RÍO DE JANEIRO – El gobierno de Brasil ocultó por tres semanas que la deforestación de la Amazonia brasileña aumentó 21,97 por ciento el último año y acentuó una tendencia que amenaza con echar a perder los esfuerzos por contener el recalentamiento planetario.
El informe del estatal Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE, en portugués) con los datos del año amazónico terminado en julio, e iniciado en agosto de 2020, tiene fecha del 27 de octubre, pero el gobierno solo lo divulgó el jueves 18 de noviembre.
Evitó así que el desastre deteriorara más aún la credibilidad del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, ya derrochada por casi tres años de acciones antiambientales, en la antesala de la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la convención sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow, entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.
El Proyecto de Monitoreo por Satélite de la Deforestación en la Amazonia Legal (Prodes), del INPE, registró 13 235 kilómetros cuadrados de áreas que tuvieron su cobertura boscosa totalmente suprimida, 21,97 % más que en el período anterior y casi el triple de los 4571 kilómetros cuadrados de 2012.
La Amazonia Legal, que ocupa 5,01 millones de kilómetros cuadrados en Brasil, ya perdió cerca de 17 % de su área boscosa. Una extensión similar tuvo sus bosques degradados, es decir algunas especies taladas, reducción de su biodiversidad y biomasa, según el no gubernamental Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia.
Carlos Nobre, uno de los principales climatólogos del país y quien integra el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), evalúa que el mayor complejo forestal tropical del mundo se acerca a su degradación irreversible en un proceso de “sabanización”.
El punto de no retorno es la deforestación entre 20 a 25 %, estima el actual investigador del Instituto de Altos Estudios de la Universidad de São Paulo y miembro de las academias de ciencias de Brasil y Estados Unidos.
Alcanzar ese punto constituiría un desastre para el planeta. Es que los bosques y suelos amazónicos almacenan el carbono equivalente a cinco años de las emisiones mundiales, estiman los especialistas. El colapso forestal liberaría gran parte de sus gases del efecto invernadero en la atmósfera.
Un riesgo similar proviene del llamado permafrost, una capa de subsuelo congelada bajo el hielo del Ártico y Groenlandia, por ejemplo, que empieza a descongelarse ante el calentamiento global.
Brasil había logrado reducir la deforestación amazónica desde 2004, cuando se registró 27 772 kilómetros cuadrados de bosques suprimidos. Un esfuerzo de los órganos ambientales bajó ese exceso a 4571 kilómetros cuadrados en 2012. Vale decir que es posible, pero depende de la voluntad política y de la gestión.
Es otro gigantesco almacén de carbono que, liberado, atropellaría el intento de limitar en 1,5 grados Celsius el aumento de la temperatura de la Tierra en este siglo.
La Amazonia, un inmenso bioma que se distribuye por ocho países sudamericanos más el territorio de la Guayana francesa, es por tanto clave en la busca de soluciones para la crisis climática.
Brasil, con 60 % del bioma, tiene un papel decisivo. Y por eso es el blanco evidente de la medida anunciada por la Comisión Europea que, con la esperada aprobación del Parlamento Europeo, pretende prohibir la importación de productos agrícolas asociados a la deforestación o la degradación forestal.
La Comisión, órgano ejecutivo del bloque de 27 países de la Unión Europea, no distingue la deforestación legal y la ilegal. Exige que los exportadores comprueben la exención de sus productos, mediante el rastreo de sus proveedores.
Brasil es el gran exportador agrícola bajo la mirada de los ambientalistas y líderes que, por interés comercial o ambiental, quieren mantener de pie los bosques aún existentes en el mundo.
El aumento de 75 % en la deforestación amazónica en los casi tres años de gobierno de Bolsonaro amplía la vulnerabilidad brasileña a las restricciones comerciales por motivos ambientales.
Esa fue la probable razón de un cambio de actitud de la delegación gubernamental en la ciudad escocesa Glasgow, durante la COP26.
Inesperadamente Brasil adhirió al compromiso de reducir 30 % de las emisiones de metano para 2030, una medida que afecta su ganadería vacuna, que responde por 71,8 % de las emisiones nacionales de ese gas de efecto invernadero.
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Como es el mayor exportador mundial de carne de vacuno, que obtuvo 8400 millones de dólares por dos millones de toneladas en 2020, Brasil había rechazado anteriormente propuestas volcadas al metano, un gas por lo menos 20 veces más potente que el dióxido de carbono en recalentamiento global.
Brasil también prometió eliminar la deforestación hasta 2028, dos años antes del compromiso propuesto, y dejó de obstruir acuerdos, como el del mercado de carbono, en una postura totalmente distinta de la que adoptó en los dos años anteriores.
La amenaza de barreras comerciales y el intento de mejorar la reputación internacional del gobierno están por detrás de la nueva actitud. Los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, Carlos França, y de Medio Ambiente, Joaquim Leite, en sus cargos desde abril y junio, respectivamente, tratan de mitigar los daños provocados por sus antecesores, buros antidiplomáticos y antiambientalistas.
Pero los datos de la deforestación amazónica y la dilación de su divulgación desatan nueva ola de descrédito.
Leite alegó no haber tenido conocimiento anterior del informe del INPE, una justificación poco creíble en un gobierno conocido por abusar de noticias falsas y la desinformación. Anunció que el gobierno será “contundente” en la represión a los delitos ambientales en la Amazonia, al comentar los datos de la deforestación “inaceptables”.
Junto con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, que tiene la Policía Federal bajo su administración, prometieron movilizar las fuerzas necesarias para combatir la deforestación ilegal.
La reacción es tardía y de éxito dudoso, ante la disposición contraria del jefe de gobierno y la desactivación de los órganos ambientales por el ministro anterior, Ricardo Salles, que defendió extractores ilegales de madera contra la acción policial.
El exministro privó de recursos y especialistas a los dos institutos ejecutores de la política ambiental, uno de inspección y otro de protección de la biodiversidad y gestión de las unidades de conservación. Además nombró personas sin calificación, como policías militares, para comandar esos órganos.
El presidente Bolsonaro abolió los consejos y otros mecanismos de participación de la sociedad en la gestión ambiental, tal como en otros sectores, y estimuló varias actividades ilegales en la Amazonia, como el “garimpo” (minería informal), la invasión de áreas indígenas y tierras públicas.
El resultado solo podría ser el incremento de la deforestación y los incendios forestales que diseminaron la destrucción en los dos últimos años. El humo de las “quemadas” contaminó el aire de ciudades a más de 1000 kilómetros.
Bolsonaro, sin embargo, declaró el 15 de noviembre en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, que en la Amazonia no ocurren incendios debido a la humedad forestal y que 90% de la región se mantiene “igual que en 1500”, cuando llegaron los portugueses en Brasil.
Su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, reconoció que “la deforestación en la Amazonia es real, los datos del INPE no dejan dudas”. Su inusual discrepancia con el presidente se basa en su experiencia al presidir el Consejo Nacional de la Amazonia Legal, para proponer y coordinar acciones en la región.
Brasil había logrado reducir la deforestación amazónica desde 2004, cuando se registró 27 772 kilómetros cuadrados de bosques suprimidos. Un esfuerzo de los órganos ambientales bajó ese exceso a 4571 kilómetros cuadrados en 2012 (ver gráfico). Vale decir que es posible, pero depende de la voluntad política y de la gestión.
ED: EG
