JOHANNESBURGO – La inseguridad permanente y una crisis humanitaria en acelerado desarrollo en el norte de Mozambique necesitan una respuesta estratégicamente planificada para enfrentar con decisión la insurgencia que asola la zona desde octubre de 2017.
Los insurgentes yihadistas, que se hacen llamar Al Sunnah wa Jama’ah (ASWJ) o El Estado Islámico de África Central, han desplazado hasta ahora a más de 745 000 personas en el norte del país del sureste de África, con amplias costas al océano Indico.
“En el norte de Mozambique, es necesario que las fuerzas de contrainsurgencia se comprometan con un plan de largo recorrido para hacer frente a los insurgentes. También tiene que haber un compromiso real para tratar los problemas locales que, en muchos sentidos, preparan el escenario para el conflicto», aseguró Piers Pigou, director de Proyectos de África Austral de la organización International Crisis Group.
Añadió que una respuesta firme en materia de seguridad debe estar vinculada a un programa de desarrollo eficaz.
En agosto de 2020, los insurgentes tomaron el control de la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia, en la provincia de Cabo Delgado, en el norte mozambiqueño, con un impacto devastador para el país de lengua portuguesa y más de 28 millones de habitantes.
“En noviembre de 2021, más de 745 000 personas estaban desplazadas en el norte de Mozambique. Entre los desplazados, 59 % son niños, 19 % son mujeres, 17 % son hombres, y 5 % son ancianos”, afirmó Juliana Ghazi, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La organización enfocada en los derechos de la infancia Save the Children aseguró que en marzo de 2021, los militantes decapitaron a niños, algunos de tan solo 11 años. Ese mismo mes, aseguró, se apoderaron de Palma, asesinando a decenas de civiles y desplazando a más de 35 000 de los 75000 habitantes de la ciudad. Muchos huyeron a la capital de la provincia, Pemba.
Ghazi afirmó que Acnur está preocupada «por las consecuencias regionales de la actual crisis de desplazamiento y protección en Mozambique para el sur de África, en particular la propagación de la violencia y los refugiados a los países vecinos».
A su juicio, la situación “ha mejorado aparentemente en Cabo Delgado desde la intervención de las fuerzas aliadas regionales en julio de 2021. Pero sigue siendo inestable, con ataques en algunos distritos”.
“En los últimos meses, la vecina provincia de Niassa también sufrió ataques, y se necesita apoyo financiero adicional para asistir a los nuevos desplazados. Acnur subraya la necesidad de que la situación de seguridad siga mejorando en las zonas de difícil acceso y parcialmente accesibles de Cabo Delgado para permitir la prestación de asistencia humanitaria a los necesitados”, insistió Ghazi.
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En la cumbre de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), celebrada en Lilongüe, la capital de Malawi, el 12 de enero, se acordó que las tropas de la SADC permanecerían en Mozambique al menos otros tres meses.
Se remarcó el compromiso con la paz y la seguridad, además de «acoger» una iniciativa para apoyar el desarrollo económico y social en la provincia de Cabo Delgado, pero sin embargo no se especificó la estrategia y el apoyo a largo plazo.
Pigou afirmó que la respuesta en materia de seguridad debe estar vinculada a un «programa de desarrollo eficaz».
“Los esfuerzos de contrainsurgencia también deben reforzarse. Actualmente, las fuerzas que luchan contra los insurgentes no reciben suficiente apoyo. Las tropas de la SADC, formadas por unidades de fuerzas especiales, deben ser elogiadas por su éxito, pero necesitan mucho más apoyo si quieren mantener sus éxitos. No puede haber una contrainsurgencia barata”, analizó.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Según el sitio web Cabo Ligado, un observatorio de conflictos puesto en marcha por el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (Acled, en inglés), Zitamar News y Mediafax, entre el 1 de octubre de 2017 y el 7 de enero de 2022, se han producido en Mozambique:
- 1111 eventos de violencia política organizada
- 3627 víctimas mortales reportadas por violencia política organizada
- 1587 muertes reportadas por ataques a civiles
En respuesta a la insurgencia, Dyck Advisory Group, una empresa privada especializada en actividades de desminado y lucha contra la caza furtiva, ayudó inicialmente a las fuerzas mozambiqueñas.
Esta relación finalizó a principios de 2021 por muchas razones, entre ellas las acusaciones de uso indiscriminado de la potencia de fuego y la discriminación en lo que respecta a la evacuación o la protección de las personas, en favor de los blancos frente a los negros.
Desde entonces, los soldados de la SADC han establecido, junto con las fuerzas mozambiqueñas, la Samim (Misión de la SADC en Mozambique). También se han desplegado tropas ruandesas. Los esfuerzos recientes, aunque exitosos, están lejos de dar un golpe de gracia a la insurgencia yihadista.
El dinero es un factor para continuar, perfeccionar e intensificar el esfuerzo de contrainsurgencia, aseguran especialistas y se ratificó en la reunión regional en Lilongüe.
Las capacidades de las fuerzas especiales del Samim han contribuido a silenciar a los insurgentes, se asegura, pero hay que abordar los problemas del apoyo limitado a estas tropas. Actualmente, la Samim solo cuenta con el apoyo de dos helicópteros Oryx y las tropas tienen dificultades logísticas.
El gobierno de Mozambique ha declarado que el ejército ruandés ha establecido una zona de seguridad para el proyecto de gas natural licuado de la empresa francesa Total Energies. Esta zona tiene una longitud de 50 kilómetros e incluye los centros estratégicos de Mocimboa da Praia y Palma, vitales para el proyecto de la compañía.
“Este planteamiento se negoció probablemente al más alto nivel político entre Mozambique, Francia y Ruanda”, afirma Elisio Macamo, experto enpolítica africana de la suiza Universidad de Basilea.
París estaba incluso dispuesto a enviar tropas, pero los militares franceses no fueron bienvenidos. Las tropas ruandesas llenaron el vacío y serán muy bien pagadas, tanto desde el punto de vista financiero como político.
Mientras, Acnur colabora con el gobierno de Mozambique y sus socios, pero se necesita más ayuda para afrontar la crisis humanitaria.
“Las necesidades de protección más urgentes son la prestación de asistencia a los grupos vulnerables, en particular a los niños no acompañados y separados, a las familias separadas, a los supervivientes de la violencia de género, a las personas con discapacidades y a las personas mayores, así como el suministro de documentación civil, artículos básicos de socorro y materiales de refugio a las familias desplazadas”, detalló Ghazi.
T: MF / ED: EG