MÉXICO – En el estado de Coahuila, en el norte de México, la situación del carbón mineral, usado especialmente para la generación de electricidad, es como su color, oscuro.
Un velo rodea a ese sector en términos de producción, consumo, inspecciones, contaminación, contratos y estado de las minas que aportan el material a dos plantas carboeléctricas de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el sureño estado de Guerrero, opera otra generadora que quema carbón de Australia y Colombia.
Cristina Auerbach, directora de la organización no gubernamental Familia Pasta de Conchos, resaltó la cortina que envuelve a la actividad en México.
“El sistema no es transparente. A veces el tema pasa inadvertido, porque globalmente el carbón en México no significa nada. Pero es tan problemático que no lo pueden hacer transparente porque no pueden ordenarlo” en el país, dijo a IPS.
La organización nació en 2006, a raíz de la explosión por acumulación de metano ese mismo año de la mina Pasta de Conchos en Coahuila que dejó 65 trabajadores muertos y de los cuales 63 quedaron enterrados, sin que hasta ahora hayan sido rescatados sus cuerpos.
«En el carbón no hay registro nacional de cuántos pozos hay. Ha habido denuncias sobre explotación ilegal de carbón. Los resultados finales son bastante pobres. No sabemos si es falta de compromiso, de interés en promover la transparencia”: Sol Pérez.
La extracción carbonífera tiene lugar en Coahuila y Tamaulipas, también en el norte de este país latinoamericano. En diciembre de 2020, según cifras oficiales, México produjo 459 414 toneladas del carburante, altamente contaminante y nocivo para la salud humana.
Para completar la demanda interna, el país importa unos nueve millones de toneladas anuales.
En marzo último, la generación carboeléctrica aportó más de 2000 megavatios, equivalente a 3 % del total nacional. En Coahuila suman unas 40 minas subterráneas las proveedoras del mineral.
Ignorado
El carburante ha quedado fuera de los esquemas de transparencia de los recursos naturales negociados entre el gobierno federal y organizaciones internacionales de la sociedad civil en plataformas como la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, en inglés) y la Alianza de Gobierno Abierto (AGA).
EITI, que nació en 2003 y que agrupa a más de 50 países, busca la promoción de una gestión abierta y con rendición de cuentas del petróleo, el gas y los recursos minerales. México ingresó en EITI en 2017 y actualmente está bajo la primera revisión para comprobar si cumple con los estándares, proceso que inició en agosto último y a publicar en los meses por venir.
En América Latina, Colombia, productor de hidrocarburos y carbón, presenta el estado más avanzado, al recibir de EITI una calificación de “progreso satisfactorio”. De hecho, esa nación sudamericana utiliza la transparencia proactiva, aunque la difusión de la información sea semestral.
Perú, otro extractor de gas y petróleo, ha registrado “progreso significativo”, según la plataforma.
Argentina, Ecuador o Trinidad y Tobago son otros productores de hidrocarburos en la región que están también bajo evaluación, mientras que Brasil y Venezuela no pertenecen a EITI.
En tanto, AGA, fundada en 2011, aglutina a 78 naciones y cientos de organizaciones de la sociedad civil. En México, el 4º Plan de Acción Nacional 2019-2021 gira en torno a 13 temas, entre ellos transparencia en beneficiarios finales de las empresas del sector de hidrocarburos y minería.
La transparencia puede ayudar a fortalecer la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones mejor informadas por parte de actores involucrados, como comunidades locales.
Sol Pérez, investigadora de la no gubernamental Fundar, Centro de Análisis e Investigación, cuestiona la falta de información exhaustiva de combustibles fósiles.
En las actividades de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) “no hay acceso efectivo a información”, aseguró a IPS.
“En (el tema de) carbón, el panorama es muy parecido. No hay registro nacional de cuántos pozos hay. Ha habido denuncias sobre explotación ilegal de carbón. Los resultados finales son bastante pobres. No sabemos si es falta de compromiso, de interés en promover la transparencia”, dijo.
El “Informe Sombra EITI-México: Avances y desafíos en la transparencia socioambiental”, de mayo de 2021, concluyó en que el gobierno y las empresas han persistido en su negativa a divulgar, de manera desagregada, la información socioambiental del sector extractivo.
Ese reporte, elaborado por organizaciones participantes en EITI, expuso fenómenos como existencia parcial de datos sobre pagos de derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y la falta de expedientes completos de gestiones en materia ambiental.
Otro caso aborda la indisponibilidad de la ubicación georreferenciada de pozos petroleros.
El documento halló que de 49 contratos de hidrocarburos de las empresas adscritas a EITI, solo 10 presentan la resolución de las evaluaciones de impacto social (EVIS) de los proyectos, mientras solo dos contienen el análisis de impacto ambiental.
México ocupa el puesto 12 como productor de petróleo en el mundo y el 17 en extracción de gas, el 20 en reservas probadas de crudo y 41 en depósitos probados de gas natural, pero su posición en la industria petrolera declina por la escasez de hidrocarburos de fácil extracción.
Desde 2020, la producción de hidrocarburos viene en bajada, pues en febrero de ese año la extracción de petróleo sumó 1,73 millones de barriles (de 169 litros) diarios, al año siguiente, 1,67 millones, y en febrero último, 1,63 millones, según la gubernamental Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El gas ha seguido una ruta similar, pues en febrero de 2020 la producción totalizó 4930 millones de pies cúbicos diarios, 12 meses después, 4,838 millones, y en febrero pasado, 4,673 millones.
La insuficiencia gasífera interna obliga a importar el combustible, especialmente de Estados Unidos, y cuyas compras vienen en alza desde 2020, luego de una caída entre 2018 y 2019.
En 2020, el país importó 853 millones de pies cúbicos y en 2021 esas adquisiciones crecieron 6%, a 904,6 millones. En febrero último, la importación totalizó 640 millones, más de la mitad del volumen del año previo.
Promesas vacías
Por su parte, AGA incluye la elaboración de un Plan de Acción Nacional para impulsar la transparencia de los beneficiarios finales e iniciar la publicación de esos datos de las compañías de hidrocarburos y minería, con la finalidad de construir un Registro de Beneficiarios Finales empresariales en 2023.
Entre las acciones figuran la preparación de un diagnóstico de beneficiarios finales en México y de un proyecto piloto de difusión de información, que se han cumplido.
Estos ejemplos ponen de manifiesto la poca importancia que el gobierno mexicano le otorga al acceso a información pública y transparencia en el rubro extractivo.
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Además, resaltan los desafíos que el gobierno tiene por delante para aplicar el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, vigente desde abril de 2021 y conocido como el Acuerdo de Escazú.
En 2020, CFE compró 1,58 millones de toneladas de carbón mediante 60 adjudicaciones directas a productores de la región carbonífera de Coahuila, sin mediar evaluaciones de impacto ambiental y social, como reveló en noviembre último la no gubernamental México Evalúa.
Si bien el país evolucionó en el Índice de Gobernanza de los Recursos, elaborado por el no gubernamental Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales, entre 2019 y 2021, temas como la gobernanza de los impactos sociales y ambientales aún deben mejorar.
“La gobernanza de los impactos locales es pobre, debido principalmente a la opacidad en la divulgación de planes de mitigación ambiental, que el gobierno considera confidenciales”, cita el documento.
Mayor presión
En el bienio 2021-2022, las prioridades de EITI en México abarcan informar de la transición energética, apoyar la apertura de datos, informar de las decisiones de inversión, fortalecer la movilización de ingresos, abordar los riesgos de corrupción y medir el impacto.
En el diseño del nuevo plan de acción de AGA, que estaría listo en agosto próximo, la sociedad civil quiere incluir un compromiso de transparencia de hidrocarburos, minería y energía eléctrica.
La especialista y activista Auerbach denunció que las comunidades se han convertido en “zonas de sacrificio” a cambio de la explotación mineral.
“Les da igual si sabemos o no, si denunciamos o no, no cambia absolutamente nada. Hay pasivos ambientales de hace 50 años, de hace 30 o de la semana pasada. Y eso no está incluido. Lo que digan CFE y Pemex está bien y los demás acatan. Con este gobierno, son intocables. Dice la Secretaría de Medio Ambiente que va a revisar cómo queda la zona cuando terminen de explotar las concesiones en 50 años”, cuestionó.
El informe alternativo de EITI sugirió publicar información sobre la mitigación de impacto ambiental en las zonas marítimas prioritarias para la conservación de la biodiversidad que albergan proyectos petroleros y los pagos por licencias ambientales, impuestos ambientales, por incumplimiento de normas o afectaciones ambientales.
Para Pérez, el Acuerdo de Escazú ofrece una oportunidad para fomentar la transparencia y el acceso a información.
“No hay condiciones idóneas, pero Escazú es una oportunidad. En el tema ambiental, está bien identificada la falta de información. La falta de compromiso público es preocupante. Podemos vincular EITI y Escazú”, planteó.
ED: EG
