SANTIAGO – Cuando tenía cinco años, en 1997, la chilena Camila Donoso y su familia iban en bañador al río Petorca a sacar peces que luego cocinaba su abuela, mientras sus hermanos se lanzaban desde las rocas a sus grandes pozas sin lograr alcanzar el fondo.
Ahora, Donoso tiene 30 años y es coordinadora de la Unión de Agua Potable Rural de la cuenca del Petorca, después de que esta hija de campesinos y descendiente del pueblo originario diaguita, se convirtió en la primera de su familia de realizar estudios universitarios y se graduó de socióloga.
La dirigente comunitaria dijo a IPS que tiene claro que el Petorca se secó “por el uso intensivo” por agroexportadoras de aguacates, llamados en el país paltas, “que la extraen con bombas y acumulan en enormes lagunas”.
Una práctica que deja sin agua a los pequeños campesinos, a los residentes y a los centros educativos de su comuna (municipio) rural, también llamada Petorca, situada en la región de Valparaíso, en el centro de Chile. En diciembre, en otros pueblos cercanos tuvieron que cerrar las escuelas y centros de salud por falta de agua potable.
Las penurias con el agua de la cuenca del Petorca ejemplifican la crisis hídrica que sufre este país sudamericano que se alarga entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico y que tiene su origen en buena parte en el Código de Aguas, establecido en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1980).
Ese Código asigna la propiedad sobre el agua a quienes tienen derecho sobre su aprovechamiento, mientras también separa la tenencia de la tierra sobre el derecho al agua, en una privatización de facto que deja indefinidamente el recurso esencial en manos de empresarios, terratenientes y la agroindustria exportadora.
Ahora, los afectados y en general los sectores públicos y privados involucrados esperan que los integrantes de la Convención Constitucional que redactan la nueva Constitución, acuerden normas que permitan modificar los aspectos más lesivos del Código, y a partir de ahí reestructurar el derecho al agua para beneficio colectivo de sus 19 millones de habitantes.
Las sequías recurrentes, como la que sufre Chile en este verano austral, y los impactos del cambio climático agudizan una crisis que la gestión privatizada del agua impuesta en el Código deja sin instrumentos para afrontarla.
Desde septiembre de 2021 fueron declaradas en escasez hídrica 10 comunas de la región Metropolitana de Santiago, toda la región de Coquimbo y la provincia de Copiapó, en el norte, y toda la región de Los Ríos y cuatro comunas de la región de Los Lagos, en el sur.
La pequeña agricultura muere de sed
Caty Espinoza, de 55 años, vive con su familia de cuatro integrantes a tres kilómetros de Petorca. Durante 15 años dependía del agua que traían camiones aljibes. Tenía caballos para arar y varios burros, pero debió venderlos. Hoy le quedan tres caballos y un burro, además de gallinas, patos y una veintena de árboles (duraznos, limones, naranjos y nogales) para el consumo familiar.
Junto a siete familias logró el 2021 instalar un estanque de 20 000 litros, con cuatro paneles solares fotovoltaicos para la energía y un sistema de cloración. Pero tiene restringido el consumo a 15 metros cúbicos mensuales y debe vigilar el nivel del depósito.
“Esos 15 metros cúbicos deben alcanzarnos para el consumo familiar y quien no tiene un pozo propio tiene que compartir con sus animales. En octubre se secó nuestro pozo familiar y tuvimos que profundizarlo hasta 21 metros. Estuvimos dos meses secos y debimos comprar agua al camión gastando 20 000 pesos (25 dólares) cada semana”, contó a IPS.
Espinoza añadió que “nuestras familias son organizadas y nos sacrificamos para tener agua y no tener problemas graves como en Hierro Viejo, La Villa y Artificio donde han colapsado y debieron cerrar colegios y postas de salud”.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, dijo a IPS que “no ha habido ninguna planificación” en este tema en la región.
Recordó que ya durante el primer gobierno del derechista Sebastián Piñera (2010-2014), quien culminará su segundo mandato cuatrienal en marzo, se reconoció que en La Ligua y Petorca las plantaciones son tres veces más que las posibilidades de agua de la cuenca.
“Pequeños campesinos del valle quedaron sin agua. Los grandes agricultores tenían derechos y plantaron los cerros más allá de las posibilidades. Esa es ausencia de autoridad”, afirmó la dirigente de un programa que aglutina a organizaciones ecológicas, académicos, activistas y ciudadanos a favor de un nuevo paradigma de desarrollo en Chile.
“Tú no puedes manejar un recurso estratégico, un bien público, con los vaivenes del mercado si todos sabemos para dónde se van las cosas cuando las dejas a quien paga más”, sentenció.
En Petorca, 205 kilómetros al norte de Santiago, viven unas 10 000 personas.
Su alcalde, Ignacio Villalobos, quien impulsó la confección de un mapa hídrico, dijo a IPS que así se logró “identificar, tener la certeza y robustecer nuestras convicciones del robo del agua en nuestra comuna”. El alcalde reclamó una acción efectiva del Estado.
“Identificamos cuántos litros por segundo había otorgado la Dirección General de Aguas desde el cambio de normativa en 1981 que separó propiedad de la tierra con el agua y nos encontramos con unos 3516 litros por segundo. Eso nos arroja una enorme cantidad de pozos construidos”, dijo Villalobos.
El alcalde explicó que “hay una sobreexplotación de los ecosistemas. Han sido alterados por la agroindustria y se han transformado en páramos desérticos, donde hay no solamente una migración de flora y fauna nativa sino también una destrucción de los ecosistemas”.
Detalló que producir un aguacate en Petorca requiere aproximadamente 346 litros de agua “desde que cuaja hasta cosechar una palta de 180 a 220 gramos, según la temporada”.
“El río está seco. Ha sido drenado. Con la Dirección de Obras Hidráulicas estamos haciendo pozos profundos y llegando a aguas fósiles decantadas por miles de años que están a 150 ó 160 metros de profundidad¨, reveló.
Con seis camiones aljibes la Municipalidad (alcaldía) reparte agua. “Todos los días ingresan entre 40 a 60 solicitudes de agua para bebida (humana) y consumo animal”, explicó.
El municipio gasta anualmente entre 150 000 y 187 000 dólares en la distribución de agua.
La crisis hídrica ha afectado también a la agroindustria exportadora de la zona.
“Hace 10 años teníamos cerca de 35 000 hectáreas de cultivos de la agroindustria en la zona. Hoy tenemos unas 7 000 hectáreas en una agro industria que disminuye por el tema hídrico”, contó el alcalde.
Cambio climático y extractivismo
Según Larraín, Petorca refleja una situación estructural que afecta a una serie de elementos y que deriva del cambio climático, con expresiones como el calentamiento, la reducción de lluvias y la aceleración del derretimiento de glaciares.
Lo que califica como la “no política” de cuencas “ha secado muchos ríos del norte y centro de Chile”. “Vamos devastando todo hacia el sur por la sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas”, precisó.
“La minería de altura volcada en cabeceras de cuencas compromete los recursos hídricos y los glaciares, que son las únicas reservas que sobreviven cuando no llueve. En los últimos años los embalses no se han llenado y la recarga hasta 80 % de las cuencas ha sido producto del derretimiento de glaciares”, indicó la especialista.
Maisa Rojas, quien asumirá el 11 de marzo como ministra del Medio Ambiente del próximo gobierno del izquierdista Gabriel Boric, ha coincidido en que “la gestión del agua debe realizarse en las cuencas”. También dijo que tras entrar en vigencia una nueva Constitución, si resulta refrendada, habrá que ajustar el Código de Aguas.
“El Estado ha concedido más derechos en el papel que agua hay en la realidad. Y hoy vemos una concentración de la propiedad en actores agroindustriales, mineros e hidroeléctricos y tenemos a campesinos, asociaciones y villorrios rurales, con servicio por camiones aljibes”, comentó Larraín.
Debate constitucional
Con la firma de 16 y la adhesión de 42 de los 155 constituyentes de la Convención, se presentó al debate de nueva Constitución la iniciativa popular 40230 que propone derechos humanos al agua y al saneamiento como garantías “indispensables para una vida digna”.
“Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico”, indica la iniciativa respaldada por 23 266 firmas, sobre las 15 000 requeridas.
“El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”, sostiene la iniciativa.
La constituyente Carolina Vilches dijo a IPS que “las actividades productivas a gran escala han tenido este resultado, lo que han vendido como desarrollo no es más que la vulneración de derechos a las comunidades, donde se instalan estos grupos económicos que, en algunos casos, por contar con privilegios financieros adquirieron derechos de agua”.
“A otros se los entregaron a perpetuidad y otros, a costa de engaños, los han comprado a pequeños agricultores a un muy bajo precio”, siguió describiendo la situación.
Para Vilches, “estos grandes grupos han usado y usufructuado las gestiones gubernamentales hechas y diseñadas para ellos (hasta ahora), ya que el Estado los ha subsidiado”. El Estado les ha otorgado “el agua, como mercancía, para su propio beneficio”, acusó.
La iniciativa que discute la Convención “propone intervenir 14 cuencas cuyas aguas están sobre otorgadas y establecer prioridades. El orden de prioridad sería la naturaleza, el consumo humano, la agricultura familiar campesina y la agroindustria”, recordó.
La propuesta contempla “un articulado transitorio de licencias de uso de aguas, que serán permisos temporales en calidad de custodios y no a perpetuidad”.
Mientras se ve como el derecho al agua aparece finalmente en el texto constitucional, el alcalde Villalobos propone a corto plazo instalar una planta desaladora “que puede salvar la permanencia en el territorio”.
Pero como otros muchos su mayor apuesta es que la nueva Constitución posibilite “un nuevo Código de agua, garantice acceso para todas las personas y permita algún mecanismo de control robusto que fiscalice, planifique, dé una proyección sustentable y traiga tranquilidad, paz y armonía para territorios como los nuestros”.
El texto emanado de la Convención, elegida en un plebiscito en octubre de 2020, deberá estar listo en abril o a más tardar en julio para ser sometido a un referendo, y ahí se sabrá si la nueva Constitución llamada a enterrar la heredada de Pinochet, sacia las expectativas respecto al derecho al agua en Chile.
ED: EG
