, especialista en educación y exrector de la Universidad Americana (UAM), que sigue abierta. “Todo este espectáculo lo hacen con el objetivo final de callar las voces críticas en la sociedad”, precisa.
Medina es uno de los más de 200 000 nicaragüenses (3 % de la población), que viven en el exilio. El científico salió del país en julio pasado cuando muchos de sus amigos cercanos y estudiantes fueron detenidos por su posición contraria al gobierno de Ortega, quien tiene 15 años consecutivos en el poder.
La tensión entre la academia y el gobierno se agravó desde abril de 2018, cuando estudiantes de todo el país salieron a las calles para protestar contra reformas sociales. El gobierno respondió con una ola de represión sin precedentes.
En un par de meses, más de 150 estudiantes fueron expulsados de universidades públicas, más de 300 personas asesinadas por la policía y más de mil detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expulsada del país el pasado 19 de abril.
“Es muy grave lo que está pasando en Nicaragua y el mundo está en silencio”: Helena Nader.
Cerca de 18 000 estudiantes han sido afectados con el cierre de las universidades, dos en diciembre 2021 y seis en febrero 2022.
Entre ellas están la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), conocida por su escuela de formación de enfermeras, y la Universidad Paulo Freire, que tenía carreras en ciencias jurídicas, ciencias políticas y psicología. Las instituciones cerradas mantenían posiciones en defensa de los estudiantes y contra la violencia y las detenciones de la policía.
“Evidentemente estamos cerrados porque hemos tomado una posición muy clara sobre el gobierno, que está en guerra contra el país, los estudiantes, las universidades y todos los que no son cómplices”, señala Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire.
Meza está exiliado en Costa Rica desde el día siguiente del anuncio del cierre en febrero para evitar ser encarcelado por comentarios contrarios a la decisión del gobierno.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU), organismo público que coordina la política nacional de educación superior, tomó el control de los bienes de las universidades canceladas y anunció la apertura de tres nuevas universidades públicas para dar continuidad a los programas académicos.
Pero Meza asegura a SciDev.Net que a muchos estudiantes no les es posible continuar los estudios en las nuevas universidades porque sus certificados académicos no son reconocidos y otros, en proceso de graduación, no consiguen obtener sus diplomas.
“El gobierno no está teniendo la capacidad para absorber tantos estudiantes afectados” indica desde el exilio.
Añade que los rectores de las nuevas universidades creadas han rechazado a la mayoría de docentes de las universidades clausuradas aduciendo que han sido catalogados como “adversos a la ideología del régimen” y no serán incorporados a las nuevas instituciones.
Muchos estudiantes también tendrán que abandonar la vida académica, según Meza, por temor a represalias por su participación en las protestas contra el gobierno.
Explica que algunas universidades privadas hoy cerradas, como la Paulo Freire, habían acogido a estudiantes de universidades públicas que fueron expulsados y sus registros académicos cancelados por participar en las protestas en 2018.
Todo el poder al CNU
Además del cierre de universidades, el 6 de abril el gobierno de Ortega también aumentó el poder del CNU, que ahora es responsable de aprobar el contenido de los programas académicos y nombrar docentes, rectores y vicerrectores.
“Se canceló la autonomía universitaria en Nicaragua”, sentencia Meza. “El principio fundamental de la educación superior es la libertad de cátedra para alimentar en el estudiante un sentido crítico”.
SciDev.Net buscó insistentemente la versión del CNU, pero hasta el cierre de esta información no hubo respuesta.
Diversos científicos consultados por SciDev.Net, que viven en Nicaragua y prefirieron no identificarse por temor a represalias, creen que con la medida se intensificarán las dificultades para conducir investigaciones científicas en áreas contrarias a los intereses del régimen, como por ejemplo estudios sobre la pandemia de covid-19, frecuentemente minimizada por el gobierno, y estudios del impacto ambiental de la ya aprobada construcción de un megacanal que unirá el atlántico al pacífico.
Desde el anuncio del proyecto, diversos investigadores fueron despedidos por hablar contra esa construcción. Hace dos años, la Academia de Ciencias de Nicaragua tuvo un apoyo gubernamental de US$ 150.000, cancelado después de organizar un fórum de discusión científica sobre el canal.
“Es extremadamente grave”, añade la doctora en derecho Maria Luisa Acosta, presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua, en el exilio desde 2018. “Tenemos un país en que el estado nos va a decir qué pensar, cómo pensar y en qué áreas tenemos que trabajar”, comenta a SciDev.Net.
Las reformas en las leyes también despojaron, en marzo, del presupuesto constitucional a la Universidad Centroamericana (UCA), una de las más antiguas de Nicaragua y considerada uno de los últimos centros de libertad de expresión. El fondo, que ya había sido reducido en US$ 7 millones en los últimos cuatro años, se utilizaba para financiar más de cuatro mil becas a estudiantes sin medios financieros.
Las colaboraciones internacionales en ciencia también están perjudicadas. Además de cancelar los permisos de instituciones extranjeras que ofrecían cursos y tenían proyectos de investigaciones científicas, el gobierno aprobó en octubre de 2020 una ley que obliga a los nicaragüenses que trabajan en organizaciones internacionales a identificarse como “agentes extranjeros”.
Pero los agentes extranjeros son perseguidos por el gobierno, afirman los investigadores.
La bióloga molecular Helena Nader, copresidenta de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, informó que la institución está preparando un documento que se enviará al Consejo Internacional de Ciencias para buscar apoyo a los académicos de Nicaragua. “Es muy grave lo que está pasando en Nicaragua y el mundo está en silencio”, afirmó Nader a SciDev.Net.
Este artículo se publicó originalmente en SciDevNet América Latina.
RV: EG
