Análisis

Con la corriente de Del Rio

Las políticas de inmigración restrictivas de Estados Unidos, como el uso del Título 42, tienen graves consecuencias para los migrantes y refugiados, como ha sido el caso de los haitianos el año pasado. Foto: Esteban Montaño / MSF

SEATTLE, Estados Unidos – Los espectros de las patrullas de esclavos y los jinetes nocturnos del Ku Klux Klan rondaban los videos virales. Mostraban a agentes de la Patrulla Fronteriza con sombreros de vaquero a caballo insultando y amenazando a familias haitianas con niños mientras cruzaban el río Grande hacia Texas. La indignación reverberó en todo el mundo y dentro de Beltway. Pero la historia pronto desapareció del ciclo de noticias.

Los grupos de justicia para inmigrantes en la frontera dijeron que era el último de un largo desfile de abusos infligidos por la policía de inmigración. Y pidieron cambios amplios y serios.

La brutalidad teatral contra inmigrantes principalmente negros, y las respuestas contradictorias del gobierno al gran campamento donde tuvo lugar, arrojó una dura luz sobre las políticas migratorias excluyentes del gobierno de Donald Trump, algunas de las cuales han sido continuadas por la administración de Joe Biden.

El episodio de Del Rio puso al descubierto los conflictos internos sobre cómo revertir las restricciones de Trump y avanzar hacia el objetivo declarado de Biden de un sistema de inmigración más “humano”.

En última instancia, el campamento debe entenderse como una campaña masiva de desobediencia civil que hace valer el derecho a solicitar asilo. Terminó con resultados marcadamente contrastantes. Muchos miles de refugiados fueron llevados de regreso a Haití sin la oportunidad de presentar su caso, pero otro grupo, la mitad más grande, fue llevado al sistema de inmigración de los Estados Unidos y se le permitió solicitar asilo.

Necedades de la Patrulla Fronteriza

El drama comenzó a principios de septiembre, cuando miles de migrantes comenzaron a llegar a la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Vadeando las aguas poco profundas del río cargando niños y posesiones, improvisaron un campamento bajo el Puente Internacional en Del Rio, Texas.

La mayoría buscó pedir asilo a Estados Unidos, lo que las leyes estadounidenses e internacionales les permiten hacer en cualquier lugar del territorio estadounidense. La mayoría eran haitianos y muchos otros centro o sudamericanos. Dos tercios viajaban en grupos familiares.

Sin embargo, pocos haitianos llegaron a la frontera de Estados Unidos directamente desde Haití: la mayoría había dejado su país de origen hace años después del devastador terremoto de 2010 y se estableció en América del Sur, principalmente en Chile y Brasil. Según los informes, la pandemia y el consiguiente colapso económico dejaron a muchos sin trabajo ni visas allí.

El gobierno entrante de Biden les dijo rotundamente a los migrantes que la frontera de Estados Unidos permanecería cerrada para ellos durante la pandemia. Sin embargo, muchos haitianos desplazados escucharon rumores de lo contrario y aparentemente decidieron que el viaje al norte valía la pena pese a los riesgos y costos.

Los esfuerzos anteriores de grandes grupos de inmigrantes para llegar juntos a la frontera de Estados Unidos, a menudo tomaron la forma de “caravanas” a pie. Por el contrario, muchos de los haitianos viajaban en grupos más pequeños, coordinados por teléfono celular.

Según los informes, algunos tomaron el transporte público, mientras que otros abordaron una gran cantidad de autobuses y otros vehículos coordinados por los organizadores y posiblemente por los contrabandistas. Algunos observadores dijeron que debieron contar con la aquiescencia de los funcionarios mexicanos.

Del Río alberga un pequeño cruce fronterizo a mitad de camino entre los puertos de entrada más concurridos río abajo en el valle inferior del río Grande, denominado río Bravo en México,  y río arriba alrededor de El Paso. Estos migrantes pueden haberlo elegido debido a la presencia supuestamente menor del crimen organizado en el lado mexicano y de las autoridades fronterizas en el lado estadounidense.

Al converger juntos en un cruce, buscaron seguridad en números.

Los funcionarios estadounidenses fueron tomados por sorpresa y miles de migrantes pudieron ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo. Necesitaban comprar alimentos y artículos de primera necesidad, pero se les impidió ir a las tiendas en Del Río.

Así que tenían que cruzar el río hasta Ciudad Acuña para comprar provisiones y luego cruzar de regreso para llevarlas al campamento. Aunque la frontera estaba oficialmente cerrada para la mayoría de los inmigrantes, las autoridades estadounidenses inicialmente aceptaron este arreglo informal.

Los oficiales de la Patrulla Fronteriza que agredieron a los migrantes el 19 de septiembre aparentemente estaban rompiendo este acuerdo tácito. Su brutalidad performativa parecía lograda para incitar a la base rabiosamente antiinmigrante de Trump.

Pero no sirvió para ningún propósito aplicable. Los migrantes no estaban tratando de escapar hacia el interior de Estados Unidos. Tenían fuertes incentivos para esperar allí la oportunidad de pedir asilo.

El presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, condenaron las acciones de la Patrulla Fronteriza y prometieron investigar rápidamente los hechos y sancionar a los responsables.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) abrió una investigación que Mayorkas dijo que concluiría en “días, no semanas”. Sin embargo, casi dos meses después, el DHS emitió un comunicado de que la investigación estaba en curso.

“Estos sistemas de investigación y disciplina en las agencias fronterizas están realmente dañados y necesitan una revisión completa”, advirtió Clara Long, de Human Rights Watch. Las organizaciones de la sociedad civil dicen que durante mucho tiempo ha habido un prejuicio sistémico contra los inmigrantes que sustenta una cultura de impunidad en CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), lo que hace que sea muy difícil responsabilizar a los agentes por los abusos.

“De repente la nación se dio cuenta de que tenemos una Patrulla Fronteriza que golpea a inmigrantes negros o personas de color”, me dijo Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

“Hemos estado contando esa historia durante años. … Ayer eran los refugiados haitianos. Pero en el pasado hablábamos de niños guatemaltecos que morían en los centros de detención”. Estos y otros abusos demuestran que “la Patrulla Fronteriza actúa con impunidad. … Así que respondimos denunciando la agresión, pero también pidiendo un cambio sistémico”, afirmó.

Levantando campamento

Para el momento de la agresión de la Patrulla Fronteriza a mediados de septiembre, el campamento había crecido hasta unas 15 000 personas. Las condiciones allí fueron calificadas como “deplorables” por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

En tanto, los políticos republicanos acusaron en voz alta a Biden de crear una crisis en la frontera.

Las autoridades fronterizas, dijeron algunos, no prestaron atención a los informes de grandes grupos de migrantes que se dirigían al norte. “La llegada de solicitantes de asilo vulnerables no es una crisis”, dijo Wade McMullen, abogado de RFK Human Rights, a Michelle García de The Intercept. “La respuesta militarizada y la falta de preparación, esa es la crisis”, afirmó.

A medida que la situación en Del Rio se deterioraba, el gobierno de Biden cambió abruptamente a toda velocidad. Desplegó personal federal de varias agencias para procesar a todos los inmigrantes.

El 24 de septiembre, el secretario del DHS, Mayorkas, anunció que el campamento había sido completamente vaciado. Sin embargo, los métodos contradictorios empleados revelaron enfoques de políticas incompatibles entre los asesores de Biden.

El número de migrantes expulsados sumariamente a Haití sin la oportunidad de pedir asilo aumentó de la estimación de Mayorkas de 2000 a 8700 a mediados de noviembre.

A un número mayor (más tarde se informó de 13 000) se les permitió solicitar asilo en los tribunales de inmigración. De estos, 10 000 fueron entregados a patrocinadores en Estados Unidos, mientras que 3000 fueron detenidos por inmigración a medida que avanzaban sus casos. Otros 8000 regresaron “voluntariamente” a México, señaló Mayorkas, y aproximadamente 4000 aún estaban siendo procesados por el DHS.

Estados Unidos, anunció Mayorkas, había creado un programa de 5,5 millones de dólares para ayudar a los haitianos repatriados, que se distribuiría a través de las Naciones Unidas. Sin embargo, el costo de transportar a los migrantes a Haití ascendió a 15 millones pagados a una empresa privada de prisiones.

Las expulsiones masivas a Haití representaron un incumplimiento de las obligaciones de Estados Unidos, en virtud del derecho internacional y de asilo de Estados Unidos.

Sin embargo, a un número de inmigrantes (13 000), superior a 50 % del número e los expulsados (8 700), se les permitió ingresar al sistemas de inmigración y solicitar asilo. El gobierno de Biden dijo poco sobre cómo clasificaba a las personas según sus destinos divergentes.

Expulsiones a Haití

 Según los informes, ha surgido desacuerdo dentro de la administración entre los asesores que favorecen la «aplicación agresiva» para disuadir a los inmigrantes y otros que favorecen políticas más cordiales para los solicitantes de asilo.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, un aliado cercano de Biden, rompió públicamente con las políticas de Biden. Pidió el fin de las expulsiones de regreso a Haití, que dijo que “desafían el sentido común”, y la terminación de las políticas “odiosas y xenófobas” de Trump. A los solicitantes de asilo, sostuvo, se les debe ofrecer el debido proceso en los puertos de entrada de Estados Unidos.

Haití, una pequeña nación insular caribeña, está en medio de desastres en cascada: un terremoto que mató a más de 2000 personas, seguido de un huracán; el asesinato del presidente; y la disolución de la legislatura y gran parte de la fuerza policial.

Las principales zonas de la capital, Puerto Príncipe,  están controladas por bandas que roban y secuestran con impunidad, lo que detiene gran parte de la economía, que ya estaba en problemas. Haití claramente no tiene capacidad para recibir emigrantes que regresan.

Dos diplomáticos estadounidenses veteranos asignados a Haití renunciaron en protesta por lo que uno llamó una “decisión inhumana y contraproducente” de expulsar a miles de haitianos a un “Estado colapsado… incapaz de proporcionar seguridad o servicios básicos”. El otro advirtió que devolver a las personas a lugares donde “se teme la persecución, muerte o tortura” viola la ley de asilo y afirmó: “Claramente existen alternativas legales y más humanas”.

Las autoridades internacionales de derechos humanos condenaron tanto los métodos sumarios utilizados para expulsar a los migrantes como su retorno forzado a Haití.

Cuatro organizaciones de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una declaración conjunta en la que instaron a los gobiernos a “abstenerse de expulsar a los haitianos sin una evaluación adecuada de sus necesidades de protección individual”, a defender sus derechos humanos en la movilidad y a ofrecer un mejor acceso a “vías regulares de migración”.

“El derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige que cada caso sea examinado individualmente”, explicaron. “El discurso público discriminatorio que presenta la movilidad humana como un problema corre el riesgo de contribuir al racismo y la xenofobia y debe evitarse y condenarse”, añadieron.

¿Medida de salud pública o prohibición de asilo?

Las expulsiones masivas comenzaron en marzo de 2020, cuando el gobierno de Trump invocó una oscura ley federal para expulsar rápidamente a casi todos los migrantes en la frontera sin posibilidad de solicitar asilo. El Título 42 del Código de Estados Unidos permite al gobierno suspender los procedimientos normales de inmigración en una emergencia de salud pública. El Título 8 del mismo Código establece el debido proceso previo a la pandemia que permite a los inmigrantes solicitar asilo y otras ayudas ante los funcionarios de inmigración.

Trump usó el Título 42 para acelerar la expulsión de inmigrantes de todas las edades.

La administración entrante de Biden decidió no expulsar a los niños no acompañados, y un estado mexicano se ha negado a aceptar familias con niños pequeños. Sin embargo, Biden ha continuado con las expulsiones con base en el Título 42 de la mayoría de las familias y adultos frente a un crescendo de críticas.

Un tribunal bloqueó el uso del Título 42, pero el fallo se suspendió en apelación. Mientras tanto, algunas familias migrantes han enviado a sus jóvenes a solicitar asilo solos, sacándolos de las peligrosas fronteras, pero separando aún a más familias.

Numerosas autoridades han desacreditado la lógica de salud pública de la ley, resaltado el daño que ha causado y abogado por su terminación.

Anthony Fauci, principal asesor en materia de salud del presidente Biden, dijo a CNN: “Enfrentemos la realidad aquí. El problema está dentro de nuestro propio país. Centrarse en los inmigrantes, expulsarlos… no es la solución a un brote”. ¿Fueron los inmigrantes una de las principales razones por las que covid-19 se estaba propagando aquí? «Absolutamente no».

Una carta al gobierno de Biden de destacados científicos condenó el Título 42 como “sin base científica y políticamente motivado” e instó al gobierno a rescindir la orden. Los signatarios recomendaron implementar medidas de salud pública que “procesen a los solicitantes de asilo en la frontera y les den libertad condicional para que vivan seguros en sus comunidades”.

En un comentario, dos expertos en salud pública escribieron que obligar a los migrantes a regresar a México los volvía a poner “a merced de los violentos cárteles mexicanos de los que estaban tan desesperados por escapar”.

A nivel internacional, un funcionario de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados afirmó que “proteger la salud pública y proteger el acceso al asilo… son totalmente compatibles”. Durante la emergencia, muchos países implementaron “medidas de control de salud, pruebas y cuarentena, para proteger simultáneamente la salud pública y el derecho a solicitar asilo”, puntualizó.

Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, criticó las expulsiones de cientos de miles de personas sin control y pidió al gobierno que “levante de inmediato y por completo las restricciones del Título 42”.

Negar el acceso a los procedimientos de asilo, dijo, “puede constituir refoulement (retorno forzado al lugar de persecución anterior)”. “El acceso garantizado a territorio seguro y la prohibición de devoluciones de solicitantes de asilo son preceptos centrales de la Convención de Refugiados de 1951 y la ley de refugiados”, explicó.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los defensores presentaron una solicitud de emergencia para la protección de 31 solicitantes de asilo excluidos por Estados Unidos bajo el Título 42. La CIDH adoptó una resolución que brinda orientación a los gobiernos para «proteger los derechos de los haitianos» que son migrantes o de otro modo desplazados.

Si bien el gobierno de Biden ha puesto fin a muchas de las injusticias de Trump, ha persistido en defender algunas de sus medidas más condenadas, incluido el Título 42. “Es como si el fantasma de Stephen Miller (exasesor de Tump) todavía estuviera moviendo los hilos de las políticas de inmigración de Biden”, comentó Nicole Phillips, de Haitian Bridge Alliance. El gobierno “necesita hacer más para erradicar el fantasma de Stephen Miller”, insistió.

Una puerta se abrió para algunos

Mientras expulsó sumariamente a algunos de los migrantes de Del Rio, Estados Unidos también aceptó a muchos más para solicitar asilo en el sistema del Título 8 previo a la pandemia.

El secretario del DHS, Mayorkas, dijo que a 13 000 de los migrantes se les permitiría “que sus solicitudes de asilo sean escuchadas por un juez de inmigración en Estados Unidos”, casi 50 % más que los 8700 enviados de regreso a Haití.

De los aceptados, 10 000 fueron liberados en Estados Unidos y entregados a familiares o patrocinadores, mientras que los otros 3000 fueron detenidos por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) mientras sus casos continúan. “Los números colocados en los procedimientos de la corte de inmigración son una función de la capacidad operativa y también de lo que consideramos apropiado”, fue la explicación evasiva de Mayorkas.

Los 10 000 inmigrantes liberados de Del Río fueron enviados inicialmente a una red de refugios no gubernamentales, donde podían organizar el transporte a lugares de todo el país.

La llegada de los refugiados a Annunciation House, en El Paso, provocó un torrente de solidaridad de la comunidad local, me dijo Hannah Hollandbyrd, del Hope Border Institute. Los voluntarios llevaron a las personas al aeropuerto y les hicieron la prueba de covid. Según el director del albergue, Rubén García, casi todos los 2000 refugiados liberados en allí pudieron trasladarse a sus destinos finales después de pasar solo unos días en el lugar.

La proporción de migrantes en Del Rio liberados para buscar asilo siguió la tendencia de todos los encuentros fronterizos durante el año pasado.

Con poca publicidad, la aplicación de la ley de inmigración de Biden comenzó a reducir gradualmente su dependencia del Título 42.

Las acciones de aplicación de la Patrulla Fronteriza bajo la medida fueron 88,3 % de los encuentros durante octubre-diciembre de 2020, el último trimestre completo de Trump, negando cualquier posibilidad de asilo en casi todos los casos. Se redujeron drásticamente a 49,4 % durante julio-septiembre de 2021 bajo Biden, por lo que la mitad de los casos se manejaron bajo el debido proceso del Título 8 que permite solicitudes de asilo.

Repatriados “voluntarios” a México

De los migrantes en el campamento de Del Río, Mayorkas dijo que unos 8000 regresaron a México “voluntariamente”, un número casi igual a los que regresaron a Haití. Es probable que muchos de estos migrantes intenten nuevamente ingresar o volver a ingresar a Estados Unidos en algún momento.

La mayoría de estos migrantes se han trasladado río abajo a las ciudades fronterizas mexicanas en el valle inferior del río Grande (o Bravo), según Camilo Cruz, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Muchos haitianos, dijo, han estado solicitando a México la regularización de su situación migratoria allí.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Los datos del gobierno mexicano mostraron que más de 26 000 haitianos solicitaron asilo en México en los primeros tres trimestres de 2021, frente a menos de 6000 tanto en 2019 como en 2020.

En una entrevista en Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz me dijo que pocos haitianos habían aparecido allí, pero que los refugios aún estaban más allá de su capacidad y otros migrantes estaban excluidos de Estados Unidos.

En Haití, donde la OIM entrega ayuda financiera a los haitianos que regresan después de su llegada, el jefe de misión de la OIM, Giuseppe Loprete, dijo a la agencia española EFE que miles de migrantes se están yendo a causa del terremoto y otras crisis. Pero señaló que muchos que habían estado viviendo en Chile o Brasil van directamente a esas embajadas en Haití y piden permiso para regresar allá.

Según un informe de la OIM, desde enero hasta octubre de 2021, aproximadamente 100 000 migrantes, 62 % de ellos originarios de Haití, cruzaron el Tapón del Darién entre América del Sur y Central.

Sin embargo, a pesar de algunos informes de que grupos más grandes de inmigrantes haitianos podrían dirigirse al norte, se informó que los encuentros fronterizos con haitianos se redujeron en 93 % de septiembre a octubre y se mantuvieron muy bajos en noviembre.

Dando la bienvenida al forastero

 A pesar del sadonacionalismo blanco que surgió en Del Río, los futuros migrantes podrían ver el resultado como una campaña parcialmente exitosa de desobediencia civil no violenta para frustrar leyes injustas, como el Título 42, y su aplicación brutal.

Los migrantes en el campamento pudieron solicitar asilo con una frecuencia relativamente mayor que los solicitantes de asilo a nivel nacional durante el mismo período.

Aproximadamente 60 % de los procesados por Estados Unidos fueron aceptados en el proceso de asilo bajo el Título 8, mientras que 40 % ciento fueron expulsados a Haití bajo el Título 42. Para todos los inmigrantes que llegaron a la frontera en septiembre, la proporción fue de aproximadamente 47 % aceptado frente a 53 % expulsado.

Dejando de lado estos resultados ambiguos, la expulsión de inmigrantes haitianos a Haití por parte del gobierno de Biden siguió siendo una operación gratuitamente cruel que arrojó a las víctimas a una situación potencialmente mortal. El Título 42 debería haber sido finalizado al comienzo del mandato de Biden, y ninguno de los haitianos debería haber sido expulsado a Haití.

La reacción mundial contra las expulsiones ha sido políticamente costosa. Sin embargo, irónicamente, el incidente de Del Rio fomentó un consenso en un espectro político sorprendentemente amplio sobre las formas de evitar futuras recurrencias de ese tipo de injusticias.

El alcalde de Del Rio, Bruno Lozano, y el ejecutivo del condado de Val Verde, Lewis Owens, habían criticado el manejo de la frontera por parte del gobierno de Biden. Sin embargo, ambos acordaron que el proceso debe reformarse para permitir que los inmigrantes soliciten asilo en los puertos de entrada.

Hollandbyrd, de Hope Border Institute, también enfatizó la necesidad urgente de abrir puertos de entrada a los solicitantes de asilo y terminar con el Título 42. Las soluciones a más largo plazo, dijo, requerirán restaurar y expandir el sistema de asilo, diversificar otras vías legales para la inmigración y abordar las causas profundas de la migración.

La representante federal Verónica Escobar, demócrata de El Paso, presentó un proyecto de ley al Congreso que establecería “un proceso de asilo humano y equitativo diseñado para las realidades de inmigración de Estados Unidos en el siglo XXI”.

El alto comisionado Grandi expresó un consenso internacional: “Aliento al gobierno de Estados Unidos a continuar su trabajo para fortalecer su sistema de asilo y diversificar las vías seguras para que los solicitantes de asilo no se vean obligados a recurrir a cruces peligrosos facilitados por los contrabandistas”.

En temas de reforma del control fronterizo, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos se ha estado reuniendo con la Patrulla Fronteriza local durante muchos años, dijo el director ejecutivo García, y ha negociado mecanismos de rendición de cuentas con ellos, incluidos estándares para el uso de la fuerza y capacitación en técnicas de desescalada.

BNHR es parte de una coalición, el Grupo de Trabajo de Política Fronteriza de New Ellis Island, que se está asociando con representantes del legislativo Congreso para codificar la transparencia y la responsabilidad de las operaciones de seguridad fronteriza en la legislación.

En su política exterior, el gobierno de Biden ha enfatizado la necesidad de un orden internacional “basado en reglas”.

Entre las normas internacionales más fundamentales se encuentran los derechos humanos, y de estos, el asilo y el refugio son existenciales. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos, desde las Naciones Unidas hasta las oenegés locales, están destacando las graves fallas de Estados Unidos para proteger a los seres humanos en movimiento. Una política de inmigración verdaderamente “basada en normas” mantendría estas normas y daría la bienvenida al forastero.

Peter Costantini es un analista independiente que reside en Seattle. Durante casi cuatro décadas, ha escrito sobre la migración y América Latina y se ha ofrecido como voluntario en grupos de justicia para inmigrantes.

El análisis completo de referencia en el que se basa este artículo se puede descargar como archivo PDF en inglés en: https://tinyurl.com/costantini-delrio

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