Cuando el visitante entra a un aserradero, una de las sensaciones inmediatas es olfativa: el olor a madera, a resina, incluso a polvo en forma de aserrín muy fino. Otra percepción es auditiva: los troncos pasando por las cuchillas que los desnudan, los fragmentan.
Las instalaciones del Grupo Industrial Silvindustrias General Emiliano Zapata, conocido como el Grupo Sezaric, en el municipio de Santiago Papasquiaro –en el estado de Durango, en el norte de México–, no son la excepción.
Cada año, unos 300 000 metros cúbicos de madera pasan por sus canales para convertirse en materia prima que servirá para fabricar desde palos de escoba hasta muebles elegantes.
La empresa, que nació hace más de 30 años, pertenece a 40 ejidos y comunidades –esquemas de propiedad colectiva de la tierra– y que involucran a 4620 ejidatarios y comuneros. El grupo posee tres empresas dedicadas a actividades como el corte forestal y la producción de tableros.
El manejo forestal sostenible, el cuidado ambiental, el empleo digno y la promoción de producción certificada distinguen a la corporación, que genera 460 empleos directos.
Antonio Virrey, presidente del grupo, asegura que la clave ha sido la organización, a la cual los socios han accedido para que sea funcional.
“Esa participación nos ha dado la fortaleza para seguir adelante. Los socios abastecen, se les compra a precio de mercado. La reinversión de dividendos ha sido clave también”, dice.
Los ejidos y comunidades poseen 626 000 hectáreas extendidas a lo largo de varios municipios de Durango, a más de 1000 kilómetros de Ciudad de México, y de las cuales 445 000 hectáreas son bosque, aunque menos de la mitad está bajo manejo forestal.
México es modélico en el funcionamiento de empresas forestales comunitarias, El no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible enlista unas 4886 comunidades y ejidos forestales, de los cuales unos 2900 explotan comercialmente el recurso.
Si bien el aserradero posee una capacidad mensual para procesar entre 7000 y 8000 metros cúbicos de madera, maneja unos 6500. El precio del tronco oscila entre 82 y 87 dólares.
A mi memoria viene una imagen de la infancia. Tendría 5 o 6 años. Vamos con mis hermanas a un pequeño aserradero en nuestro barrio en Ciudad de Guatemala. Allí están el olor a madera y a resina, y el sonido de las sierras. Se me cae la pelota que llevaba y corro detrás de ella, hasta que se despeña en un depósito de aserrín, ante cuya piscina amarilla alcanzo a frenar.
Veo la pelota nadando entre los residuos, siento mis pies en la cornisa. Cuando recorrí el aserradero del grupo, esos retazos me acompañaban a cada instante. El aserrín, el balón… Una de las insignias de la empresa es la certificación forestal, que otorga trazabilidad a la cadena de valor desde el árbol que sale del monte hasta el producto terminado.
“La certificación es muy importante, porque los predios tienen un buen manejo. Como cadena de custodia, le damos continuidad”, indica Virrey.
Para empresas como el Grupo Sezaric, el mercado nacional no premia al sello de buen manejo.
“Sean empresas de gobierno o privadas, los compradores se rigen por el precio y no buscan la certificación. Falta madurar en ese renglón. El 25 % o 30 % de nuestro volumen es certificado, pero nuestra venta es como 1 %. Tener una certificación ayuda, pero cuesta esfuerzos, dinero, tiempo. Pero no vamos a cambiar nuestro enfoque”, lamenta Virrey.
En marzo de 2019, la compañía hizo otra apuesta por la sostenibilidad con la inauguración de una planta de bioenergía alimentada con residuos forestales, como astillas y aserrín, para convertirse en la primera empresa forestal mexicana en el uso de esa tecnología.
Con financiamiento gubernamental, esa fuente bioenergética sustenta varios procesos, como el secado de la madera.
“Hemos modificado nuestros procesos para depender más de la electricidad y abandonar tareas que dependen de (combustibles fósiles). No ha sido un proyecto tan rentable, pero nos ha permitido atravesar un momento de mercado difícil y bajar costos de producción. Logramos autosuficiencia energética y tenemos un manejo responsable de los residuos”, resalta Virrey.
A pesar de experiencias como la del Grupo Sezaric y de otras corporaciones en otros ramos, la Conducta Empresarial Responsable (CER) aún es una rareza en este país latinoamericano de unos 128 millones de habitantes.
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de economías ricas del planeta, la CER significa integrar y considerar los problemas ambientales y sociales dentro de las actividades comerciales centrales, incluso a través de las cadenas de suministro y las relaciones comerciales.
Un elemento clave de la CER es la debida diligencia basada en el riesgo, un proceso mediante el cual las empresas identifican, previenen y mitigan sus impactos negativos actuales y potenciales y explican cómo se abordan.
Al garete
Las prácticas de CER en México ocurren en un vacío institucional por la falta de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, ausencia que se remonta al gobierno del conservador de Enrique Peña Nieto (2012- 2018).
A pesar de que el tema ha formado parte de los planes de derechos humanos desde 2012, su cumplimiento sigue siendo etéreo.
Humberto Cantú, profesor de la estatal Universidad Autónoma de Nuevo León, reconoce la existencia de normativa en muchos temas de CER y ausencia de claridad en los procedimientos y de comprensión amplia sobre su significado.
“Falta una discusión con mayor profundidad de la debida diligencia que se requiere y debe establecerse por vía normativa. La debida diligencia implica un proceso interno de empresas, que más o menos se aplica. Pero no hay diligencia de riesgos. Y falta un parámetro de conducta con el que una autoridad judicial o administrativa pueda determinar si se hizo bien o no se hizo nada”, analiza el también director ejecutivo del no gubernamental Instituto de Derechos Humanos y Empresas.
Una de las estrategias del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 consiste en impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta.
Las relaciones entre las empresas y el gobierno están ajadas, así que cualquier medida de este último que implique regulación anda de puntillas en el tejado.
El gobierno mexicano inició en 2015 el proceso para desarrollar el plan nacional y para lo cual instaló el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, con la participación de representantes de la sociedad civil, sindicales, gubernamentales, académicos y empresariales.
En mayo de 2017, el gobierno abrió una consulta en línea para recoger opiniones sobre el borrador del plan, pero no publicó el documento final ni la sistematización de los resultados de esa consulta.
Luego de seis sesiones entre 2015 y 2016, la sociedad civil se apartó del proceso debido a la falta de incorporación de sus recomendaciones en el borrador, especialmente por la carencia de diálogo con comunidades afectadas por la actuación corporativa.
Este país latinoamericano, la segunda economía regional, ya posee un marco jurídico para garantizar el respeto a derechos humanos por las compañías y el acceso a mecanismos de acceso a la justicia y reparación del daño por violaciones cometidas.
Pero se encuentra a la zaga en la aplicación de esos estándares, pues países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú cuentan con programas y directrices sobre derechos humanos y empresas, según el estudio de 2021 “Aportes para la discusión de una ley sobre debida diligencia empresarial y derechos humanos”, elaborado por el no gubernamental Equidad. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Perú.
El “Informe anual de evaluación y monitoreo del proceso del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México,” preparado en 2019 por el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México -compuesto por siete organizaciones-, concluyó en que no se cumplió con la hoja de ruta para construir y consultar el plan.
Si bien las partes retomaron el diálogo luego de la inauguración del gobierno en diciembre de 2018, el proceso sigue estancado.
Fernanda Hopenhaym, codirectora del no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), identifica avances y compromisos en la temática.
“Debe haber una política de Estado para que haya coherencia, para que por un lado tengamos principios rectores pero haya tratados comerciales que no contengan cláusulas de conducta empresarial. Hay oportunidades para trabajar y retos específicos para sectores económicos. El avance ha sido muy lento, aunque hay voluntad de avanzar”, explica la nueva representante latinoamericana ante el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas del Consejo de Derechos Humanos.
Entre los retos aparecen la participación en la consulta del plan, el vínculo con comunidades locales afectadas por megaproyectos y el derecho a la consulta libre, previa al diseño de obras y con información adecuada, estipulada en el Convenio 169 de la OIT.
Junto con otros ocho países latinoamericanos, México es parte del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (Ceralc), financiado por la Unión Europea (UE) y ejecutado en colaboración con la OCDE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de CER.
Brechas
Si se revisa el cuerpo jurídico mexicano, se notará que es casi perfecto en cualquier área: derechos humanos, ambiente, Pero si da el siguiente paso, topará con un precipicio, por el tamaño de la distancia para su aplicación.
El ramo empresarial no es la excepción.
A 10 años de la creación de los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos” de la Organización de Naciones Unidas –un conjunto de medidas para identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas reales o potenciales de sus actividades sobre los derechos humanos–, México carece de un marco específico para tal relación.
El “Estudio de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: México”, divulgado en septiembre último, sugiere a México “considerar elaborar, aclarar y dar a conocer” su propia estrategia para la integración de consideraciones para promover la CER y crear condiciones propicias ella en sus políticas públicas de comercio e inversión.
En ese sentido, plantea incorporar consideraciones de CER en la contratación pública de México, en el funcionamiento de las empresas estatales y en las políticas económicas de México, así como integrar la CER en los acuerdos comerciales y de inversión que el país suscriba.
José Luis Calderón, director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría (ministerio) de Gobernación, reconoce retos en la debida diligencia de las empresas y en la esfera gubernamental, como la fragmentación institucional, falta de presupuesto y de personal, así como de capacidades limitadas, y por lo cual subraya la necesidad de trabajar coordinadamente con las compañías para plasmar la CER.
A pesar de haber una iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa en el Senado, no parece figurar entre las prioridades gubernamentales.
Esa propuesta plantea la creación del Registro Nacional de Responsabilidad Empresarial, a través del cual las organizaciones interesadas podrán solicitar información y tramitar una constancia del comportamiento corporativo diligente y protección a derechos humanos.
Si solas podemos…
Las empresas prefieren la autorregulación por sobre los designios gubernamentales, bajo la premisa de que se portarán bien, sin necesidad de intervencionismos, y de que ahora su prioridad son las comunidades, la masa laboral y el ambiente.
Pero hay un pequeño problema: el récord histórico no está de su lado. Luego de medio siglo de escándalos corporativos, el uso del reflector sobre las empresas no ha devenido en un sistema universal de normas, sino en la proliferación de códigos voluntarios, como si se tratara la multinacional de la ética empresarial.
Como plantea la periodista canadiense Naomi Klein en su ya clásico libro “No logo” (2000), el debate se ha centrado más en quién vigilará la aplicación de esos controles, en vez de las reglas mismas.
Allí está la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, una guía para fomentar las contribuciones positivas de las empresas y para minimizar y resolver dificultades en sus operaciones.
Además, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales contienen pautas de comportamiento sobre asuntos como derechos humanos, trabajo, laborales, ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores e impuestos.
También está el Pacto Mundial de la ONU, un conjunto de 10 principios voluntarios sobre derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción. No hay empresa que se respete que no haya rubricado ese Pacto Mundial.
Todo eso parece comprobar lo que el escritor, profesor y documentalista estadounidense-canadiense Joel Bakan denomina “el nuevo movimiento corporativo”, basado en la premisa de que ya no se trata solo de devolver ganancias a los accionistas.
Para Olga Orozco, coordinadora del proyecto CERALC, el entorno cambia en Europa y traerá olas a América Latina. “Las empresas se dieron cuenta que, mientras no haya leyes para que la competencia actúe con la misma diligencia, empiezan a estar en desventaja”, pues sus costos son mayores y tienen menos flexibilidad.
“Van a tener que demostrar que el trato a los trabajadores va en línea con los derechos humanos, que ofrecen beneficios y que se hacen responsables por los daños que puedan generar en lo social, laboral, ambiental”, anticipa.
Para Cantú, nuevo miembro latinoamericano en el Grupo de Trabajo, el alcance de la política pública es “relativamente reducido”, pero es el primer paso.
“Hay que traducirlo a normatividad, lineamientos. El sector privado observa la conveniencia de cumplir con esos estándares, la sociedad civil tiene la mayor expectativa. Es necesario que haya una adecuada reglamentación sobre la actividad empresarial y sus impactos y que tenga una visión de mediano y largo plazos, que haya una agenda común de trabajo”, plantea.
La expectativa común visualiza el horizonte de 2023, con un plan de acción consensuado y listo para aplicarse, y año en el cual la OCDE examinará a México en el tema de CER.
Hopenhaym quiere ver un paso más veloz y que no solo sea un compromiso.
“A las cámaras empresariales les interesa participar en el proceso, porque les brinda un piso parejo de acción, lineamientos y políticas claras. La agenda global avanza en el tema y no creo que a los empresarios les interese quedar fuera. Hay una tendencia internacional para construir estándares parejos”, apunta.
Para Virrey, el mejor apoyo sería el impulso gubernamental a las compras certificadas. “Nos consideramos una tierra fértil, si el gobierno, dentro de sus políticas, nos da subsidios, lo multiplicamos con la reinversión de utilidades”, señala.
El Grupo Sezaric está decidido a mantenerse en la senda sostenible, con o sin plan gubernamental. Ahora, su meta inmediata es exportar tableros a Estados Unidos en 2022 y posiblemente Canadá.
Para la gente del bosque, como los ejidatarios y comuneros, éste es su sustento y su cosmovisión, su pasado y su futuro. Esa sensación se percibe también cuando uno se adentra en un sendero boscoso y siente la temperatura más fresca, el aire puro y los sonidos naturales.
En estas brechas, los árboles esperan las manos entrenadas que los corten y los transformen en una mesa elegante. Pero cómo trabajan y qué reciben esas manos, importa tanto cómo el cuidado de los bosques.
Este reportaje se realizó como resultado del taller “Empresas y derechos humanos: potenciar la narrativa de las buenas prácticas”, organizado por el proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (Ceralc), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
RV: EG
