MONTEVIDEO – Robots, datos y más datos, proponer llegar a una economía baja en emisiones, o dar el paso hacia la meta de cero carbono, requiere investigar. Así lo vive Uruguay, embarcado en el desafío de probar que este camino es viable, con cambios que ya están en marcha.
La economía carbono neutral es una bandera que eligen alzar desde organizaciones no gubernamentales hasta empresas y organismos internacionales. Los países, en sus promesas internacionales para combatir el cambio climático —bajo el paraguas del Acuerdo de París—, han pasado a papel sus objetivos hacia una economía con menos emisiones. Y ahora se ven comprometidos a rendir cuentas y mostrar avances, entre lo políticamente correcto y el deber ser.
Uruguay no escapa a esta tendencia. Aquí, los esfuerzos en marcha en un país que quiere mostrarse verde y natural, y demostrarlo en la práctica.
Contribución determinada a nivel nacional
Las pasturas mejoran el suelo y hacen que aumente la presencia de microorganismos que lo benefician con más materia orgánica. Los cultivos tienen luego un mayor crecimiento en ese suelo. Esto estuvo claro ya desde la época de los Romanos. ¿Cuánto tiempo de pastura es suficiente? ¿Cada cuánto? Fueron las preguntas habituales durante siglos.
En 2015, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se estaba reformulando. Armó su plan a cinco años y puso el foco en producir más, ser más rentable, pero cada vez dándole más importancia al impacto ambiental.
Con formación en agronomía en la Argentina y estudios en Alemania, Fernando Lattanzi llegó ese año a Uruguay y se instaló en el departamento de Colonia, en el suroeste del país, a trabajar en el INIA.
A 15 días de su llegada, él y una delegación del instituto fueron recibidos por el entonces ministro de Agronomía, Tabaré Aguerre, junto a sus asesores climáticos. El tema de la reunión: los compromisos ambientales que Uruguay iba a asumir ante Naciones Unidas en la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco sobre Cambio Climático en París pocos meses después. Plantearon números sobre la mesa y trabajaron juntos en una propuesta “razonable” para el futuro del país, recuerda Lattanzi.
En diciembre de 2015, Uruguay presentó sus metas en tierras francesas, mientras las alertas sobre el aumento de la temperatura global sonaban fuerte y las emisiones de carbono se imponían en el centro de la discusión por su contribución al cambio climático. ¿Cómo reducirlas? ¿Cómo hacer que el suelo capture carbono y este no se libere a la atmósfera?
Tras un inicio como investigador básico en plantas con ensayos puertas adentro del laboratorio, Lattanzi se abrió a conocer el estudio del carbono en el suelo. Hoy, lidera el Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes del INIA, con conexión directa a las preocupaciones de productores y del gobierno.
“Todo arranca cuando investigamos. ¿Por qué ponernos a medir los gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático), y no destinar esos esfuerzos a estudiar cómo producir más trigo? Sí, Uruguay es un país chico que contribuye poco (a las emisiones globales]), pero se trata de aportar desde el lugar de cada uno y, además, de adaptarse a la demanda de consumidores que cada vez más se interesan por el impacto ambiental de lo que compran, comenta el ingeniero agrónomo.
El carbono puede acumularse como materia orgánica en el suelo y permanecer allí décadas o hasta cientos de años. Las pasturas contribuyen a que esto ocurra, en gran medida, gracias a la abundante cantidad de raíces que producen y también porque, al cubrir el suelo en forma continua, lo protegen de la erosión. De esta manera, remueven carbono de la atmósfera y lo secuestran en el suelo, contribuyendo a mitigar el calentamiento global.
El Ministerio de Ganadería cuenta con información para estimar el área cubierta por pasturas y contabilizar cuánto carbono está capturando el país. Lo incluye en el inventario nacional de GEI, que son cálculos con los que Uruguay rinde ante la comunidad internacional su parte en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué falta?
Hito para 2021
Es necesario “medir y tener sistemas de monitoreo, reporte y verificación de stocks de carbono en el suelo, para que sean aceptados como válidos por el resto de los países”, explica Lattanzi.
Esto es en lo que el INIA está contribuyendo: medir la cantidad de carbono acumulado en el suelo a lo largo de los años en diferentes secuencias de cultivos y pasturas. Para ello, utiliza datos de experimentos históricos que se iniciaron décadas atrás y otros nuevos que toma en la actualidad. Algunos de estos experimentos de largo plazo sobre carbono en el suelo son “los más viejos de América del Sur”, destaca. “El material es una joya”, precisa.
El equipo de investigación del INIA prevé cerrar 2021 con un “hito”. Lattanzi sonríe, esperan para este año publicar una cifra clave que surge de tanto trabajo: “Un número que se podrá usar cuando Uruguay haga sus cuentas para mostrar que los sistemas de producción agrícola-ganadero del país están efectivamente secuestrando carbono”, afirma.
Este es solo el principio. Además, están estudiando si un predio con sobrepastoreo podría recuperar parte del carbono en el suelo con un mejor manejo de la actividad, si pasturas más biodiversas secuestran más carbono, y si el riego de cultivos y pasturas aumenta el secuestro de carbono. Las oportunidades a futuro son grandes.
Nuevo ministerio
Las certificaciones que demuestren que un producto se hizo respetando el ambiente existen, y los mercados internacionales cada vez las demandan más. Es un tema no solo ambiental, sino también comercial y productivo. Uruguay, que centra sus exportaciones en materias primas, se traza a 2025 el objetivo de reducir a la mitad sus emisiones, al tiempo que aumenta la producción, por ejemplo, de carne. El país tiene la tarea de hacer compatible todo esto.
“Uruguay se debe consolidar como un país productor natural de alimentos y ambientalmente responsable, y lograr demostrarlo. Yo le llamo a esto devolverle el contenido ambiental a la marca ‘Uruguay Natural’. Hay mediciones, pero están desordenadas. Hay que organizar todo esto para luego poder comenzar a certificar lo que el mundo pide”, plantea el ministro de Ambiente, Adrián Peña.
El país tiene ministro de Ambiente desde el 27 de agosto de 2020, hace solo un año. Promesa de campaña del Partido Nacional, ahora en el Gobierno, la nueva cartera irrumpió en escena aún sin edificio propio y comenzó a funcionar con direcciones como la de Medio Ambiente o Aguas con oficinas centrales dispersas en Montevideo.
Peña es optimista. El camino es “pensar en el largo plazo y alinear las políticas”, dice. “Esto es lo que nos toca, la visión macro, y por suerte lo estamos comenzando a lograr.” Y festeja el buen vínculo con Economía, clave en la gestión e impulso de la transición hacia cero carbono.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, armó en 2020 un gabinete ambiental con integrantes del INIA y el coordinador Marcelo Caffera, economista especializado en temas ambientales, que es el vínculo con el Ministerio de Ambiente.
“La incorporación real de la política ambiental, de cambio climático, de desarrollo sostenible, en la política económica es un cambio muy importante. Me alienta. Pensé que podía ser un cambio en el discurso, pero vi que efectivamente Arbeleche incorporó estas cosas y estamos alineados hacia donde ir. No solo los públicos tienen que incorporar esta visión, también tienen que hacerlo los privados”, destaca Peña.
Ante movimientos e intereses contrarios, por ejemplo, a la carne vacuna, los productores uruguayos advierten que es un “gran desafío mejorar el manejo, la rotación de pasturas” y “hoy los productores ganaderos, el Instituto Nacional de Carnes, el Ministerio de Ganadería y la Asociación Rural del Uruguay están preocupados por este tema después de los últimos episodios en los que se ha cuestionado a la producción”, opinó Peña. Por eso, el apoyo del Ministerio de Economía le resulta clave.
En junio durante el evento dirigido al sector privado “Empresas hacia la carbono neutralidad”, Peña insistió en que trabaja con el Ministerio de Economía para que los objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático “estén dentro del análisis y la concepción de la política macroeconómica, la gestión y la planificación de las finanzas y las inversiones públicas, además de generar las condiciones que permitan captar inversiones y recursos para que Uruguay camine firme y sostenidamente hacia una economía baja en carbono”.
A fuerza de datos y tecnología
El funcionario insiste en la necesidad de posicionar a Uruguay como un país de producción sostenible a fuerza de datos y tecnología, plantarse con mayor evidencia para velar por el ambiente, medir agua, suelo y biodiversidad, y combatir problemas que afectan la calidad de agua, como las floraciones de cianobacterias. Para lograrlo, inició gestiones para tener una oficina que lo vincule con la academia e insiste en una mayor cercanía con los equipos de investigación.
En el ámbito internacional, y en el marco del Acuerdo de París, el nuevo mercado de bonos de carbono que de a poco va tomando forma y la participación de Uruguay en él depende, otra vez, de los datos.
“Hay un potencial atado a lo que logremos certificar y medir. Ahí Uruguay se juega mucho, y mi tarea es concientizar para que estos conceptos permeen en los tomadores de decisión públicos y privados”, cierra Peña.
Es necesario afinar las cifras.
“Hay que ver las emisiones, cuánto captura Uruguay, poder medir, demostrar. En esto está trabajando la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, el INIA, hay un Plan Agropecuario, una Mesa de Campo Natural, cada uno por su lado. Yo los quiero a todos acá, para ponerle sentido a los esfuerzos. En el ministerio de Ambiente tenemos esa responsabilidad de ordenar”, comentó el funcionario.
País renovable
Uruguay necesita un promedio de 1200 megavatios (MW) para abastecer sus necesidades energéticas. Y, por las madrugadas, usa unos 600MW. La mayor parte de los días del año pasado, su capacidad instalada de energía eólica (1500MW) y solar (200MW) superaron la demanda.
El mayor viraje hacia una matriz renovable en el país ya ocurrió hace una década y los cambios a futuro serán menores, según la Política Energética 2005-2030 que surgió de un acuerdo de todos los partidos políticos. En este sentido, Uruguay se atrevió a algo que muchos siguen cuestionando.
“Al mundo le preocupa saber si las renovables son complicadas de manejar. Sigue siendo una barrera en muchos países”, indica el ingeniero Rubén Chaer, al frente de la Gerencia Técnica y Despacho Nacional de Cargas de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) y docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar).
En 2020, Chaer comenzó a asesorar a países como República Dominicana en su plan de expansión de inversiones en energía y las herramientas a usar, y se encontró con estas preocupaciones que, entiende, ya casi se transformaron en mitos.
El ingeniero es un convencido de que, en el fondo, detrás de las posturas de “resistencia” a incorporar fuentes renovables hay “lobby de los generadores térmicos” en países como México y en islas del Caribe, entre otros.
No es un tema de precios , sostiene, con costos del megavatio/hora muy inferiores para la eólica frente a la térmica a los que es “casi imposible oponerse”. En su opinión, la postura está plagada de dudas infundadas, como que las renovables son demasiado variables para abastecer a un país por completo.
“Es posible”
La matriz energética uruguaya se compone en un 98% por fuentes renovables y sólo 2% de generación térmica. De las primeras, aproximadamente la mitad corresponde a hidráulica; la otra mitad se distribuye entre eólica, biomasa y solar, por orden de importancia.
Esto implica que ya no hay grandes centrales térmicas, sino cientos de aerogeneradores y paneles solares que se conectan a la red eléctrica en distintos puntos del país. Si se rompe un aerogenerador, no se desestabiliza el sistema: es sólo un punto más en toda la red. Si en los mediodías baja la eólica, sube la solar y lo inverso ocurre hacia la noche. La lista de beneficios de contar con múltiples fuentes renovables es larga.
Así, Uruguay demostró que “es posible”. Pero, el éxito en la gestión de estas fuentes distribuidas de generación tiene su base en la toma de buenas decisiones, que necesitaron de investigación y del desarrollo de herramientas que permitieron simular cómo funcionaría el sistema, plantea Chaer, quien ha estado involucrado en este tipo de estudios desde 2009.
Las herramientas desarrolladas (plataforma de Simulación de Sistemas de Energía Eléctrica, SimSEE) permiten tomar decisiones a tiempo, anticipar cambios y administrar la energía de Uruguay. SimSEE se desarrolló en el Instituto de Ingeniería Eléctrica (IIE) de la Facultad de Ingeniería de la Udelar, está en uso desde 2009 en la ADME, y en permanente desarrollo y mejora para acompasar las exigencias que el uso industrial impone.
Chaer mira la pantalla en el sitio web de la ADME y comenta: “Con 36 horas de anticipación, ya sabíamos que iba a bajar el viento y, mirá, terminó bajando. La posibilidad de ejercer control en forma automática sobre toda la generación, usando las redes de comunicación y considerando los pronósticos de generación eólica y solar en forma continua, permite una gestión óptima de todo el sistema».
«Es como un gran robot que mira los pronósticos y va tomando decisiones para compensar las variaciones que se avizoran. Con la inteligencia que hoy está instalada en el sistema, es posible. Un robot hoy mira, analiza y toma decisiones mucho más rápido que nosotros. Es capaz de mover, regular y controlar la red”, explica.
De esta forma, algo que “parecía un problema” (múltiples fuentes distribuidas en todo el país) se “transformó en oportunidad”, y Uruguay pasó a tener recursos que antes no tenía “en forma distribuida y controlable”, enfatiza.
El Tractorcito
El equipo de investigación que integra Chaer está terminando un trabajo al que llaman “el Tractorcito”, una pieza fundamental. Es algo así como “un robot que aprende en base a simulaciones”, compara el costo de cada decisión a tomar y sugiere la mejor opción, por ejemplo, sobre cuánta energía exportar y cuándo, cuenta el ingeniero.
Hoy, Uruguay tiene operando un robot al que llaman “Vates” y está todo el tiempo mirando hacia adelante, integrando pronósticos, reportando y publicando el despacho probabilístico de las siguientes horas. Es la suma de todos los proyectos de investigación anteriores.
“El robot actual está llegando a su límite en cuanto a la velocidad para los detalles que queremos agregar en la operación», precisa.
Y festeja Chaer: «El Tractorcito es el resultado del último proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, un robot con capacidad de aprendizaje para que se enfoque en usar el poder de cálculo en los aspectos más relevantes. Hoy, estamos testeando al Tractorcito y esperamos que en este segundo semestre de 2021 quede operativo”.
Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina, del que IPS forma parte.
RV: EG
