LERMA / COYOTEPEC, México – En la comunidad indígena otomí de San Lorenzo Huitzizilapan, en el estado de México, contiguo a la capital del país, el trabajo colectivo ha sustentado el acceso al agua.
“Los servicios públicos provienen del trabajo colectivo. Lo que hemos hecho es, con base en el tequio (tarea obligatoria gratuita para beneficio de la comunidad), cooperaciones, trabajo colectivo. La comunidad siempre ha cuidado los bosques y el agua”, describe a IPS Aurora Allende, integrante del Sistema de Agua Potable del sector y grupo de trabajo Juan Ángel.
En San Lorenzo Huitzizilapan, habitada por unas 18 000 personas y perteneciente al municipio de Lerma –a unos 60 kilómetros al oeste de Ciudad de México–, operan unos 10 grupos autónomos (comunitarios) de gestión del agua, responsables del abastecimiento del recurso en sus sectores.
El primer sistema comunitario, fundado por 18 personas, surgió en 1960 para atender las necesidades locales. “El agua cae por gravedad y la entubamos. El agua corre por 200 escurrideros que vienen del cerro, y hay dos o tres pozos para las colonias (barrios) más pequeñas”, explica Allende, cuyo padre fundó el primer sistema autónomo en la comunidad y quien además de su labor comunitaria atiende su hogar.
El Sistema de Agua Potable atiende a unas 150 familias que pagan al mes unos dos dólares para el mantenimiento de las instalaciones.
Huitzizilapan, cuyo nombre significa “río de los colibríes” en náhuatl y que posee unas 4000 hectáreas de tierra, la mitad de bosques, forma parte de una franja de fábricas de agua que abastecen al Sistema Cutzamala, el conjunto de presas que suministra el recurso a tanto a la capital como al estado de México.
Los otomíes son uno de los 69 pueblos originarios de México, que suman unos 17 millones de personas, de una población total de 128 millones. En el estado de México viven más de 400 000 indígenas pertenecientes a cinco grupos.
A pesar de ser guardianes del patrimonio cultural y biológico de este país latinoamericano, padecen discriminación y pobreza. Casi 50 por ciento de las cabeceras de las cuencas hidrográficas mexicanas están ocupadas por pueblos indígenas y las regiones de mayor precipitación pluvial se ubican en sus territorios.
La Ley de Aguas Nacionales de 1992 no reconoce los derechos de los pobladores nativos y faculta a la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua) a conceder licencias de explotación hídrica en todo el territorio a quien las solicite. Desde 2012, México mantiene pendiente el aprobar una nueva ley para materializar la reforma constitucional que ese año incorporó el derecho humano al agua.
“No existen mecanismos jurídicos suficientes que garanticen la protección del agua como parte de su territorio indígena. Ni la Ley de Aguas ni la Constitución han regulado de manera adecuada el agua para los pueblos. Hay una batalla para que sean reconocidas esas formas de uso y cuidado”: Claudia Gómez.
Además, el recurso se enfrenta a los jinetes apocalípticos de los efectos de la crisis climática, como la sequía; la sobreexplotación y la contaminación.
Los pueblos originarios padecen vedas a nuevos aprovechamientos del agua, impuestas por Conagua con el argumento de falta del recurso. Hoy rigen al menos nueve de esas medidas en ocho de los 31 estados mexicanos y Ciudad de México, que funciona como otra entidad federal.
Las iniciativas autónomas se han convertido en un mecanismo de organización y defensa del recurso, a pesar de que la ley no los reconoce, si bien tampoco los prohíbe. Pero no hay una estimación de cuántos operan en el país ni un diagnóstico sobre sus condiciones.
Pero para Conagua y la estatal Comisión Federal de Electricidad, estos sistemas son una molestia, porque escapan a la jurisdicción de la primera y, para la segunda, la electricidad para operar pozos significa un medio de presión para promover la municipalización del servicio, por los costos que implican para los sistemas independientes.
Voracidad
El agua evidencia el trato para los grupos originarios, pues en esta nación Conagua ha entregado a particulares, empresas y ayuntamientos más de 29 000 concesiones de uso del recurso en sus territorios, por unos 35 000 millones de metros cúbicos.
En el sureño estado de Oaxaca, la dependencia ha dado más de 7000 autorizaciones hídricas, de las cuales 3450 atienden el servicio público urbano, 3153 al uso agrícola y el resto, a generación eléctrica, uso doméstico, pecuario, servicios y multiusos.
En el también sureño Chiapas hay unos 6870 permisos, de los cuales 6088 se destinan al uso público urbano, 428 al agrícola, 241 al pecuario, seis a generación eléctrica y el resto a la acuacultura, utilización doméstica y servicios.
En el central estado de Puebla operan más de 2000 concesiones, de las cuales 1574 son para uso público urbano, 275 agrícola y las demás para generación eléctrica, utilización doméstica, industrial, pecuaria, servicios y multiusos.
En el estado de México, que concentra la mayor población de los 31 del país, con 17 millones de habitantes, funcionan unos 400 permisos, de los cuales 268 están orientados al uso público urbano, 30 a acuacultura y el resto a uso doméstico y servicios.
“Lo único que quieren es nuestra agua y nuestro bosque. Hay proyectos de embotelladoras y de inmobiliarias en la parte alta. Preparan todo para llegar allí. Está la amenaza de la urbanización, tememos que toquen nuestro territorio”: Aurora Allende.
Frente a esa situación, el estado de las fuentes hídricas genera preocupación. Chiapas posee 15 acuíferos. La disponibilidad media total suma 2755 millones de metros cúbicos (m3), el volumen concesionado asciende a 696 millones y la recarga media anual, 13 461 millones de m3.
Una empresa agropecuaria de ese estado tiene una concesión superior al millón de m3 y nueve personas poseen 10 licencias individuales por 12,28 millones de m3.
En Oaxaca la situación es más crítica, pues de los 21 mantos cinco sufren reserva negativa, dado que la extracción supera a la recarga. La disponibilidad media totaliza 318 millones de m3, el volumen otorgado en concesión, 399 millones; y la recarga anual, 1346 millones de m3.
Dos empresas papeleras ostentan allí cuatro concesiones hídricas subterráneas por 1008 millones de m3, dos cerveceras tienen nueve concesiones hídricas por 19,16 millones de m3, un ingenio azucarero, tres por 3,91 millones y una empresa alimenticia, una por un millón de m3.
Puebla, por su parte, cuenta con seis acuíferos, de los cuales uno presenta disponibilidad negativa. La disponibilidad media asciende a casi 127 millones de m3, el volumen entregado, 986 millones y la recarga media, 298 millones de m3.
Tres corporaciones embotelladoras de agua manejan tres concesiones por 5,81 millones de m3, una planta de acero, dos por 2,58 y dos inmobiliarias, dos por 2,09 millones de m3.
En el estado de México hay nueve acuíferos, de los cuales siete exhiben disponibilidad negativa. La disponibilidad asciende a 8,756 millones de m3, el volumen concesionado, a 1419 millones y la recarga, a 1643 millones de m3.
En ese territorio, 25 personas tienen 32 concesiones por 43 millones de m3, de las cuales ocho son agrícolas, 23 para diferentes usos y una industrial.
Además, Conagua ha dado 32 concesiones a empresas que rebasan un millón de m3 cada una y de las cuales 18 son inmobiliarias, cinco papeleras, cinco inmobiliarias, una industria, e incluso un banco privado posee dos concesiones.
Luchas líquidas
El agua es una recurrente fuente de conflictos políticos, sociales y ambientales en este país con la segunda población y economía de América Latina y la tercera mayor superficie, como lo constatan informes de este mismo año.
México presenta un riesgo de estrés hídrico alto, solo superado en la región por Chile, según la plataforma Aqueduct, elaborada por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas y fundaciones. En 2021, el país padece una dura sequía que ha impactado severamente la agricultura, la ganadería y la disponibilidad del recurso en centros urbanos
El reporte de 2015 “Conflictos en pueblos y comunidades indígenas de México”, elaborado por el gubernamental Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y consultado por IPS, enumera 246 apremios por cuestiones agrarias, proyectos mineros y violación de derechos indígenas.
De ellos, 16 provienen de aspectos hídrico-hidráulicos, como construcción de termoeléctricas, acueductos y embalses hidroeléctricos.
Los estados de Puebla, Veracruz (sureste) y Sonora (noroeste) concentraban la mayoría de disputas.
El “Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México” de 2019, elaborado por un colectivo de organizaciones no gubernamentales, ofrece un panorama más detallado de las enfrentamientos por el líquido, pues relata 72 casos de violaciones al derecho al agua en 16 estados.
El sureño estado de Chiapas concentra 20 casos de contravenciones y el estado de México, 14. Les siguen Ciudad de México, Puebla y Veracruz, con seis expedientes cada uno.
El municipio de Coyotepec, también en el estado de México, ilustra como pocos la lucha por el agua.
En junio de 2013, el gobierno municipal intentó sin éxito asumir el control del servicio hídrico, rechazado por la población y a cargo de la autónoma Administración de Agua Potable de Coyotepec (AAPCOY), fundada en 1963 para dotar del recurso a la localidad de unos 41 000 habitantes.
En marzo de 2014, los administradores del sistema sufrieron varios ataques. En septiembre de 2015 un grupo de ciudadanos ganó las elecciones y asumió la administración del sistema y casi un año después otro lo destronó, con la venia municipal, sin que hasta ahora haya renovación del liderazgo, en violación a los estatutos internos que estipulan un periodo de tres años.
En mayo de 2016, los vecinos impidieron una consulta municipal por considerarla amañada y destinada a aprobar el traslado del agua a proyectos inmobiliarios cercanos.
Para Sergio Velázquez, el depuesto presidente de AAPCOY, la disputa muestra la magnitud del problema.
“El conflicto persiste. El gobierno estatal vio que le ganábamos la partida y nos quitó por la fuerza. Nos oponemos a la municipalización, porque es la puerta a la privatización del servicio. Quieren apoderarse de nuestra agua”, dijo a IPS este contable jubilado, miembro del Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec.
En Coyotepec, que significa “lugar de coyotes” en náhuatl, situado a unos 40 kilómetros al norte de Ciudad de México, AAPCOY atiende a unos 12 000 miembros, que deben pagar unos 2,5 dólares mensuales, y se complementa con otros dos sistemas hídricos. Por su parte, Conagua administra 11 pozos y una planta de bombeo.
En San Lorenzo Huitzizilapan, Coyotepec y otras localidades de mayoritaria población indígena hubo violación a derechos a la disponibilidad de agua, a la accesibilidad física y económica, a la calidad del recurso, así como al acceso a la información y la participación, a la rendición de cuentas y a la justicia, según organizaciones defensoras del derecho al recurso.
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Ante esa situación, los pueblos originarios han recurrido a amparos legales que denuncian el incumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que reconocen el territorio y la garantía del derecho al agua.
Claudia Gómez, integrante del no gubernamental Colectivo de Abogados, y Wilfrido Gómez, coordinador de Social Data Ibero, de la privada Universidad Iberoamericana, coinciden en que el origen del problema es legal.
“No existen mecanismos jurídicos suficientes que garanticen la protección del agua como parte de su territorio indígena. Ni la Ley de Aguas ni la Constitución han regulado de manera adecuada el agua para los pueblos. Hay una batalla para que sean reconocidas esas formas de uso y cuidado”, señaló a IPS la jurista Claudia Gómez.
La entrega de las concesiones procede sin procesos de consulta libre, previa a esa cesión y con la información adecuada ni compensación por el uso de agua, lo que “genera conflictos, que en los últimos años se han incrementado y que ha llevado a muchos pueblos a levantar juicios, demandas, procesos de consulta para exigir derechos”, según la abogada.
El investigador Gómez, sin relación con la abogada, indica que “si hay disponibilidad (de agua) y si cumplen requisitos legales, dan las concesiones (a las empresas), pero para las comunidades se complica más. Quien acapara es quien tiene dinero para maniobrar esas solicitudes. Una implicancia es el despojo generalizado de tierra y agua, que van juntos”.
Ante los efectos de la pandemia de covid-19 y la urgencia de contar con agua potable, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas urgió a los gobiernos en su reporte de 2020 “Pueblos indígenas y la pandemia del covid-19: consideraciones” a mejorar el acceso y la gestión del recurso y el saneamiento.
En particular demandó esa mejora para los pueblos indígenas que viven en comunidades remotas, y que debería incluir “las prácticas indígenas pertinentes, como la ordenación de las cuencas hidrográficas”.
A pesar de la situación, el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 de México no menciona el agua ni una sola vez.
Entre los riesgos y las promesas
La solución parece recaer en una nueva ley hídrica, que está detenida en la Cámara de Diputados, que ha recibido al menos seis iniciativas, entre ellas la primera del país elaborada por organizaciones de defensa del derecho humano al agua, pueblos indígenas, productores agrícolas y académicos.
Luego de siete años de foros y talleres, la iniciativa ciudadana se construyó sobre 12 consensos.
Entre ellos: respetar el líquido de pueblos y comunidades; prohibir la entrega de agua para minería tóxica y fractura hidráulica (fracking); acabar con el acaparamiento de concesiones; evitar la privatización de servicios hídricos; garantizar pleno acceso a la información y recursos públicos suficientes para el ramo.
En San Lorenzo Huitzizilapan viven atentos al destino del bosque y el agua debido a antecedentes recientes. En 2016 las autoridades comunitarias y municipales trataron de cambiar el régimen comunitario, con lo cual los servicios públicos pasarían al ayuntamiento, pero la población lo frenó.
En 2018, Conagua y las autoridades locales intentaron excavar un pozo en la parte alta del bosque, con la pretensión de dotar de más líquido a la comunidad, pero en realidad era para alimentar al Sistema Cutzamala, obra detenida por un amparo ante la justicia y que podría ser taponado o pasar a control del sistema autónomo.
Para la construcción de la autopista entre Toluca, la capital del estado de México, y el municipio de Naucalpan, a lo largo de 39 kilómetros, las autoridades expropiaron siete hectáreas a San Lorenzo Huitzizilapan, que solicitó la reversión de esa decisión en 2019, sin que hasta ahora haya respuesta.
“Lo único que quieren es nuestra agua y nuestro bosque. Hay proyectos de embotelladoras y de inmobiliarias en la parte alta. Preparan todo para llegar allí. Está la amenaza de la urbanización, tememos que toquen nuestro territorio”, expresó Allende.
Ella denuncia que no reciben “recompensa por cuidar” el bosque y el agua y lamenta que la gente “no sabe que somos sus guardianes”.
Claudia Gómez y Wilfrido Gómez abogan por la aprobación de la iniciativa ciudadana.
“Consideramos que es necesaria la aprobación de una nueva ley que reconozca los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales. Debería haber políticas de conservación y cuidado, para que no falte agua en otras regiones. Los pueblos no reciben información correcta. Por eso, pedimos planes regionales consensuados y eso se logra mediante planeaciones por región o cuenca, y así se seleccionan prioridades”, plantea la abogada.
El académico Gómez subraya que la iniciativa ciudadana da herramientas para controlar las concesiones. “Va a llegar un momento muy pronto en que no habrá acceso al agua y no habrá garantías para el derecho a ese recurso. Hoy, Conagua no tiene herramientas legales para denegar o retirar concesiones”, explica.
En Coyotepec, la solución radica en la convocatoria a elecciones para dirigir AAPCOY y “sacar a los usurpadores”, en palabras de Velázquez, aunque también es necesario que los beneficiarios paguen puntualmente el servicio, uno de los defectos del sistema.
“Así podemos volver a una gestión representativa que garantice el derecho al agua”, señala el activista.
El acuífero de la zona sufre disponibilidad negativa, pues se extrae más de la recarga.
El proyecto para este reportaje fue ganador de las Becas de Investigación Periodística sobre gestión comunitaria del agua en México, una iniciativa de Fundación Avina, Cántaro Azul y Fondo para la Paz. Pero este contenido resultante es exclusivamente responsabilidad de IPS.
ED: EG
