ROMA – Hace exactamente 20 años, los líderes mundiales adoptaron el Consenso de Monterrey de Naciones Unidas. Se comprometieron a “enfrentar los desafíos de la financiación para el desarrollo” con una respuesta global y a crear un sistema económico global totalmente inclusivo y equitativo.
El Consenso incluyó el reconocimiento crítico de que en una economía mundial globalizada e interdependiente, “los esfuerzos nacionales de desarrollo deben estar respaldados por un entorno económico internacional propicio”.
La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en la ciudad mexicana de Monterrey entre el 18 y el 22 de marzo de 2002, culminó con el Consenso que supuso el nacimiento del proceso de Financiación para el Desarrollo de la ONU que ahora, 20 años después, sigue siendo igual de relevante.
La pandemia de covid-19 ha exacerbado los problemas centrales para los que se creó el proceso de Financiación para el Desarrollo, incluidas las crecientes desigualdades tanto dentro como entre países y géneros, y la falta de recursos públicos para combatir la pobreza y financiar el desarrollo sostenible.
La pandemia se produjo después de una década de aumento de las deudas públicas y privadas a nivel mundial. Han aumentado las vulnerabilidades de la deuda en la mayoría de los países, lo que ha llevado a los niveles de deuda mundial más altos en medio siglo. Más de la mitad de los países de bajos ingresos se encuentran en situación de crisis de deuda o corren el riesgo de sufrirla.
Un espacio fiscal muy limitado, particularmente en los países del sur global, está socavando las perspectivas de abordar desafíos clave como la crisis climática y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La pandemia también ha servido como un claro recordatorio de por qué se necesitan soluciones verdaderamente globales para resolver desafíos económicos clave, como la evasión fiscal internacional a gran escala y las deudas insostenibles e ilegítimas.
El vigésimo aniversario del proceso de Financiación para el Desarrollo es un momento importante para recordar a los gobiernos los compromisos que han asumido para brindar tales soluciones.
En el Consenso de Monterrey, los líderes mundiales, por ejemplo, enfatizaron que: “Para promover una distribución justa de la carga y minimizar el riesgo moral, agradeceríamos que todas las partes interesadas relevantes consideraran un mecanismo internacional de renegociación de la deuda, en los foros apropiados, que involucre a los deudores y acreedores a unirse para reestructurar deudas insostenibles de manera oportuna y eficiente”.
Un mecanismo global de renegociación de la deuda, bajo los auspicios de la ONU, sigue siendo hoy en día una parte central de las soluciones que piden las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿por qué aún hoy, 20 años después de Monterrey, todavía no contamos con dicho mecanismo?
Lo grave del asunto es que la ambición y voluntad de cooperación que los gobiernos mostraron en Monterrey, comenzó a desvanecerse poco después de la cumbre.
En particular, los países desarrollados continuaron manteniendo discusiones sobre temas económicos en foros no inclusivos como el Grupo de los 20 (G20), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Club de París, donde la mayoría de los países en desarrollo no pueden participar en pie de igualdad.
En los años que siguieron, numerosas iniciativas, grupos y foros gubernamentales continuaron surgiendo y multiplicándose en las capitales de los países ricos de todo el mundo. Al estilo orwelliano, los foros fuera de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a veces han recibido nombres como “foro global” o “marco inclusivo”.
Pero globales e inclusivos es exactamente lo que estos foros no son.
Las Naciones Unidas siguen siendo el único organismo en el que todos los países pueden participar en pie de igualdad, y los países en desarrollo han pedido constantemente que este sea el lugar donde se lleve a cabo la gobernanza económica mundial. Irónicamente, los países ricos a menudo responden a estos llamados con el argumento de que esto sería una duplicación de los procesos que tienen lugar en organismos no inclusivos.
Las duras lecciones que condujeron al Consenso de Monterrey siguen siendo muy válidas, a saber, que la toma de decisiones no inclusiva conduce a un sistema económico mundial incoherente, injusto e ineficaz y a interminables luchas por el poder político entre países. Y aunque los impactos de la ruptura de la cooperación económica mundial se sienten más en los países en desarrollo, el precio lo pagan los ciudadanos de todo el mundo.
Un poderoso ejemplo del precio de una cooperación fallida es la tributación internacional. Cientos de miles de millones de dólares se pierden en los presupuestos públicos cada año debido a la flagrante incapacidad para detener la evasión fiscal internacional a gran escala por parte de las corporaciones multinacionales y las élites adineradas.
Los cambios más recientes en las reglas globales, incluidas las nuevas reglas mínimas de impuestos corporativos, fueron llevados a cabo por el llamado «Marco Inclusivo» liderado por la OCDE. Una vez más, dicho proceso resultó en un resultado que no solo es ineficaz, sino que también incluye fuertes sesgos en contra de los intereses de los países más pobres.
Más de un tercio de los países del mundo nunca fueron parte de las negociaciones dirigidas por la OCDE, y cuatro de los países en desarrollo que sí participaron decidieron no apoyar el documento final . La gobernanza fiscal global se enfrenta ahora a un problema muy familiar, ya que parece imposible alcanzar algo parecido a una implementación global de las nuevas reglas.
El resultado será un sistema fiscal global que seguirá siendo un mosaico de miles de tratados bilaterales y multilaterales, múltiples estándares diferentes y una gama de soluciones fiscales unilaterales más o menos creativas. En otras palabras, un lío ineficaz que seguirá costando a los países miles de millones de dólares debido a la evasión fiscal internacional y que no garantizará la equidad.
Especialmente a la luz de los impactos de la crisis de la covid-19, está claro que esto es insostenible.
Se han presentado varias propuestas concretas para soluciones globales justas e inclusivas a estos problemas. Esto incluye propuestas específicas de la sociedad civil para un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda y una Convención Tributaria de Naciones Unidas , que se basan en demandas largamente planteadas por parte de los países en desarrollo.
Lo que necesitamos ahora es voluntad política y, en particular, los países más ricos deben mostrar una voluntad real de cooperar en un foro verdaderamente inclusivo.
Al conmemorarse el vigésimo aniversario del espíritu cooperativo de la cumbre de Monterrey, las organizaciones de la sociedad civil están pidiendo una Conferencia Monterrey+20 sobre Financiación para el Desarrollo, para negociar y adoptar soluciones globales para enfrentar los desafíos de la financiación para el desarrollo.
El espíritu de Monterrey fue la voluntad de participar en una cooperación verdaderamente global para abordar los desafíos financieros y económicos que enfrentamos. Ya va siendo hora de recuperar ese espíritu.
T: Iolanda Fresnillo / Eurodad
RV: EG
