LIMA – Una estrategia para reducir la vulnerabilidad y maximizar la contribución de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, en los países de América Latina y el Caribe, fue lanzada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La región “tiene que enfrentar nuevos retos en materia de movilidad de las personas, de acceso a los servicios básicos y de protección, de inclusión en los mercados laborales y de cohesión social”, destacaron los directores para América Latina y el Caribe del PNUD, Luis Felipe López Calva, y de la OIT, Vinícius Pinheiro.
En el documento “Migración desde Venezuela: Oportunidades para América Latina y el Caribe”, ambas agencias de las Naciones Unidas subrayan la necesidad de “enfrentar la crisis migratoria de mayor gravedad en la historia de la región”.
La crisis se generó a partir de 2015, cuando más de 5,4 millones de venezolanos salieron de su país y 85 % de ellos se dirigió a países latinoamericanos y caribeños.
Al 8 de febrero de 2022 habían migrado desde Venezuela 6.041.690 personas, de acuerdo con la Plataforma R4V, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, que también participó en la elaboración de la nueva estrategia.
La estrategia va dirigida a los principales países de acogida de la población refugiada y migrante, en particular a instituciones gubernamentales con algún grado de competencia en la integración socioeconómica de esta población, y a las organizaciones de empleadores y trabajadores.
Se destacó que, a diferencia de la ayuda humanitaria que busca apoyar a las personas en sus necesidades básicas, una estrategia de integración socioeconómica está orientada a hacer que sean “promotores de su propia subsistencia, al fomentar su inclusión sostenible y su contribución a las economías locales”.
“En numerosas ocasiones, los países de destino ven a las personas refugiadas y migrantes como una carga que afecta la prestación de servicios públicos y la balanza fiscal nacional y local”, apuntó el documento.
Sin embargo, “la experiencia internacional muestra que las personas migrantes, incluidas las refugiadas, también contribuyen con el desarrollo de los países de acogida”, se puntualizó.
Convertir a la migración en un factor de desarrollo sostenible “requiere que las autoridades públicas, tanto en el nivel local como nacional, promuevan la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante”.
La estrategia plantea siete ejes prioritarios, siendo los primeros regularización y caracterización de la población proveniente de Venezuela, formación profesional y reconocimiento de títulos y competencias, y promoción de empleo.
Luego, se plantea apoyar el emprendimiento y desarrollo empresarial de los migrantes; su inclusión en el sistema financiero, acceso a la protección social, y cohesión social en el marco de las comunidades que les acogen.
Dos proyectos piloto de la nueva estrategia se implementarán en Colombia y Guyana, los vecinos occidental y oriental de Venezuela.
Un objetivo destacado de la estrategia y sus proyectos es generar oportunidades de trabajo decente, pues “la mayoría de las personas migrantes y refugiadas venezolanas, sin importar su nivel educativo y experiencia laboral, está trabajando dentro de la informalidad”.
“Las ocupaciones más frecuentes son: en comercios, ventas ambulantes, servicio al cliente, restaurantes y en la construcción”, y un número mayoritario de mujeres “queda relegado al trabajo doméstico y de cuidados remunerados”, se indicó.
El documento OIT-PNUD sostuvo que para la implementación exitosa de los siete ejes es clave que los países de la región refuercen sus mecanismos de cooperación y adopten políticas regionales en áreas como movilidad humana y regularización, reconocimiento de títulos y competencias, intermediación laboral y protección social.
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