GLASGOW – En la comunidad de Bella Bella, en Isla Tortuga, en la occidental provincia canadiense de Columbia Británica, el pueblo indígena heiltsuk captura el calor del aire mediante dispositivos para 40 por ciento de sus viviendas, en un plan cuyo horizonte es el de la soberanía energética sostenible.
“Usamos menos energía, pagamos menos y es bueno para la salud. El proyecto es consistente con nuestra visión. Necesitamos tener una buena relación con la naturaleza”, resaltó a IPS la indígena heiltsuk Leona Humchitt, durante un foro sobre microrredes eléctricas indígenas en la llamada Zona Verde de la cumbre climática que acoge esta ciudad escocesa desde el 31 de octubre.
Para los grupos nativos, estas obras significan enfilar hacia la soberanía energética para no depender más de proyectos ajenos a las poblaciones locales, combatir la pobreza energética, pavimentar la transición a modos menos contaminantes y combatir la exclusión que padecen en el sector renovable debido a las políticas gubernamentales y decisiones corporativas.
La modernización iniciada en el primer trimestre de 2021 permitió rebajar las tarifas eléctricas en términos anuales de 2880 dólares a unos 1200 para cada vivienda participante.
Además, el cambio a bombas de calor elimina cinco toneladas de emisiones contaminantes al año y han reducido el consumo de 2000 litros anuales de diésel por vivienda en la comunidad que se suele alimentar de una planta hidroeléctrica privada.
Financiado por el gobierno canadiense y organizaciones no gubernamentales, el proyecto “Cambio a combustibles estratégicos” forma parte del Plan de Acción Climática Heiltsuk, que también incluye medidas como biocombustible y biomasa obtenidos de algas marinas y emisión de bonos de carbono provenientes de ecosistemas marinos.
En 2017, más de 250 comunidades indígenas remotas, de las 292 existentes en Canadá, dependían de sus propias redes de microgeneración eléctrica, dependientes especialmente de generadores diésel.
El emprendimiento de los heiltsuk, parte de los tres grandes pueblos nativos canadienses, forma parte de un portafolio de iniciativas transicionales energéticas indígenas que han sido incorporadas a la no gubernamental Energía Limpia Indígena (ICE, en inglés), que opera en Canadá.
Su Plataforma Global de Emprendimientos Sociales fue uno de los lanzamientos en la Zona Verde, un programa abierto paralelo de la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuya sesión anual cerrará el viernes 12.
ICE cuenta con una lista de 197 proyectos, 72 de bioenergía, 127 de eficiencia energética y 19 de otras alternativas, superiores a un megavatio de capacidad instalada. Esas iniciativas representan conjuntamente 1492 millones de dólares en ingresos en 10 años.
Para Mihskakwan James Harper, un indígena del pueblo indígena cree de Sturgeon Lake –en la occidental provincia canadiense de Alberta–, se trata no solo de soberanía energética, sino también del poder comunitario para disponer de sus propios recursos.
“Modificamos el autoconsumo y las comunidades se benefician de la energía, y así se beneficia la tierra. Sin nosotros, no vamos a alcanzar las metas climáticas. Mostramos que los pueblos indígenas podemos traer innovación y soluciones a la crisis” climática declaró a IPS el también gerente de desarrollo en la empresa energética NRStor.
NRStor Inc y la Corporación de Desarrollo Económico de las Seis Naciones del Gran Río en Ontario, una provincia de Canadá, construyen el proyecto de almacenamiento con baterías Oneida –de 250 Mw de capacidad y de 400 millones de dólares de inversión-, en el sur de esa entidad canadiense.
La instalación, que evitará unos 4,1 millones de toneladas de emanaciones contaminantes, la mayor de su tipo en Canadá y una de las más grandes del mundo, proveerá de capacidad energética limpia y estable, al almacenar energía renovable fuera de las horas pico de consumo, para liberarla cuando la demanda crece.
ICE calcula en 4300 millones de dólares en inversiones necesarias para apuntalar esa eficiencia energética que crearía unos 73 000 empleos directos e indirectos y más de cinco millones de toneladas de dióxido de carbono evitadas en 10 años.
A megavatio lento
El incremento de fuentes limpias tiene un papel determinante en lograr uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que sustentan la Agenda 2030 y que la comunidad internacional se trazó en 2015 para los siguientes 15 años, en el marco de las Naciones Unidas.
El ODS 7 tiene como meta establecer una “energía asequible y no contaminante”.
A paso lento marchan procesos similares al del ICE canadiense.
Dos proyectos de la Alianza para Una Energía Adecuada con los Pueblos Indígenas (REP, en inglés), lanzada en 2018 por el no gubernamental Grupo Mayor de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible, se ejecutan en El Salvador y Honduras.
En el primer país se trata del “Acceso de energía fotovoltaica a pueblos indígenas”, desarrollado desde 2020 en conjunto con el no gubernamental Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño.
Está financiado con 150 000 dólares del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), consistente en la dotación de 24 sistemas fotovoltaicos a tres comunidades del pueblo de Guatajiagua, en el oriental departamento de Morazán.
En la segunda nación, el Consejo Indígena Lenca Comunitario y el Comité Pro Construcción lleva a cabo la instalación de una central minihidroeléctrica, en beneficio de dos comunidades indígenas lenca en el municipio de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá, en el sudoeste de Honduras.
El proyecto “Generación de energía hidroeléctrica para la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico de las comunidades lencas de Plan de Barrios y El Zapotillo”, iniciado en 2019, goza de financiamiento del FMAM por 150 000 dólares.
Las alternativas limpias se enfrentan a la desconfianza comunitaria debido a violaciones de derechos humanos cometidas por dueños de plantas eólicas, solares e hidroeléctricas en países como Colombia, Honduras y México, y que incluyen despojo de tierras, contratos lesivos para los grupos locales y falta de consulta libre, previa al diseño del proyecto y con información adecuada.
La evolución de las iniciativas energéticas ha sido lenta, debido a barreras a financiamiento y a las limitaciones impuestas por la pandemia de covid-19.
“Nuestro interés principal es posibilitar el acceso a energía renovable accesible y que los pueblos indígenas participemos en los proyectos. Esos procesos deben ser liderados por las organizaciones indígenas. Claro que nos interesa participar en las redes globales”, pidió a IPS la indígena miskita de Nicaragua Eileen Mairena-Cunningham, coordinadora de proyectos de REP.
A partir del siempre difícil primer paso, las comunidades indígenas quieren acelerar la marcha.
En Bella Bella, en Canadá, la aspiración es el reemplazo progresivo de diésel por biocombustible en vehículos y botes, estos últimos vitales para la comunidad pesquera.
“No vamos a electrificar el transporte de la noche a la mañana. Vemos una oportunidad en el biodiesel. Tenemos que avanzar en ese tema”, previó Humchitt.
Harper coincidió con esa visión. “Claro que queremos autos eléctricos, en la medida en que sean accesibles y satisfagan nuestras necesidades. Queremos abandonar el diésel. Las comunidades tienen que liderar el proceso” de la transición local, señaló.
Mairena-Cunningham subrayó que los pueblos originarios le dan primordial importancia a participar en las redes globales.
“Los proyectos existentes nos dejan lecciones de lo que se puede hacer en el territorio. Es necesario que haya políticas que faciliten la participación indígena y que haya salvaguardias especiales para el acceso al territorio. Se necesita también de fortalecimiento de capacidades”, indicó la activista.
Las energías renovables pueden sumarse a medidas ecológicas que los pueblos indígenas ya utilizan, como la protección forestal, conservación de la biodiversidad y el cuidado del agua. Pero su despliegue local requiere de algo más que voluntad.
IPS realizó este artículo con el apoyo de Iniciativa Climática de México y European Climate Foundation.
RV: EG
