GINEBRA – Todo estaba advertido, tanto el brote de una variante más contagiosa de la Covid19 que desató nuevamente las alarmas sanitarias internacionales, la amenazante ómicron, como también la confirmación de la morosidad de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para zanjar la puja entre países ricos y pobres por el reparto de las ganancias que dejan los intercambios.
Los dos factores se conjugaron el pasado viernes 26, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró “preocupante” al nuevo tipo de covid-19 y sus mutaciones y puso en alerta al sistema de investigación científica de la institución que indaga características y efectos de la nueva variedad.
Horas más tarde, cuando varios países, entre ellos Suiza, cancelaron vuelos a naciones de África del Sur, la OMC suspendió “indefinidamente” su 12 Conferencia Ministerial, que debía sesionar del 30 de noviembre al 3 de diciembre en esta ciudad suiza.
La índole del virus y las perspectivas de multiplicarse, de manera arrolladora como lo ha hecho hasta ahora, y de transformarse en una variante más insidiosa, como aparenta el ómicron, ya se conocían desde que China oficializó la irrupción del SARS-CoV-2 en los primeros días de enero de 2020.
La sociedad internacional había sido prevenida de ese peligro por una comisión de científicos que encabezaba la médica noruega Gro Brundtland, ex directora general de la OMS. Pero el sistema sanitario no estaba preparado y los primeros meses fueron caóticos hasta que mejoraron los sistemas de producción y los laboratorios descubrieron fórmulas de vacunas apropiadas.
A lo que no se encuentra solución es al vacío moral que envuelve a los centros de poder universal en materia de vacunas y de otros tratamientos anticovid, como no se cansan de repetir el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Esa falencia debilita la cooperación internacional y favorece el culto a la maximización de la ganancia, los dos factores que han impedido la distribución equitativa de vacunas y demás paliativos a la pandemia y han dejado un saldo de sufrimientos y muertes.
En ese cuadro, la novedad del ómicron reactivó los mecanismos que la OMS ya tenía en funcionamiento, con las conocidas limitaciones de recursos que la institución padece históricamente en su sede central de Ginebra y en las regiones más desfavorecidas, con África en primer lugar.
Al mismo tiempo entre este lunes 29 y el miércoles 1 de diciembre, en una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de Salud, la OMS comenzó la evaluación de un programa vinculante para fortalecer la preparación y la respuesta del sistema mundial de salud a las emergencias sanitarias actuales y venideras.
El informe final con las propuestas será examinado por el Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 2022, y por la 75 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2022.
Los documentos que se discuten están destinados a tener efecto en el futuro de la salud pública universal y son ya tema de debate en relación a la pandemia actual.
Un borrador sobre el ángulo de la equidad estima que ese principio es “fundamental para la salud mundial”.
Reviste gran importancia en relación “con las emergencias sanitarias, incluso en relación con la creación de capacidad, el acceso oportuno y equitativos a contramedidas médicas, la distribución de estas contramedidas (y) la superación de los obstáculos que dificultan dicho acceso y dicha distribución”.
Y el borrador extiende la aplicación de la equidad a “cuestiones conexas como la investigación y el desarrollo, la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y el empoderamiento/ampliación de la capacidad local y regional de fabricación durante las emergencias para descubrir, desarrollar y ofrecer contramedidas médicas y otras herramientas y tecnologías eficaces”.
Estos puntos, vitales para afrontar la pandemia, son examinados también por la OMC y se esperaba que la ahora aplazada Conferencia Ministerial zanjaría un desencuentro entre países en desarrollo, encabezados por India y Sudáfrica, y un grupo de naciones industrializadas reducidas en las últimas semanas a solamente los del bloque de la Unión Europea, Gran Bretaña y Suiza.
Los gobiernos de Nueva Delhi y Pretoria presentaron el 2 de octubre de 2020 una iniciativa, ante el Consejo de la OMC sobre algunos Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), para obtener la suspensión de los derechos de propiedad intelectual que amparan las patentes y otros elementos vitales para la fabricación de las vacunas contra la covid.
La propuesta de los negociadores indios y sudafricanos fue patrocinada por otros 62 Estados miembros de la OMC y respaldada por más de un centenar, del total de 164 Estados parte de la institución.
La administración saliente de Estados Unidos, con Donald Trump en la presidencia (2017-enero 2021), se había opuesto frontalmente a la iniciativa. Su sucesor, Joe Biden, cambio de posición y se declaró dispuesto a negociar la propuesta india-sudafricana.
El proyecto de suspensión de la propiedad intelectual, por un período en principio de tres años, propende, una vez eximidos del respeto a las patentes y otros derechos en un proceso completo de transferencia de tecnología, a la fabricación de las vacunas y otros elementos en países en desarrollo que ya disponen de infraestructura apropiada.
Europa propone que los países en desarrollo se acojan a las facilidades que concede el rígido sistema de propiedad intelectual de la OMS.
Se trata de las licencias obligatorias, una concesión que puede otorgar el titular del derecho a cambio de una recompensa económica que suele ser muy suculenta para las exiguas arcas fiscales de un país en desarrollo, en particular durante esta recesión que la pandemia arrastra.
Pero, como observan las organizaciones no gubernamentales, el método de las licencias obligatorias es engorroso porque demanda una solicitud de licencia por cada detalle de las contramedidas médicas que se pretende copiar.
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Bruselas y sus aliados han conseguido frenar la iniciativa de los países del Sur en desarrollo durante más de un año pero se consideraba improbable que pudieran mantenerse irreductibles ante el pleno de ministros.
La posición europea se debilitaba en las últimas semanas cuando la expansión del virus ha estado arreciando en su propio territorio. ´
El gobierno de Biden, también apremiado por la persistencia del virus en su país, ha dado muestras de impaciencia y aspira a que las dos instituciones asentadas en esta ciudad suiza produzcan resultados.
Además de la salud, la OMC y su aplazamiento de las deliberaciones ministeriales repercuten sobre otro desequilibrio amenazante para la humanidad: el cambio climático y sus efectos sobre el equilibrio de los océanos con su fauna y flora incluidos.
Y en este tema, la institución asumió un compromiso, vencido hace un año, con la cumbre de jefes de estado reunidos en 2015 por la ONU, de eliminar las subvenciones a la pesca que son nocivas para el ambiente oceánico y sus especies.
Los países en desarrollo ya habían conseguido en 2001, durante la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, un llamado a negociaciones para alejar de sus mares a las flotas pesquera subvencionadas de las naciones industrializadas.
Durante casi 20 años no se avanzó un paso y ahora la OMC trastabilla para imponer una legislación, demandada por la ONU, que impida la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como la pesca excesiva.
El proyecto de convenio sobre pesca que se hubiera presentado a los ministros en la frustrada conferencia llevaba entre corchetes, lo que significa que carecen de aprobación unánime, temas cruciales como la pesca de alta mar, los derechos a subvenciones de los pescadores artesanales en aguas territoriales de sus países, las subvenciones a los combustibles de las grandes flotas y la perpetración del trabajo forzoso en buques pesqueros.
La cuestión del trabajo forzoso fue introducida a último momento, en un inciso perdido, a solicitud de Estados Unidos, de esas que no se pueden denegar, como entendió el diplomático colombiano Santiago Willis, que dirige esas negociaciones y tuvo a su cargo la redacción del borrador de convenio.
De todos modos, es muy difícil que ese punto prospere pues China ha hecho saber que se opondrá de plano y en la OMC las decisiones hasta ahora se adoptan por consenso. En los casi 26 años de vida de la institución ha habido varios intentos de introducir la cuestión laboral como condicionante del comercio y todas han sido rechazadas por los países en desarrollo.
Y en cuestión de historia, la chispa de casi todas las grandes desavenencias en la OMC ha sido la negociación de los temas agrícolas y alimentarias.
Esta vez no será la excepción.
El cuadro es simple. De un lado, los países pobres que como única riqueza tienen la naturaleza y su fuerza de trabajo. Del otro, naciones ricas, consumidores pudientes, tecnologías creativas, capitales sedientos, algunas con tierras áridas y, no olvidar, recuerdos frescos de no muy lejanos pasados coloniales con todo lo que aún sigue significando.
Salvadas las infertilidades y aún con esfuerzo las pesadillas, el resto no sería un obstáculo para acordar transacciones favorables a las dos partes si no fuera por que se entromete el famoso gusano de la maximización de los beneficios y arruina las cosechas. El método escogido consiste en complicar un trámite sencillo.
El texto del Acuerdo sobre la Agricultura es, entre otras cosas, un compendio de latinajos y un empaste de colores, ámbar, verde, azul, para ocultar la trampa de subvenciones y proteccionismo. Al final no hay misterio, ya se sabe quienes son victimarios y víctimas.
En ese ambiente peculiar, las negociaciones de agricultura para esta conferencia ministerial suspendida subieron de tono cuando se tocó el tema de los programas de reservas públicas de alimentos que los países que tienen latente la amenaza de escasez o incluso de hambruna pretenden liberar de prohibiciones.
India e Indonesia encabezan un grupo de naciones pobres que aspiran a implantar o sostener programas de seguridad alimentaria sin exigencias desmesuradas de las naciones ricas.
Nueva Delhi se mostró decidida a bloquear las negociaciones de agricultura si en esta conferencia no se atendían sus reclamos pendientes sobre el tema.
Estados Unidos, Australia y otras naciones industrializadas y a la vez exportadoras agrícolas se oponen porque, aducen, India y otras de las eventuales beneficiarias de esas reservas tienen la supuesta intención de usar esos recursos acopiados para salir a competir al mercado agrícola.
ED: EG
