NACIONES UNIDAS – Cuando el Emirato Islámico de Afganistán reciba la eventualmente la bendición política de los otros 192 integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá que demostrar sus credenciales como miembro que cumple sus obligaciones en el organismo mundial.
Para ello, y para poder tomar asiento en el foro mundial, deberá adherir a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), como es obligación de todos los Estados miembros.
Pero, a juzgar por la represión de los derechos de las mujeres que los talibanes han llevado a cabo desde que asumieron el poder el 15 de agosto tras la retirada de las tropas de Estados Unidos, no han dado ninguna indicación de que vayan a abandonar su política de represión de las mujeres, a las que han restringido el acceso a las escuelas, las universidades y los lugares de trabajo.
El ingreso de los talibanes en la ONU dará, sin duda, legitimidad al único -o quizás uno de los pocos- Estado miembro gobernado por un grupo insurgente que en su día fue calificado como organización terrorista por Estados Unidos.
Sin embargo, queda una pregunta pendiente: ¿respetarán los talibanes, como Estado miembro, todos los tratados de la ONU y las convenciones internacionales que garantizan los derechos humanos y los derechos de las mujeres, firmados o ratificados por el anterior gobierno afgano, respaldado por Estados Unidos en los últimos 20 años?
“En lo que respecta a la aceptación y el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos -basándonos en lo que sabemos actualmente por las declaraciones públicas que han hecho, en contraposición a las prácticas sobre el terreno-, yo especularía con que podrían declarar su observación de los tratados de derechos humanos», afirma un antiguo alto funcionario de la ONU.
Lo harán, añadió este funcionario que pidió no dar su nombre y que sirvió en Afganistán durante el anterior régimen talibán, esgrimiendo las normas de la “sharia”, “que por supuesto no especificarán”.
Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de la ONU, aclaró a IPS: «Afganistán es un Estado miembro de la ONU, no los talibanes. Ser un Estado miembro de la ONU no implica que Afganistán sea parte de todos los tratados de la ONU. Solo de aquellos tratados en los que, como Estado, se ha convertido en parte”.
“El acto de convertirse en parte de un tratado es un acto consciente, bien considerado y deliberado de un Estado”, puntualizó.
Afganistán, como Estado, “seguirá estando obligado por los tratados en los que el Estado de Afganistán es parte”, explicó.
Determinó como especialista en el derecho multilateral que “cuando un Estado se convierte en parte de un convenio o tratado, el gobierno también queda obligado por él. Si Afganistán ya es parte de algún tratado de derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de los niños, el gobierno de Afganistán estará obligado a cumplirlo».
“Y no se puede eludir esta obligación”, declaró Kohona, quien también fue representante Permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas.
El articulo 2 de la DUDH, descrita como la Constitución universal de los derechos humanos, señala que «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».
Además, añade ese artículo, «no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía».
Durante su anterior periodo en el poder, el talibán fue descrito como un régimen opresivo que negaba algunas de las libertades civiles básicas a los afganos y proporcionaba un refugio seguro a los terroristas de todas las tendencias políticas, al tiempo que rechazaba la exigencia de la ONU y la comunidad internacional de nombrar un gabinete inclusivo con representación de las mujeres.
“Los que esperaban e instaban a la inclusión se verán decepcionados», dijo Deborah Lyons, representante especial de la ONU para Afganistán. “No hay mujeres en la lista» del gobierno talibán, destacó en septiembre.
Lyons también destacó como un hecho negativo para los derechos humanos que el nuevo gobierno talibán de Kabul «incluye muchas de las mismas figuras que formaron parte del liderazgo talibán de 1996 a 2001».
De los 33 nombramientos más relevantes, argumentó, muchos están en la lista de sancionados por la ONU, incluidos el primer ministro, dos viceprimeros ministros y el ministro de Asuntos Exteriores.
De hecho, los talibanes desmantelaron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo que es peor aún lo reemplazaron por el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que ya operó como una policía religiosa durante su régimen anterior, famosa por reprimir sin piedad a las mujeres que se dejaban ver en público sin familiares masculinos.
Kohona, por su parte, recordó que las actuales autoridades talibanes no están reconocidas por ningún otro Estado. En estas circunstancias, ¿podría considerarse que son el gobierno legítimo sucesor de las autoridades anteriores, que huyeron ante su entrada en Kabul?
A efectos prácticos, señaló, los talibanes parecen tener el control total, incluso del territorio de Afganistán y de su población.
El mandato de los talibanes se aplica en la mayor parte del país. Este es un elemento fundamental para el reconocimiento de un gobierno por parte de la comunidad internacional.
Los vecinos de Afganistán ya han iniciado el proceso de colaboración con las nuevas autoridades. Los informes sugieren que Afganistán ha sido invitado a unirse al Corredor Económico China-Pakistán, dijo Kohona.
“La ubicación estratégica de Afganistán y su reserva de minerales preciosos han tentado a muchos. Es de suponer que solo es cuestión de tiempo que las nuevas autoridades sean reconocidas por otros Estados importantes”, vaticinó.
Pero a su juicio, el reconocimiento de las nuevas autoridades de Kabul y los esfuerzos por presionarlas para que respeten las normas mundiales de derechos humanos también podrían abrir otra caja de Pandora.
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Las autoridades afganas también podrían dar la vuelta a la situación y pedir responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otras. “Las acusaciones abundan”, dijo.
Recordó Kohona que Australia ha reconocido públicamente y se ha disculpado por los atroces actos cometidos en Afganistán por sus Fuerzas Especiales. También se han hecho otras muchas acusaciones contra las tropas de otras fuerzas de ocupación.
En su intervención ante la Tercera Comisión de la ONU, el 4 de octubre, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield afirmó que la situación de los derechos humanos en Afganistán es «profundamente preocupante».
En sus primeras declaraciones tras asumir el poder, los talibanes aseguraron que construirán un orden político más inclusivo que respete los derechos de todas las personas. Sin embargo, sus primeras acciones han sido incoherentes con estos compromisos.
“Acogemos con satisfacción los esfuerzos de la ONU para supervisar e informar sobre la situación de los derechos humanos en el futuro. Juzgaremos a los talibanes por sus acciones, no por sus palabras”, declaró la embajadora estadounidense al respecto.
Entretanto, los talibanes, representados por el Emirato Islámico de Afganistán, nombraron en septiembre a su propio embajador, Suhail Shaheen, para sustituir al titular saliente, Ghulam Isaczai, mientras reclamaban sin éxito un turno de palabra en la sesión de alto nivel, que terminó el 25 de septiembre, y un puesto en la Asamblea General de la ONU.
Hasta ahora, ha fracasado en todos sus esfuerzos al respecto.
Quizá el más significativo sea su intento de conseguir un puesto en la ONU, que debe ser aprobado, en primer lugar, por el comité de credenciales de la ONU, compuesto por nueve miembros: Rusia, China, Estados Unidos, Suecia, Sudáfrica, Sierra Leona, Chile, Bután y Bahamas, y ratificado posteriormente por los 193 miembros de la Asamblea General.
Es una tarea difícil, pero es probable que se superen ambos obstáculos, tarde o temprano. De momento, se espera que el Comité de Credenciales se reúna en noviembre.
Preguntado por la situación de la adhesión de Afganistán, el presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, declaró a los periodistas que “la Asamblea General, como órgano universal, toma la decisión”.
“Por lo tanto, serán los 193 países los que decidan», subrayó, señalando que la Comisión de Credenciales revisará y presentará sus conclusiones y luego los 193 países miembros «tendrán la oportunidad de decidir».
“Esta ha sido la práctica anterior y se ha hecho muchas, muchas veces», abundó.
T: MF / ED: EG
