BUENOS AIRES – “Lo único que siempre quisimos fue seguir trabajando. Y aunque todavía no estamos como quisiéramos, ya sabemos que se puede”, cuenta Edith Pereira, una mujer bajita llena de energía, mientras recorre los pasillos de Farmacoop, en el sur de la capital argentina. Con orgullo, asegura que es “el primer laboratorio farmacéutico del mundo recuperado por sus trabajadores”.
Pereira ingresó como operaria en 1983 a lo que antiguamente era el laboratorio Roux Ocefa, de Buenos Aires, que llegó a tener más de 400 empleados que trabajaban en dos turnos de nueve horas, según recuerda en diálogo con IPS.
Pero a partir de 2016 el laboratorio entró en una crisis que primero se manifestó en atrasos en el pago de los salarios y en poco tiempo disparó el vaciamiento de la empresa, el retiro de maquinarias y el abandono por parte de los propietarios.
Los trabajadores enfrentaron la tormenta con un plan de lucha que incluyó la toma de la planta durante varios meses y culminó en 2019 con la formación de Farmacoop, una cooperativa de más de 100 asociados, que hoy está poniendo el laboratorio nuevamente de pie.
De hecho, durante el peor período de la pandemia, Farmacoop desarrolló pruebas de detección rápida de la covid-19, en alianza con científicos del estatal Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas (Conicet), la principal organización del sector en el país.
Farmacoop es parte de una realidad potente en Argentina, como lo reconoce el gobierno, que a comienzos de este mes lanzó el primer Registro Nacional de Empresas Recuperadas (ReNacER), con el objetivo de conocer en detalle un universo que, según las estimaciones oficiales, abarca más de 400 empresas y unos 18 000 puestos de trabajo.
La presentación del Registro se hizo en una cooperativa aceitera que procesa granos de soja y girasol en los suburbios de Buenos Aires, constituida sobre lo que quedó de una compañía que se declaró en quiebra en 2016 y despidió sin indemnización a sus 126 trabajadores.
El acto fue encabezado por el presidente Alberto Fernández, quien dijo que pretende “convencer a la Argentina de que la economía popular existe, que ha venido para quedarse, que es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo».
Fernández recordó en esa ocasión que el movimiento de empresas recuperadas por sus trabajadores nació en el país en 2001, como resultado de la brutal crisis económica y social que arrasó con la presidencia de Fernando de la Rúa.
“Uno de cada cuatro argentinos no tenía trabajo, la pobreza había llegado al 60 % y una de las dificultades era que las empresas se caían, los dueños desaparecían y los que trabajaban en esas empresas querían seguir produciendo”, contó.
“Ahí empezaron a formarse las cooperativas, para hacer que aquellos que se iban quedando sin trabajo se juntaran y siguieran trabajando, a veces en las empresas que abandonaba sus dueños, a veces en la calle”, agregó.
Una realidad social compleja
Más de 20 años después este país sudamericano de 45 millones de habitantes atraviesa una situación social tan delicada o más que entonces.
El nuevo siglo empezó con una primera década de crecimiento, pero en la actualidad los argentinos arrastran más de 10 años de estancamiento de la economía, que han dejado su marca.
La pobreza, según datos oficiales, alcanza a 37 % de la población, en un contexto de inflación de 60 % anual, que destruye cada día los ingresos de la población y arrincona a los más vulnerables.
El empleo registrado alcanza, de acuerdo a los últimos números del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a 12,43 millones de personas, lo que en términos reales –debido al aumento vegetativo de la población- es menos que los 12,37 millones de empleos que se registraban en enero de 2018.
“Yo diría que hace 40 años que en Argentina venimos viendo la destrucción del empleo y de la industria, independientemente de la orientación de los gobiernos. Por eso entendemos que la empresa recuperada, como forma de defender los puestos de trabajo, va a seguir existiendo”, dice Bruno Di Mauro, el presidente de la cooperativa Farmacoop.
“Es una forma de resistencia frente a la condena de la exclusión del sistema laboral que sufrimos los trabajadores”, agrega a IPS.
Hoy Farmacoop tiene tres líneas de producción activas, que incluyen la fabricación de la crema hidratante de marca Aqualane, usada durante décadas por los argentinos contra las quemaduras en la piel con el sol. Actualmente la cooperativa está en el engorroso proceso de buscar habilitaciones de la autoridad sanitaria para otros productos.
“Cuando miro para atrás, pienso que decidimos formar la cooperativa y recuperar la empresa con algo de inconsciencia. Fue un proceso muy difícil, en el cual tuvimos compañeros que cayeron en depresión, que padecieron el agravamiento de enfermedades preexistentes y que fallecieron”, explica Di Mauro.
“Pero aprendimos que los trabajadores y trabajadoras podemos hacer cargo de cualquier empresa, por difícil que sea el desafío. No somos incapaces por formar parte de la clase trabajadora”, asegura.
Los trabajadores de Farmacoop reciben actualmente la ayuda de un salario social que paga el Estado, que también aportó subsidios para la compra de maquinaria.
La planta ahora en autogestión es un gigantesco y antiguo edificio que tiene 8000 metros cuadrados, con salas de reuniones, laboratorios y depósitos donde hoy trabajan unas 40 personas pero que solía albergar varios cientos de operarios en sus épocas de esplendor.
Se sitúa entre los barrios de Villa Lugano y Mataderos, en una zona de fábricas y viviendas bajas mezcladas con antiguos edificios de monobloques, donde los rigores de las sucesivas crisis económicas pueden palparse casi en cada calle, con la presencia de recuperadores de desperdicios.
“Cuando ingresamos a la planta, en 2019, estaba todo destruido. Solo había cartones y papeles que vendimos para juntar nuestros primeros pesos”, cuenta Blácida Martínez.
Ella trabajaba en la sección de recepción y seguridad de la empresa y ha podido sumar a la cooperativa a su hijo de 24 años, que está cerca de graduarse como técnico de laboratorio y se desempeña en control de calidad de los productos.
La necesidad de una ley
Silvia Ayala es la presidenta de la cooperativa Mielcitas Argentinas, que reúne a 88 trabajadores, la mayoría mujeres, que operan una fábrica de dulces y golosinas en las afueras de Buenos Aires, en la que perdieron el empleo a mediados de 2019.
“Hoy estamos agradecidas de que con la cooperativa podemos llevar un plato de comida a nuestras familias. No había otra opción que resistir, porque reinsertarse en el mercado de trabajo es muy difícil. Cada vez que se ofrece un puesto en Argentina, ves filas de cientos de personas”, dice.
Ayala es además una de las referentes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, activo en todo el país, que está impulsando en el legislativo Congreso Nacional un proyecto de ley de regulación de estas unidades productivas, presentado en abril por el oficialista Frente de Todos.
“Una ley sería muy importante, porque necesitamos que cuando los dueños abandonan las empresas la recuperación sea rápida y con colaboración del Estado; esta es una realidad que llegó para quedarse”, dice Ayala.
El Ministerio de Desarrollo Social afirma que, con la creación del Registro, se apunta a diseñar políticas públicas específicas y herramientas que fortalezcan la producción y comercialización del sector, así como también a formalizar a los trabajadores.
El gobierno define como empresas recuperadas aquellas unidades económicas, productivas o de servicios, cuya gestión originalmente fuera de carácter privado y actualmente se encuentren gestionadas de forma colectiva por parte de sus antiguos asalariados.
Aunque la presentación se hizo este mes, el Registro comenzó a funcionar en marzo y ya tiene enlistadas a 103 empresas recuperadas, de las cuales 64 pertenecen a la rama de la producción y 35 a la de servicios.
Los primeros datos ofrecen una muestra de la diversidad de las compañías en cuanto su tamaño, ya que la más pequeña tiene seis trabajadores y la más grande, 177.
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