GINEBRA – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su conmoción y tristeza por el asesinato del defensor de los derechos humanos rohinyá Mohib Ullah, y reclamó una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva sobre su muerte.
“Es desgarrador que una persona que se pasó la vida luchando para que las violaciones cometidas contra el pueblo rohinyá fueran conocidas en todo el mundo haya sido asesinada de esta manera”, dijo Bachelet.
Mohib Ullah, presidente de la Sociedad Rohinyá Arakan para la Paz y los Derechos Humanos, fue asesinado a tiros el 29 de septiembre por asaltantes desconocidos en el campo de refugiados de Kutupalong – Cox’s Bazar, en el sur de Bangladesh.
Establecido en agosto de 2017, el campamento alberga actualmente a más de 750 000 rohinyá que huyeron de los asesinatos en masa, las violaciones y la persecución por parte del ejército y las fuerzas de seguridad de la vecina Myanmar.
Los rohinyás son una etnia minoritaria de Myanmar, país también conocido por su antiguo nombre de Birmania, y en su mayor parte son de confesión musulmana, por lo que han sufrido discriminación de parte de la mayoría budista birmana.
Durante años, Ullah recopiló metódicamente información sobre las violaciones de derechos humanos sufridas por los rohinyás en su estado natal de Rakhine (Arakan), en el noroeste de Myanmar, y trató de impulsar la acción internacional en su defensa.
En marzo de 2019, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza, Mohib Ullah expuso la discriminación por décadas contra su pueblo, privado de derechos a la nacionalidad, la tierra, la salud y la educación.
“Imagínese si no tiene identidad, etnia, ni país. Nadie te quiere. ¿Cómo te sentirías? Así es como nos sentimos como rohinyá”, expuso en esa ocasión.
Según dijeron algunos de sus familiares a medios bangladesíes, militantes de un grupo rohinyá extremista, molesto por la popularidad de Mohib Ullah entre los refugiados de los campamentos, serían los responsables del crimen.
Sin embargo, el grupo “Ejército de Salvación Arakan Rohinyá” desestimó la hipótesis y atribuyó el asesinato a “criminales no identificados”. La policía informó del arresto de un hombre de 28 años como sospechoso de cometer el crimen.
La oficina de Bachelet registró que la inseguridad “aumenta de forma alarmante en el campamento de Kutupalong – Cox’s Bazar, con una criminalidad creciente, tensiones entre grupos y duras medidas de seguridad durante las operaciones antidrogas”.
El sentimiento antirohinyá también persiste dentro de las comunidades de Bangladesh, donde permanecen más de 600 000 personas de esa etnia.
“Quienquiera que fuera responsable de su asesinato, la muerte de Mohib Ullah es un claro ejemplo de la inseguridad en el campamento, y debe llevarse a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente”, demandó Bachelet.
Saad Hammadi, activista de la organización humanitaria Amnistía Internacional en el sur de Asia, dijo que el crimen “tiene un efecto escalofriante para toda la comunidad, y las autoridades de Bangladesh deben acelerar la investigación de su asesinato y llevar a todos los sospechosos ante la justicia”.
Meenakshi Ganguly, director para Asia Meridional en la organización Human Rights Watch (HRW) también reclamó una investigación del crimen, el cual “es una cruda demostración de los riesgos que corren quienes en los campamentos defienden la libertad y luchan contra la violencia”.
“La muerte de Mohibullah socava no solo la lucha de los refugiados rohinyás por mayores derechos y protección en los campamentos, sino también sus esfuerzos por regresar de manera segura a sus hogares en Myanmar”, dijo Ganguly.
Bachelet consideró que “el asesinato de Mohib Ullah debería ser un llamado de atención a la comunidad internacional para que redoble su presión sobre Myanmar, para que reconozca a los rohinyá, acepte su regreso y busque la rendición de cuentas por los terribles crímenes cometidos contra ellos”.
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