GINEBRA – La condena a 11 años de cárcel sobre el periodista estadounidense Danny Fenster, dictada este viernes 12 por un tribunal militar en Myanmar, fue criticada, como emblema de la represión en ese país, por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“La dura condena hoy en Yangon tras un juicio injusto a puerta cerrada es emblemática de la difícil situación de los periodistas en Myanmar, que han estado enfrentando una represión constante desde el 1 de febrero”, expresó Bachelet en una declaración en su oficina en esta ciudad suiza.
El 1 de febrero se produjo un golpe de Estado con el que los mandos del Tatmadaw (ejército) de Myanmar asumieron todos los poderes, arrestaron al presidente Win Myint, a la líder civil Aung San Suu Kyi, y han respondido con una represión generalizada a las manifestaciones de protesta y resistencia.
Bachelet expuso que el ejército detuvo al menos a 126 periodistas, responsables de medios de comunicación o editores desde el 1 de febrero, de los cuales 47 siguen detenidos, y 20 han sido acusados de delitos por su labor como periodistas.
Se han revocado las licencias de nueve medios de comunicación, otros 20 debieron suspender sus operaciones y, según informes de la oficina de Bachelet, decenas de periodistas permanecen ocultos debido a órdenes de arresto pendientes en este país asiático también conocido por su antiguo nombre de Birmania.
“La dura condena hoy en Yangon tras un juicio injusto a puerta cerrada es emblemática de la difícil situación de los periodistas en Myanmar, que han estado enfrentando una represión constante desde el 1 de febrero”: Michelle Bachelet.
Fenster, de 37 años y quien trabajaba para la publicación Myanmar Frontier, fue detenido en el aeropuerto de Yangon en mayo y este viernes fue sentenciado a 11 años de prisión, acusado de violar leyes relacionadas con la asociación ilegal, la inmigración y por sembrar la disidencia contra los militares.
La oficina de Bachelet recordó que fue juzgado por un tribunal ad hoc dentro de la prisión de Insein en Yangon, la antigua capital del país, con los procedimientos cerrados a cualquier escrutinio público, y aún enfrenta un segundo juicio por cargos de alta traición y violaciones de la ley contra el terrorismo.
“Es un resultado reprobable en una causa que desde el principio ha estado plagada de irregularidades. Para empezar, Danny no debería haber sido detenido nunca”, observó Ming Yu Hah, subdirectora regional de campañas de la organización humanitaria Amnistía Internacional.
Según Ming “condenarlo a un total de 11 años de prisión muestra hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades de Myanmar para dejar claro que no respetan a los medios de comunicación independientes en el país, ni cómo pueda afectar a la familia el encarcelamiento injusto de una persona”.
El tribunal que condenó a Fenster “pasó por alto innumerables pruebas que demostraban dónde trabajaba y registros de sus estancias en el país. Debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones, y se deben retirar todos los cargos que pesan contra él”, agregó la activista.
Bachelet insistió en que “los periodistas han sido atacados desde el 1 de febrero, y los líderes militares claramente intentaron reprimir sus intentos de informar sobre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Myanmar, así como el grado de oposición al régimen”.
Myanmar “ha vuelto rápidamente a un entorno de control de la información, censura y propaganda visto bajo regímenes militares en el pasado”, resumió la responsable de derechos humanos de la ONU.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la situación humanitaria en Myanmar, en el marco del clima de conflicto generado tras el golpe de febrero, lo que incluso ha dificultado la distribución y administración de vacunas contra la covid-19 y la labor de los trabajadores de la salud.
Según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la violencia política y acciones armadas en varias regiones de Myanmar, así como la represión de protestas cívicas, han provocado en ocho meses unas 10 000 detenciones y más de 1180 muertes.
También han difundido informes según los cuales más de 220 000 personas se han desplazado de sus hogares debido al clima de violencia.
La enviada especial de la ONU para el país, Christine Schraner, ha advertido que “si el poder no se devuelve al pueblo de forma democrática, el país irá en dirección a un estado fallido”.
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