RÍO DE JANEIRO – El Teatro del Oprimido la ayudó a tomar conciencia de la triple discriminación que sufren las mujeres negras en Brasil y los medios para enfrentarla, como el Sindicato de Trabajadores Domésticos de Río de Janeiro que preside desde 2018.
Maria Izabel Monteiro, de 55 años, llegó a trabajar a Río de Janeiro cuando era aún adolescente, procedente de Campos dos Goitacazes, una urbe de medio millón de habitantes situada a 280 kilómetros. Tuvo empleos en el comercio y la industria, pero la mayor parte de su vida ha trabajado en hogares ajenos.
Empezó por cuidar a una anciana enferma en Ipanema, un barrio acomodado en torno a la playa con ese mismo nombre. Sustituyó a una enfermera blanca que desayunaba junto con la familia. Pero ella, la nueva asistenta negra, ya no tenía lugar en la mesa de los patrones.
Monteiro considera que contra las trabajadoras domésticas se concentran todos los prejuicios de la sociedad brasileña, en su forma más aguda, especialmente si son mujeres negras. Se trata de la triple discriminación, por ser mujer, negra y pobre.
Esa realidad suele ser tratada por el grupo Marias do Brasil, creado por trabajadoras domésticas, que adoptó las técnicas del Teatro del Oprimido, un método creado por el dramaturgo brasileño Augusto Boal (1931-2009), que convierte a los espectadores en actores para dramatizar situaciones de lo cotidiano y generar conciencia.
“Es un teatro pedagógico, pero no terapéutico”, definió la sindicalista y actriz, que hace milagros para distribuir su tiempo entre su turno semanal en el sindicato, el teatro y el trabajo como asistenta externa por días en varias casas.
Monteiro vive en Duque de Caxias, una localidad de 930 000 habitantes pegada a Río de Janeiro, desde donde habló con IPS. Por ello tarda cerca de una hora en tren y metro para arribar a la casa donde trabaja y a la sede del sindicato, cerca del centro de la ciudad, y gasta el equivalente a cerca de cinco dólares en cada trayecto de ida y vuelta.
A veces ella y las directoras del sindicato duermen en el local de la organización para ahorrar tiempo y el costo del transporte.
El sindicato cuenta con 2000 inscritas aunque son menos las activas y conserva el nombre en masculino porque fue establecido en 1989 cuando regía la norma de que el masculino era el inclusivo para los géneros, aunque están pensando en cambiarlo como han hecho en otras parte del país organizaciones gremiales similares.
Violencia racista y contra el pobre
Roseli Gomes do Nascimento, de 60 años, sufre frecuentes actos de racismo y rechazo a los pobres, al vivir en Rocinha, la mayor favela (barrio pobre hacinado) de esta ciudad carioca, en un cerro entre dos barrios ricos: São Conrado y Gávea.
Un taxista, por ejemplo, se negó a transportarla desde São Conrado a Copacabana, otro barrio con famosa playa y población de clase media con ingresos variados. “Dijo que no hacía ese recorrido, pero dejó evidente su prejuicio de que los pobres no tienen plata para usar taxis”, señaló Gomes a IPS, al ilustrar la cotidiana aporofobia (rechazo al pobre) con la que convive.
Ser seguida por agentes de seguridad en los comercios donde va o prohibirle el ingreso a los edificios donde viven sus patrones, hasta que ellos hablen con los porteros, son otras hostilidades que enfrenta esa trabajadora negra que actualmente cuida un niño tres días a la semana.
Sus vecinos en Rocinha, cuya población tiene entre 70 000 a 150 000 personas, según las variadas estimaciones, son víctimas de constante violencia racista, “pero pocos se quejan a la policía”, lamentó Gomes, ahora decidida a denunciar las ofensas que sufra.
Racismo es un delito previsto en la legislación brasileña desde hace más de 70 años, pero que casi nunca se aplica.
Sin embargo, varios escándalos, sobre personas negras torturadas y asesinadas aparentemente a causa de su color, y campañas antirracistas han hecho más complicada la impunidad.
Relaciones laborales injustas
Monteiro identifica en las relaciones de trabajo el mayor reflejo de la sumisión a que se quiere relegar la población negra femenina, como herencia de la esclavitud abolida en Brasil solo en 1888.
La Consolidación de las Leyes Laborales, aprobada en 1942 con muchos de los derechos vigentes hasta hoy en Brasil, excluyó a los trabajadores domésticos y rurales, justo los sectores donde abunda la mano de obra femenina.
En el trabajo doméstico, las mujeres acaparan 92 % y las negras dos tercios. Las personas ocupadas en el trabajo doméstico eran 6,3 millones en total en 2019, es decir antes de la pandemia de covid-19, según datos oficiales, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
La informalidad predominante en el sector afecta a más de dos tercios de las trabajadoras y facilitó el despido masivo durante la pandemia. Ellas perdieron 1,5 millones de empleos, según Hildete Pereira de Melo, especialista en género y economía y profesora de la Universidad Federal Fluminense, situada en una ciudad cercana a Río.
Como resultado, la tasa de desempleo general terminó 2021 en 11,1 %, pero la de las mujeres alcanzó 16,8 % y las de las negras 19,8 %, según el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos.
En 1972, una nueva ley reconoció algunos derechos laborales de las mujeres, consolidados y ampliados por la Constitución brasileña de 1988. Pero el gran avance solo ocurrió en 2013, con la aprobación de una enmienda constitucional que fija derechos como sueldo mínimo, aguinaldo, vacaciones, jornada diaria máxima de ocho horas y licencia maternidad para las trabajadoras domésticas.
Es decir se les reconoció casi toda la lista de derechos laborales de la legislación laboral.
Pero parte de esas conquistas se perdió en 2017, cuando el legislativo Congreso Nacional “flexibilizó” las reglas laborales, instituyendo el “trabajo intermitente”, es decir el contrato para trabajadores eventuales remunerados según las horas trabajadas.
Eso permitió rebajar la remuneración del trabajo doméstico por días, el de las “jornaleras” como se llama en Brasil a ese tipo de trabajadoras externas en el servicio doméstico, aunque sí mantuvo sus derechos, lamentó Monteiro.
Acoso moral y violencia
Su sindicato acoge muchas trabajadoras, en general para denunciar violaciones de derechos. “Pero la primera queja es emocional, no laboral. Es una acogida psicológica y para eso me ayuda la experiencia en el teatro”, comentó la sindicalista.
El acoso moral es la causa más frecuente. Los patrones presionan para obligar la empleada a renunciar, en lugar de despedirla, porque en este último caso habría que pagarle derechos más costosos.
“Desaparecen cosas y se lanza la sospecha sobre la trabajadora, dineros aparecen en lugares visibles, como trampa para acusarla de hurto, se duda de lo que dice la empleada con insistentes preguntas como ‘¿está segura?’”, describió Monteiro.
La trabajadora se siente sin protección, “está solitaria delante de los patrones”, en general el marido y la esposa, por lo menos, observó. Por eso el sindicato pone a disposición una abogada y busca dialogar directamente con los patrones.
La mujer negra ocupa el último lugar en la remuneración del trabajo, en un cuadro en que el hombre blanco está el primero, seguido de la mujer blanca y el hombre negro. Este último gana más que la mujer negra, aunque ella tiene mayor escolaridad en promedio en Brasil, destacó la investigadora Pereira de Melo.
Es decir, “el premio por la educación es suprior para el hombre que para las mujeres, una inequidad que depende de políticas que la sociedad brasileña tendrá que discutir”, acotó.
Además las mujeres negras son 65,9 % de las víctimas de violencia obstétrica y 68,8 % de las mujeres asesinadas por agresores, según el Instituto Patricia Galvão, dedicado a la comunicación con orientación feminista.
Es un índice muy superior al de la participación de los negros en la población brasileña, que es de 56 % de los 214 millones de habitantes de este país sudamericano.
Las mujeres negras sumaron 66 % de las 3737 mujeres asesinadas en 2019, según el Atlas de la Violencia elaborado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización no gubernamental de investigadores, policías y representantes de la Justicia.
ED: EG